Punto por punto, el alegato de la defensa de CFK en la causa vialidad
"¿Cómo se vuelve de esta vergüenza?, ¿Cómo se sale de este ridículo? ¡Pidieron 89 años de prisión a los distintos imputados sobre la base de mentiras! ¡Nunca vi mentir en un juicio de esta manera! ¡Todo es un disparate y lo hemos demostrado punto por punto!", afirmó el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi en el segundo día del alegato defensor en la Causa Vialidad.
En la segunda jornada de alegato Carlos Alberto Beraldi expuso durante poco menos de siete horas, que estuvieron marcadas con fuertes críticas a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
El abogado se centró en destruir la acusación principal, sobre una supuesta asociación ilícita que habría encabezado la expresidenta para beneficiar a Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
Beraldi presentó pruebas inéditas, como los presupuestos de 2010 y 2011, donde la oposición de entonces presentó proyectos alternativos y en todos los casos figuraban exactamente las mismas obras para Santa Cruz y por los mismos valores.
El primer proyecto alternativo lo firmó Alfonso Prat Gay, y el segundo un gran cantidad de diputados opositores.
El método para desmentir a Luciani y Mola
"Esto dijeron los fiscales", dijo Beraldi y puso un video con los dichos de Luciani y Mola. "Esto es lo que dijeron en este juicio los testigos" y mostró cada una de las personas que declararon en el juicio, desmintiendo a Luciani-Mola. Así, siguió aa lo largo de casi siete horas.
Además, describió las maniobras que hicieron el gobierno de Mauricio Macri y la justicia de Comodoro Py para armar la acusación contra Cristina en 2016.
Un mes después de asumir el expresidente, designó en Vialidad Nacional a Javier Iguacel, quien no ordenó una auditoría en todo el país sino en un único distrito, Santa Cruz.
Sobre esto, remarcó que la auditoría concluyó que "no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse…". También que en el juicio, uno de los auditores, Justo Pastor Romero, denunció que el macrismo abandonó varias rutas que estaban casi terminadas.
La defensa de la vicepresidenta reveló que en 2010 y en 2011, el macrismo presentó sus propios proyectos de Presupuesto, donde figuraban exactamente las mismas obras para Santa Cruz y con los mismos valores.
La acusación por los DNU
Los fiscales afirmaron que Cristina Krichner dictó una serie de DNU para ampliar las partidas presupuestarias, favorecer a Vialidad y por esa vía a Báez. Sin embargo, Beraldi exhibió los testimonios de todos los jefes de Gabinete afirmando que los DNU eran habituales en todos los gobiernos, antes y después de CFK, porque entre que se aprueba y se ejecuta un presupuesto pasa un tiempo y deben ajustarse los valores.
En tanto recalcó que los DNU se mandan al Congreso porque requieren aprobación y los firman todos los ministros. Entre ellos, por ejemplo, una ministra que se pasó a la oposición, Graciela Ocaña. Ella suscribió aquellos DNU sin objeciones.
La fiscalía también afirmpo que al Congreso se le informaron valores mucho más bajos que los destinados a las 34 obras de Báez. Pero la Oficina de Presupuesto corroboró que esas obras están correctamente informadas, con un leve cambio en la designación, pero con el número de obra correspondiente.
Primera jornada de alegato
"Cristina jamás dio una instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que influyeran en el dictado de resoluciones sobre la obra pública vial en Santa Cruz. La expresidenta soportó arbitrariedades insólitas por parte de la Justicia", comenzó Beraldi.
En la primera de las tres jornadas de la exposición, el abogado Beraldi apuntó contra el desempeño del fiscal Diego Luciani al afirmar que, en sus nueve jornadas de alegatos, "no pudo mostrar" pruebas en contra de Cristina Fernández y denunció una "mala praxis" de la fiscalía.
"Escuchámos cosas insólitas que después se repiten en los medios de comunicación", fue una de las frases que utilizó Beraldi a la vez que remarcó que "en este juicio quedó demostrado que la acusación carecía de verosimilitud y fue falsa y sin fundamentos".
Beraldi también presentó la declaración de un testigo que admitió que fue presionado por Javier Iguacel, exadministrador general de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, y puso al aire la declaración de otro testigo que denunció que "no se utilizó y subvirtió el informe" que habían hecho los auditores y en los que no advirtieron irregularidades.
"Como no tenía ninguna imputación, fueron a ver cuáles eran los empresarios de la obra pública" y apareció lecsa, la empresa de Mauricio Macri. "Esto preocupó a la gente de Iguacel porque habían ido a investigar a Cristina Kirchner y la investigación tomó un rumbo indeseable para ellos. Habían ido por lana y volvieron esquilmados", continúo el letrado.
Críticas a la Corte
Beraldi recordó cuando la defensa denunció "irregularidades" en los sorteos de las causas y que "durante el proceso, todo lo que presentamos, medidas de prueba y excepciones de imcompetencias, se nos rechazo". Además, señaló que "hubo peritos recusados por falta de objetividad y doble juzgamiento" por supuesta asociación ilícita contra CFK, contrario a lo establecido por la Justicia.
"La defensa nunca consintió ninguna irregularidad, agotó todos los tramos procesales y recurrió a la Corte Suprema en 2019. Ante las advertencias de irregularidades, el máximo tribunal pidió el expediente pero al día siguiente hubo un gran escándalo mediático, un grupo de vecinos fue a tocar las cacerolas, y entonces la Corte retrocedió: pidió el expediente, sonaron las cacerolas y retrocedieron", alegó.
De esa forma, el defensor de Cristina Fernández cuestionó que los supremos no avanzaron sobre los recursos de la defensa y dejaron que el juicio siguiera con las mismas acusaciones que habían sido desestimadas en 2008.
Sobre la relación de los fiscales con Mauricio Macri
Tras criticar las "tres toneladas de pruebas" de las que habló el fiscal Diego Luciani, Beraldi denunció que existieron "actividades privadas de fiscales y jueces" como los partidos de fútbol de los que Luciani y el juez Rodrigo Gimenez Uriburo jugaron en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri.
"Este es el panorama que nos encontramos y que vamos a desentrañar para dejar en evidencia cómo se construyó la acusación. Llegó el momento de la verdad y que las cosas sean colocadas donde corresponden porque jugamos un partido en cancha inclinada", afirmó.
Obra pública en Santa Cruz
Beraldi retrucó el criterio de Luciani, que afirmó que Santa Cruz recibió más obras públicas que otras provincias más pobladas. "El criterio de población no es válido para determinar qué obras debieran hacerse en ningún lugar. No existe ninguna norma que imponga límites al poder político para distribuir las obras", dijo.
"Es falso que el único empresario (que realizó obras públicas) haya sido Lázaro Báez, porque hubo miles de empresarios que participaron de ese proceso de años. Lo que ocurrió, es que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hubo un crecimiento de realización de obras públicas que fueron producto de una política de gobierno. En este proceso hay una acusación carente de pruebas y que además fue destrozada en este juicio por la evidencia objetiva", puntualizó.
"Mala praxis de la fiscalía"
La defensa de la vicepresidenta señaló uno de los argumentos centrales de la acusación de los fiscales que construyeron "la fantasía de que Néstor y Cristina hacían un Presupuesto para beneficiar a alguien". Beraldi apuntó que esa acusación desnuda "la mala praxis en la que ha incurrido la fiscalía" y desplegó las declaraciones testimoniales convocadas por la defensa durante el juicio para evidenciar cómo se construye una Ley de Presupuesto a partir de la intervención de múltiples organismos del Poder Ejecutivo.
"No es un proceso arbitrario, intervienen casi todos los órganos. Eso se puede judicializar, si esas normativas se cumplieron. Pero eso no se judicializó, porque estuvieron cumplidas", sostuvo.
La defensa repuso declaraciones testimoniales
La defensa de CFK repuso las declaraciones testimoniales, pedidas por la defensa, del entonces titular de la Oficina Nacional de Presupuesto Luis Clemente Rajuán y del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quienes negaron la influencia o directivas emanadas de la Presdencia para direccionar la Ley de Presupuesto.
También, la declaración testimonial del presidente y entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, respecto de la posibilidad de direccionar el presupuesto por parte de la presidencia: "No quiero ser irrespetuoso, pero acá hay una fantasía de que se junten dos o tres personas y decían mendémosle plata alguien. En los hechos es imposible de que ocurra", sostuvo el presidente en declaración testimonial.
Asociación ilícita
Beraldi desarmó la acusación de la fiscalía, que dice que "Néstor y Cristina hicieron uso del mecanismo de reasignación presupuestaria con el propósito de redireccionar recursos económicos de otras carteras del Estado a favor de la Dirección Nacional de Vialidad, con el fin de que se pagaran a proveedores, entre ellos a Báez".
"La ejecución del presupuesto es una competencia del jefe de gabinete y no del presidente. Por eso las decisiones administrativas de la jefatura de Gabinete no son un delito, como señala la fiscalía, sino que son actos imprescindibles para poder ejecutar un presupuesto", aseguró.
Y recordó que entre 2003 y 2015 la Jefatura de Gabinete dictó cientos de decisiones administrativas que redistribuyeron partidas presupuestarias "porque es algo habitual". Además, esas decisiones también incluían disminuciones en la partida presupuestaria". "¿Qué era entonces, una asociación ilícita que se sacaba dinero a sí misma?", planteó.
Reasignación de partidas
Respecto a la acusación que pesa sobre la reasignación de partidas a nivel ministerial, Beraldi recordó que "la facultad de compensar partidas por parte de los ministros surge de la autorización que expresamente le otorga el Jefe de Gabinete a través de las decisiones administrativas que 'abren' el presupuesto”.
Además, las compensaciones presupuestarias dispuestas por los ministros "deben ser notificadas a la Oficina Nacional de Presupuesto a efectos de que apruebe o rechace tales actos, luego de analizar su razonabilidad y legalidad", precisó el letrado. "¿Hubo en el juicio alguna declaración que dijera que la presidenta o el presidente interfirieron en los órganos que autorizaban esta redistribución? No, no existen esos testigos sino muchos otros que dicen lo contrario", remarcó.
Y recordó, como nueva señal de "mala praxis", que la fiscalía no solicitó "ninguna medida de prueba dirigida a cuantificar con precisión y rigurosidad técnica cómo se distribuyó la inversión pública dispuesta mediante resoluciones del Ministerio de Planificación y la DNV entre los años 2003 y 2015" y tampoco solicitó ninguna medida de prueba dirigida a verificar "cómo se devengó el gasto autorizado a través de tales resoluciones".
