En la madrugada del 17 de febrero de 1994, Fructuoso Álvarez González incendió intencionalmente la vivienda de la familia de Matías Bagnato, provocando la muerte de sus padres, José Bagnato y Alicia Plaza; sus hermanos Fernando y Alejandro, y Nicolás Borda, un amigo del más chico que esa noche se había quedado a dormir.
En el video, el testimonio de Matías, único sobreviviente de la masacre de Flores.
Cronología del caso
En 1995, Álvarez González fue condenado a la pena de prisión perpetua. Sin embargo, en 2004 fue extraditado a España para cumplir su condena allí, ya que es ciudadano de ese país.
En 2008, tribunales españoles resolvieron convertir la condena a 20 años de reclusión tras anotar mal la fecha del crimen, por lo que el autor de la masacre quedó en libertad. Semanas después regresó a Buenos Aires.
Una noche, a las 3:30 de la madrugada, llamó por teléfono al único integrante vivo de la familia y lo amenazó de muerte. En 2011, luego de notar las irregularidades en su liberación, la Justicia argentina ordenó recapturar a Álvarez González.
Finalmente, tras rechazar varios pedidos de extradición y excarcelación por parte de su defensa, la Cámara de Casación ordenó en junio 2022 que el condenado continúe preso pese a haberse cumplido el tiempo establecido por la condena inicial. Falleció el 30 de abril de 2023.
Ley de Víctimas
La Ley 27.372, conocida como Ley de Víctimas, reglamenta una serie derechos para víctimas de delitos, como ser asesoradas, acceder a la información sobre las causas judiciales, recibir protección y ser escuchadas durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la pena, entre otros.
Esto permite, por ejemplo, que los familiares de víctimas de crímenes como el de la familia Bagnato, Báez Sosa o el de Lucio Dupuy no tengan que constituirse en querellantes para poder participar de un proceso judicial.
"Es sumamente importante que nos permitan, en los juicios orales, poder hablarle a un tribunal y a lo largo de todo el proceso, que no es un dato menor, también uno tiene el derecho a ser informado, a que te informen antes de que se otorgue un beneficio o algún cambio en la condena", rescató Matías al respecto.
Asimismo, ordena a los organismos del Estado a coordinar las acciones para garantizar esos derechos, pero también para cumplir la reparación de los que fueron vulnerados. Por otra parte, establece la actuación de la Justicia en términos de enfoque diferencial y no revictimización, entre otros criterios.
