Piden la nulidad de una sociedad por "alquilar" cautelares para importaciones
La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó la nulidad de la sociedad titular de una empresa que traficó medidas cautelares para realizar importaciones. El organismo a cargo de Ricardo Nissen denunció ante la justicia comercial a la firma "Yoko S.A.", por haber "cedido" la medida cautelar que obtuvo del Juzgado Federal Contencioso Administrativo 8, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negri.
La compañía acusada, sin domicilio legal confirmable y sin estados contables presentados desde 2013, había obtenido el permiso judicial para poder importar mercadería sin cumplir con la normativa que la Dirección General de Aduanas instruye bajo el procedimiento de "Sistema Integral de Monitereo de Importaciones" (SIMI).
Según la IGJ, la medida cautelar fue transferida para su uso y beneficio a "Tropea S.A.", cuyos cuyos estados contables "carecen de toda credibilidad", de acuerdo con los auditores de la Inspección.
Por estas irregularidades, Nissen solicitó a la oficina judicial de la IGJ denunciar a los directivos de "Yoko S.A.", Marcelo Portnoy y Silvina Cabuli, para que se anule la sociedad por presuntas actividades ilícitas.
La Dirección General de Aduanas (DGA) había denunciado la maniobra ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionara el supuesto ilícito entre las empresas.
De qué se trata la maniobra
Las empresas obtienen la autorización judicial cuando un juzgado valida el reclamo por una excepción determinada al procedimiento fiscal para importar bienes con las denominadas licencias no automáticas.
En concreto, la resolución de un tribunal puede ordenar que AFIP libere las mercaderías para habilitar la importación sin el trámite. La misma resolución también obliga al Banco Central a otorgar dólares a la empresa para el pago a valor oficial.
"La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado", señaló el director general de Aduanas, Guillermo Michel, luego de que el hecho trascendiera.
El caso que destapó la irregularidad
De acuerdo con la denuncia presentada por la DGA en julio, la firma Yoko obtuvo medidas cautelares para importar mercadería salteándose el requisito de validar la declaración del SIMI.
Luego de que la Justicia le concediera tres prórrogas para ampliar la cantidad de operaciones y el monto en dólares cedidos por el BCRA, la empresa "cedió" la autorización a la firma Tropea, dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia. De este modo, Tropea podría valerse de la medida judicial y así importar carteras fabricadas en China sin SIMI aprobada.
En el escrito, la DGA denunció que Yoko no utilizó la cautelar en los términos que la obtuvo. En su lugar, sostuvo, la empresa elaboró un "contrato de autorización" para comercializar la marca Tropea solo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022. Ese período era en el que la mercadería debía ser nacionalizada con el SIMI preautorizado por Yoko.
Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó los bienes importados antes de que ingresaran al mercado. También notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado, que habría sido cercano a los 200 mil dólares.
Además, acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal. Al presentar la denuncia en el fuero Contencioso Administrativo Federal, la DGA reclamó al juez Otheguy que se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la Justicia en lo Penal Económico.
Es que al tratarse de una presunta estafa procesal en el marco de una importación, corresponde su tratamiento en el marco de la Justicia Federal.
Qué es el SIMI
Según define la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el SIMI es "un instrumento que facilita el intercambio de información con los organismos externos que participan en el desaduanamiento de las mercaderías y adhieran a la Ventanilla Única de comercio Exterior Argentino (Vucea)".
El organismo fiscal creó la herramienta para "hacer sencillo, ágil y transparente el procedimiento administrativo necesario para monitorear las importaciones y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad básicas de los productos importados".
