En medio de las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída en 2018, dirigentes sociales y políticos presentaron una medida cautelar para frenar el pago. Jonatan Baldivieso, es abogado, titular del Observatorio del Derecho de la Ciudad y uno de los firmantes. “Se trata de una deuda que el pueblo argentino no autorizó directamente ni a través de sus representantes”, declaró.
Según el letrado, la negociación que está encarando el actual Gobierno “se vería fortalecida si se presenta con otros niveles”. Sobre este punto, explicó que “no es lo mismo discutir una deuda legítima que a sabiendas de que hubo, prácticamente, una asociación ilícita en la que se tomaron 44 mil millones de dólares que no fueron utilizados para garantizar derechos, sino para concentrar la riqueza del país”.
Baldiviezo aseguró que “ninguna autoridad electa autorizó esta deuda. No intervino el Congreso y no hay ni siquiera una firma del expresidente Mauricio Macri que la avale”.
La solicitud fue presentada junto al director del Banco Nación, Claudio Lozano y referentes de la militancia por los Derechos Humanos como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.
La postura del FMI
El miércoles 22 de diciembre, el Fondo Monetario Internacional publicó un comunicado en el que reconoció que "el programa no cumplió con sus objetivos de restaurar la confianza del mercado, ni la reducción de los desbalances exteriores y fiscales, la reducción de la inflación, y la protección de los segmentos más vulnerables de la población".
Por su parte Jonatan Baldiviezo respondió que existe una corresponsabilidad por parte del FMI, ya que “en el informe se hizo un análisis de la gestión pero no de su responsabilidad, que es haber dado un préstamo mayor al que correspondía por sus estatutos, haber prestado dólares en un contexto de fuga de capitales sistémica y haberlo hecho sabiendo que las personas con las que estaba negociando no tenían ninguna autorización del Congreso ni del Presidente”.
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