El Ministerio de Seguridad presenta el "protocolo para mantener el orden público"
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará medidas destinadas a "el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación". Así lo anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria desde la Casa Rosada.
Según adelantó el vocero, el "protocolo" fue elaborado "por instrucción del presidente, Javier Milei, y contemplando el concepto de 'dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada'".
Asimismo, detalló que la ordenanza contemplará "sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos, que alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia".
La comunicación oficial tuvo lugar luego del llamado a la movilización difundido por la organización Unidad Piquetera (UP). Según informó el frente conducido por Eduardo Belliboni, se trata de un "paro activo" en la Plaza de Mayo, como respuesta a los anuncios del ministro de Economía, Nicolás Caputo.
La movilización se realizará el el 20 de diciembre, con la participación "del movimiento obrero, sindicatos docentes y la Unión Ferroviaria", según se detalló desde la UP.
El antecedente del "protocolo antipiquetes"
En 2016, durante su gestión de la misma cartera en el gobierno del expresidente Mauricio Macri, Bullrich impulsó un protocolo conocido como "antipiquetes" con el objetivo de evitar los cortes de tránsito en la vía pública.
En esa ocasión, el "Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas" apuntaba a "ordenar la circulación ante cortes de calles y rutas llevados a cabo por manifestantes".
En concreto, la política consistía en limitar a "5 o 10 minutos" el tiempo para desalojar los caminos afectados por las protestas; de exceder ese tiempo, los presentes serían removidos por las fuerzas de seguridad y, eventualmente, detenidos.
La iniciativa de Bullrich fue extendida a los representantes de las provincias agrupados en el Consejo de Seguridad Interior nacional. Sin embargo, no se tradujo en una resolución que se publicara en el Boletín Oficial.
En ese marco, el protocolo fue cuestionado por organizaciones políticas y sociales, bajo la perspectiva de que daba lugar a la criminalización de la protesta, que está garantizada como derecho por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apuntó que el lineamiento de Seguridad limitaba "de manera inconstitucional el derecho a la protesta", a la vez que ampliaba "las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social".
Entre otras críticas, el CELS advirtió que la decisión afectaba al trabajo periodístico y la libertad de expresión. Este reclamo sostenía que el protocolo facultaba a las fuerzas policiales para indicar a los trabajadores de prensa dónde debían situarse para cubrir las manifestaciones con el fin de que "no interfieran con el procedimiento de seguridad".
