Los recientes descubrimientos de la implicación de la gestión de Mauricio Macri en el golpe de Estado en Bolivia están sacudiendo a la comunidad latinoamericana. La publicación de la carta del 2019 por parte del General Jorge Gonzalo Terceros Lara hacia el Embajador argentino Normando Álvarez García detalló el "material bélico" enviado para derrocar a Evo Morales y poner en el poder a Jeanine Áñez. Somos PM dialogó con Nadia Alejandra Cruz Tarifa, representante interina de la Defensoría del Pueblo Boliviano, sobre cómo se analizan estas pruebas.
"Lo que caracterizaba el gobierno de Jeanine Áñez era la irregularidad, la falta de transparencia y lo que siempre denunciamos es que su gobierno se sostuvo a partir de una política de miedo y terror, un terrorismo de estado dentro del estado boliviano. Sustentó su fraude y legitimidad en una forma de pacificación que básicamente eran las masacres de población civil", explicó la representante de la Defensoría.
Además, Cruz Tarifa declaró no estar sorprendida por las declaraciones de la expresidente de facto Jeanine Áñez, ya que catalogó que su comportamiento es un "intento de ponerse una careta de religiosidad, de fe, de un ámbito religioso para de alguna forma cubrir todas las canalladas que hizo". La titular remarcó que Áñez era consciente del armamento que cargaban las fuerzas armadas ya que habría firmado un decreto que "le daba impunidad a las Fuerzas Armadas horas antes que se ejecute la primera masacre".
¿Qué pasará con los países que intervinieron?
La Defensora corroboró que Bolivia está buscando denunciar a todos aquellos diplomáticos y autoridades que colaboraron con el gobierno de Jeanine Áñez y la represión que conllevó a la muerte de 38 personas, 833 heridos y más de 1504 detenidos. "Estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de graves violaciones a los Derechos Humanos, más allá del grado de autoridad o el lugar hayan tenido las personas que intervinieron", afirmó.
