Causa Vialidad: el fiscal pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner

El fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En pedido de pena fue este 22 de agosto, en el alegato final del juicio oral por la Causa Vialidad, que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Al finalizar sus alegatos, Luciani acusó a Cristina Fernández de ser la "jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Además, justificó su pedido en "la magnitud de los delitos cometidos, los medios empleados y la extensión en el tiempo de daños".

"Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia, ustedes tienen la decisión", remarcó el fiscal antes de pedir los 12 años de prisión. 

Otras condenas

Luciana también pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez; 10 de prisión para Julio De Vido; 10 años de prisión para José López; 10 años de prisión para Nelson Periotti; seis años de prisión para Mauricio Collareda; seis años de prisión para Juan Carlos Villafañe; cinco años de prisión para Raúl Osvaldo Daurich.

Además, solicitó cinco años de prisión para Raúl Pavesi por el delito de administración fraudulenta; cuatro años de prisión para Claudio Abel Fatala por el delito de administración fraudulenta; cuatro años de prisión para Raúl Santibañes por administración fraudulenta y tres años de prisión en suspenso y que fije residencia para Héctor Garro.

Cristina Kirchner pidió ampliar su declaración

La vicepresidenta Cristina Fernández pidió a su abogado que solicite la ampliación de su declaración indagatoria en el juicio por la causa Vialidad. Así lo informó en sus redes sociales apenas iniciada la última audiencia de alegatos. Está acusada de haber liderado una asociación ilícita que direccionaba obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", expresó la expresidenta en su cuenta de Twitter.

De este modo, la titular del Senado repudió la última actuación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 que decide en la causa. 

La novena audiencia del alegato acusador en la comenzó pasadas las 8:30 del lunes 22 de agosto en los tribunales de Comodoro Py. En tanto, el turno de la defensa está previsto para el martes 23 del mismo mes.

"Lo que tiene que deliberar en este momento el tribunal es si la vicepresidenta puede declarar en instancia de alegatos. La primera parte es la indagatoria de los acusados; la segunda es la presentación de prueba testimonial, que en este juicio duró unos tres años; y después viene la parte de alegatos", explicó el periodista Alfredo Izaguirre a IP Noticias.

Anteriormente, la defensa de Cristina Kirchner y de otros cinco acusados habían pedido la recusación de ambos fiscales y de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu Jorge Gorini.

Las solicitudes se habían presentado ante la sospecha de que los funcionarios judiciales mantendrían relaciones personales y vínculos con el expresidente Mauricio Macri, dueño de la quinta donde compartieron partidos de fútbol.

El apoyo del Frente de Todos a Cristina

Legisladores, funcionarios y dirigentes del Frente de Todos expresaron su apoyo a la líder de la coalición. A través de publicaciones personales e institucionales en redes sociales, coincidieron en repudiar la "persecución" contra la expresidenta y denunciar el funcionamiento de miembros del Poder Judicial.

"Basta de persecución. Basta de 'lawfare'. Todos con Cristina", publicó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en Twitter. En esa línea se expresaron ministros de su gobierno y el titular de Desarrollo de la Comunidad, Andrés 'Cuervo' Larroque, al advertir "con Cristina no se jode".

A esas manifestaciones se sumó el repudio expresado por diputados y senadores del FdT de la provincia de Buenos Aires hacia la "persecución judicial" contra la vicepresidenta; según señalaron, la causa "Vialidad" es "un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático".

Consideraron, además, que "estas prácticas son un mecanismo de disciplinamiento, estigmatización y control social", y que el objetivo es "proscribirla políticamente", en vistas a las elecciones presidenciales de 2023.

Sobre ese punto se expresó también la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, quien apuntó que "la persecución judicial a Cristina Fernández es un ataque a todo el movimiento nacional y popular" y que "buscan proscribirla porque siempre defendió los intereses del pueblo frente al poder real".

En tanto, legisladores nacionales del FdT se sumaron a la ola de cuestionamientos y denunciaron la existencia de una "guerra no declarada" contra la vicepresidenta, que busca "ejercer un control social" a través del "miedo y el castigo".

"Este tipo de maniobras vulneran la vigencia de los derechos humanos, el republicanismo y el buen ejercicio de la justicia, además de estar profundamente reñidas con lo que debe ser la práctica política", expresaron a través de un comunicado.

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