Qué es el Lawfare: los casos de Lula da Silva y Cristina Kirchner
Tras el pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde el Frente de Todos hasta la izquierda y la dirigencia sindical salieron a denunciar lawfare y el intento de proscribir a la referente peronista, tal como sucedió en Brasil con Lula da Silva en 2018.
Desde el sector más fiel a la expresidenta sostienen desde hace varios meses la idea de que los grupos económicos, la oposición y el Poder Judicial buscan la proscripción de Cristina Fernández para las elecciones de 2023. Incluso, la misma Fernández de Kirchner aseguró que existe un "prejuzgamiento explícito" en su contra y que "la sentencia ya está escrita".
"Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares. En esta farsa que es el 'lawfare' en América Latina, donde ya no hay partidos militares, pero hay partido judicial, el 'lawfare' en Ecuador, Bolivia, Brasil es para estigmatizar a los gobiernos populares. Protegen a los que verdaderamente roban en el país", cuestionó este 23 de agosto CFK durante su defensa pública.
¿Qué es el lawfare?
El "lawfare" es un término es utilizado por diferentes líderes de América Latina para referirse a una intromisión del Poder Judicial en la política partidaria. El concepto combina los términos law (ley o derecho) y warfare (guerra), y se traduce del inglés como "guerra jurídica". El mismo aún no tiene un uso extendido en la doctrina jurídica.
El término hace referencia al uso de procesos legales para llevar a cabo operaciones de erosión, proscripción o destitución de figuras relevantes o movimientos de peso en un país o región. De esta forma, es utilizado para señalar que el Poder Judicial actúa como un actor partidario, para impedir la carrera política de un dirigente o trabar una política pública, entre otros casos.
Una de las características del lawfare es el posicionamiento mediático del caso en cuestión, este suele ser genuino por el criterio de noticiabilidad o magnitificado a propósito, por intereses de un actor que busca ataques mediáticos, callejeros y/o la desestabilización de la figura acusada.
Elementos esenciales del lawfare: cómo reconocerlo
Hay algunos elementos que permiten distinguir el lawfare en un proceso judicial:
- Desvío de poder de la función judicial: sucede cuando un funcionario actúa en el ámbito de su competencia aparente, pero con una finalidad distinta a la querida por la ley. Hay lawfare cuando un juez o fiscal no está abocado a verificar si hubo delito y a aplicar sanciones legales consecuentes, sino cuando la ley le importa sólo en la medida en que le permita llegar a otro objetivo distinto, y si no se lo permite, la ignorará o la distorsionará para salvar el escollo.
- Acuerdos entre sectores políticos, grupos de presión y funcionarios judiciales: hay lawfare cuando hay convergencia entre miembros del Poder Judicial y miembros externos al mismo. Esto debe estar anclado en la identificación de un desvío de poder.
- Incidencia y magnitud relevante: para hablar de lawfare se requiere una dimensión de magnitud, incidencia en la agenda de prioridades, que altera las condiciones de gobernabilidad o electorabilidad.
- Fines extrajurídicos: las causas suelen ser direccionadas contra un gobierno, partido o figura política. Puede ser empleado para generar costos de reputación importantes y efectos tangibles como condenas, la reversión de políticas puntuales, o impedimentos de actuación o participación.
Lawfare contra Lula da Silva en Brasil
El expresidente de Brasil, Luís Inacio Lula da Silva, fue acusado y condenado en la causa "Operación Lava Jato" por haber recibidos supuestos beneficios indebidos con contratos entre Petrobras y la constructora OAS. Años más tarde, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas por inexistencia de pruebas y porque el exjuez Sérgio Moro no tenía competencia para juzgarlo. .
El ministro del Supremo Tribunal resolvió que no se pudo demostrar que las conductas atribuidas Lula da Silva fueron directamente direccionadas a contratos específicos celebrados entre el Grupo OAS y Petrobras. De esta forma, se anularon todas las condenas contra Lula efectuadas por Moro. El expresidente recuperó todos sus derechos políticos y levantaron la inhibición de sus bienes.
Además, el Comité de Derechos Humanos de la ONU aseveró que la investigación y el enjuiciamiento al expresidente brasileño violaron su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos.
