A un año del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la querella a cargo de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal pidió a la Justicia llevar adelante nuevas medidas de prueba.
Se trata de otro reclamo para ligar diferentes puntos de investigación sobre el intento de magnicidio, dado que hasta ahora ninguno de los tribunales a cargo de las causas aceptó unificar la trama de responsabilidades penales del caso.
Un año de dudas y reclamos
Fernández de Kirchner es querellante en la causa del atentado desde el 13 de septiembre de 2022. Para entonces, ya se había probado que los autores materiales del atentado habían actuado con premeditación y en base a una planificación.
También se había registrado el primer inconveniente para la investigación: luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti ordenara el secuestro del teléfono de Sabag Montiel, el dispositivo quedó bloqueado. De todas maneras, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) logró conseguir un acceso parcial a principios de octubre.
La primera aparición pública de la Vicepresidenta tras el hecho fue el 15 de septiembre. "Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen", expresó, y aseguró que "lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983", en referencia a la recuperación de la democracia.
Dos semanas después, en el cierre de su defensa en la causa Vialidad, la exmandataria advirtió sobre las conexiones políticas de los autores, y pidió profundizar en la búsqueda de la autoría intelectual del atentado.
En noviembre, la querella pidió el apartamiento de la jueza Capuchetti denunciando irregularidades y demoras en la investigación. Y luego, en enero de 2023, apuntó al rol de la magistrada en un organismo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
En mayo de 2023, la jueza y el fiscal Carlos Rívolo dieron por concluida la etapa de instrucción con Sabag Montiel, Brenda Uliarte y sus colaboradores como únicos imputados.
"Me quieren presa o muerta", denunció la expresidenta en un escrito donde denunció la omisión de los funcionarios judiciales respecto de otras líneas de investigación.
"Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos (...) Rívolo menciona las pruebas producidas en relación con la línea Millman, pero no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa", advirtió Fernández de Kirchner.
Causas paralelas
En junio de 2023, la jueza Capuchetti dispuso, pese a la oposición de la querella, elevar la causa del atentado a juicio oral. Con esta decisión dejó fuera del proceso los avances en la investigación de la agrupación Revolución Federal (RF) y del diputado del PRO Gerardo Milman.
El caso de la agrupación se tramita en una causa judicial separada, a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La indagación de comunicaciones de Morel, fundador de RF evidenció contactos con Uliarte y permitió dar con Lidia Margarita Casciano, quien había ofrecido un arma para el atentado y guardaba imágenes de documentación de Sabag Montiel.
Por otra parte, la "pista Milman" forma parte del expediente a cargo de Capuchetti. El testimonio de una asesora del diputado indica que habría ordenado eliminar el contenido de su celular y el de ella. Esto a raíz de la declaración de un testigo que lo habría escuchado decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa".
Días antes de cumplirse un año del intento de magnicidio, la defensa de la expresidenta pidió que se investigue a la panelista televisiva y activista Delfina Wagner, actual inquilina de la vecina de Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, Ximena Tezanos Pintos.
Según señala la presentación, Wagner podría ser el nexo entre la banda detenida por el ataque del 1 de septiembre, la organización Revolución Federal y el círculo del diputado del PRO Gerardo Milman.
