Brasil: investigan el financiamiento de las protestas
El juez Alexandre de Moraes de la Corte Suprema de Brasil ordenó al Blanco Central congelar 43 cuentas bancarias sospechosas de haber financiado bloqueos de tránsito y manifestaciones. Estas se llevaron a cabo luego de que el Tribunal Supremo Electoral confirmara la victoria de Lula Da Silva frente a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El magistrado pidió a la Policía Federal identificar a incitadores de las protestas que calificó de ilícitas, y le dio un plazo de diez días para tomarles declaración.
Hubo cortes de rutas en varios puntos del país y se expresaron consignas de intervención militar. Pasados los primeros días, Bolsonaro dio un discurso en el que les pidió que liberaran las autopistas, mientras que Lula reprochó a los manifestantes por no reconocer el resultado electoral.
"La Corte Suprema decidió investigar dos ejes. Primero, congelar 43 cuentas de empresarios que habían apoyado la campaña de Bolsonaro; según la investigación, habrían financiado las protestas. El segundo tiene que ver con los participantes de las protestas, sobre todo los que están en la puerta de los cuarteles pidiendo golpe militar", explicó a IP Noticias el periodista Eduardo Martínez.
Investigan el apoyo económico a las protestas
En su dictamen judicial, De Moraes argumenta que los integrantes de las protestas están haciendo un "abuso reiterado del derecho a reunión", utilizándolo además de forma "ilícita" y "criminal".
También asegura que, según información recabada por la Policía de Carretaras de Brasil, varios empresarios "estarían financiando los actos antidemocráticos que están siendo analizados", por lo que pidió congelar las 43 cuentas de personas físicas y jurídicas.
Dicho apoyo económico estaría destinado a servicios de manutención y hospedaje, o del suministro de vehículos. El desplazamiento coordinado de camiones a los alrededores de las instalaciones del Ejército en Brasilia, resalta el supremo, puede ser constitutivo de delito en tanto incluye "peticiones de una intervención federal" con el fin de romper el orden constitucional.
