Incendios en Corrientes: habló el ministro de Ambiente Juan Cabandié
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, expuso en el Senado sobre las acciones que lleva adelante la cartera que conduce para combatir los incendios forestales en Corrientes que ya arrasaron con más del 9% del territorio provincial. El funcionario fue citado por los bloques de la oposición y, al inició su presentación, remarcó que la situación crítica permite "esclarecer cómo aborda el Estado los focos ígneos y también reflexionar sobre la necesidad de generar cambios para mejorar los mecanismos".
"Tenemos la obligación de apagar el fuego, pero la Justicia tiene que reprender estos hechos. No tenemos competencia para sancionar; nosotros apagamos y vuelven a prenderlo” lamentó, y ejemplificó con los incendios que meses atrás azotaron al Delta del Paraná: "En ese caso la justicia nunca descubrió a una persona responsable de los incendios".
En esta línea, Cabandié resaltó que "el 95% de los incendios son por acción humana, en su mayoría por intencionalidad y en menor medida por imprudencia” e informó que se iniciaron más de 70 causas para investigar el origen del fuego, de las cuales Ambiente es querellante en todas.
En cuanto a la asignación de recursos, el ministro cuestionó: "Si fuese por acumulación de recursos, Canadá y Australia no tendrían incendios. Tenemos que desmitificar esto". En tanto señaló que "no hay presupuesto para 2022. Por lo tanto, inicialmente, tenemos el mismo que el 2021".
Los diputados de la Coalición Cívica pidieron derogar la Ley 27.604, sancionada en 2020 y modificatoria de la Ley N 26.815 de Manejo de Fuego. Sobre esto, Cabandié consideró que "pasar a la órbita de Ambiente al Plan nacional de Manejo del Fuego no es malo" y que el verdadero problema radica en la falta de "herramientas judiciales para sancionar a las personas que intencionalmente generan los incendios".
Ley de Humedales
El ministro de Ambiente volvió a pedir que tanto el Senado como la Cámara de Diputados traten la Ley de Humedales: "Es necesaria para el ecosistema y para dar sustentabilidad ambiental". "Queremos que el proyecto de humedales esté en la próxima sesión extraordinaria" pidió.
Denuncia penal contra Cabandié
El grupo de abogados "Republicanos Unidos" de la ciudad de Buenos Aires denunció penalmente al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, por presuntos delitos de “estrago por destrucción y abuso de autoridad” ante la acción de la cartera que conduce en medio de los incendios forestales en Corrientes.
Según los letrados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y Paulo Vitaver, el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, solicitó formalmente asistencia al Ministerio de Ambiente de la Nación en febrero de 2021 y este nunca respondió. "Anselmo solicitó a Ambiente que la Nación envía a su provincia cuatro aviones hidrantes. Según consta en el expediente interno, el Gobierno nacional no respondió nunca a ese pedido", aseguran en la denuncia.
"El texto, que consta como recibido por el organismo nacional, señalaba que podrían desatarse incendios debido al déficit hídrico, sumando a las altas temperaturas y períodos ventosos. En otros documentos consta que, hasta la llegada al poder del Frente de Todos (FdT), la provincia de Corrientes tenía bajo su potestad cuatro aviones hidrantes, que la nueva gestión retiró para usar en otros destinos", agregan.
Los abogados de Republicanos Unidos contradijeron a Cabandié: "Si bien declaró que el pedido de la provincia empezó el 5 de febrero, el 13 de enero Anselmo mantuvo una reunión presencial con la jefa de Gabinete de Ambiente, María Soledad Cantero, en la que se planteó la necesidad de contar con equipamiento específico para el combate de los incendios".
En la denuncia formulada también se detalla la presentación contra "el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y/o contra quienes resulten penalmente responsables de la posible infracción a las previsiones de los artículos 188 y 248 del Código Penal". El primer artículo contempla que “será reprimido con prisión de uno a seis años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que éstos se produzcan”.
En tanto el segundo detalla que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
