El Gobierno porteño a la Justicia por los datos biométricos
El juez Roberto Gallardo intimó al ministro de Seguridad y Justicia del GCBA, Marcelo D´Alessandro, para que explique en qué se utilizaron los datos biométricos del presidente Alberto Fernández y unas 60 personas más. La orden judicial tiene un plazo de cumplimiento de 48 horas y solicita que el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño detalle el objetivo de la migración de estos datos, provenientes del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°2 remarcó la medida "para que en el plazo de dos días, explique pormenorizadamente con un informe de trazabilidad respecto a las personas enunciadas -en los días y horarios expuestos-, cuál fue la causa originante de la extracción y el uso que se le ha dado al dato biométrico requerido al ReNaPer por el Ministerio a su cargo".
Los detalles de la resolución
El magistrado pidió a D´Alessandro que aclare con qué fin se recopilaron de los datos biométricos de personalidades como el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la jefa del PRO, Patricia Bullrich; la cofundadora de Juntos por el Cambio Elisa Carrió y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros.
En el listado también se registraron los datos de funcionarios del Poder Judicial, sindicalistas, empresarios, periodistas y legisladores. La resolución de Gallardo se dio en el marco de las críticas de D´Alessandro al magistrado, que ya había suspendido el sistema de reconocimiento facial de CABA debido a irregularidades en su utilización. Es que, según pretende constatar el juez porteño, el sistema de monitoreo de Seguridad del gobierno se ha utilizado para acceder a información de personas que no estaban siendo buscadas, cuando la detección de prófugos es la función real la herramienta.
Los datos de Arshak Karhanyan, el policía desaparecido
Entre el listado del registro sospechado de uso ilegal se encuentran datos biométricos de Arshak Karhanyan, el agente de la Policía de la Ciudad que fue visto por última vez el 24 de febrero de 2019, cuando tenía 27 años. El abogado de su familia, Juan Kassargian, señaló este jueves que la presencia de información del policía porteño en el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno implica "tareas realizadas fuera del ámbito judicial" y advirtió que "no hubo ninguna orden del fiscal que ordenara esta medida".
Desde que inició la investigación del paradero de Arshak, sus familiares y la defensa han denunciado reiteradas irregularidades en la causa judicial. El reclamo puntual más relevante es que la propia Policía de la Ciudad tiene a su cargo la investigación y realización de peritajes. En ese sentido, Kassargian ha señalado que "hubo funcionarios de la policía de la ciudad y funcionarios del gobierno de la ciudad que hicieron todo para encubrir las irregularidades que cumplió la policía".
¿Cómo funcionan los datos en CABA?
Los datos biométricos refieren a un conjunto de identificaciones únicas de cada persona, como la firma, foto, huella dactilar y Documento de Identidad. La digitalización de estos datos implica una mayor celeridad en trámites públicos y la identificación de personas con mayor precisión. En la Ciudad de Buenos Aires, estos datos se utilizan desde la cartera de Seguridad, en situaciones que requieren la identidad de algún ciudadano en particular. El sistema fue instalado en abril de 2019, con el Reconocimiento Facial en distintas calles y estaciones de subte. El mismo cuenta con 300 cámaras de vigilancia que detectan rostros con alta efectividad, a partir de los datos que el sistema tiene de ellos. En la actualidad, el sistema identifica delincuentes prófugos con una base de datos otorgada por el organismo de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC).
