Elecciones en Brasil: acusaciones de corrupción entre Bolsonaro y Lula da Silva

A pocos días de las elecciones en Brasil, la campaña electoral entró en su recta final con el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva acusándose mutuamente de corrupción.

De cara al balotaje presidencial en Brasil, la campaña electoral entró en su recta final con el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva acusándose mutuamente de corrupción.

Primera vuelta

En la primera vuelta electora, las encuestas indicaban a Lula da Silva como el favorito con una ventaja que estaría entre los 10 y 15 puntos sobre el ultraderechista e incluso algunos sondeos hablan de una posible victoria en primera vuelta. Finalmente, el expresidente sacó un 48,4 % de los votos y se posicionó por encima de Jair Bolsonaro, que concluyó con el 43,2 % de los votos. Una diferencia mucho menor a la estimada por las encuestas originalmente, lo cuál terminó por devenir en el balotaje que se disputará el próximo 30 de octubre.

Durante el último mes de campaña, en sus apariciones públicas, Lula Da Silva recuerda el negacionismo de Bolsonaro con la pandemia de Coronavirus y remarca las investigaciones que el ultraderechista enfrenta por corrupción en los Ministerios de Salud y Educación, las sospechas en torno a las operaciones inmobiliarias de su familia y lo acusa de controlar el Ministerio Público y la Policía Federal para protegerse.

Por su parte, Bolsonaro llama "ladrón" y "expresidiario" a Lula da Silva y recuerda la causa por la que estuvo 19 meses en prisión por corrupción, pese a que la Corte Suprema de Brasil anuló la condena. 

La condena a prisión de Lula da Silva

Lula da Silva gobernó el país de la capoeira entre 2003 y 2010 y en 2018 fue condenado a prisión por corrupción. El líder de izquierda pasó 19 meses preso antes de que la Corte Suprema de Brasil anulara el procesamiento. En la causa también intervino el Comité de Derechos Humanos, organismo que afirmó que el juicio violó el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. 

En julio de 2017, Lula fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro. Luego, la condena fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, en enero de 2018, que aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión.

En abril de 2019, el Tribunal Superior de Justicia decidió mantener la sentencia, pero redujo la pena impuesta a Lula a ocho años, 10 meses y 20 días de prisión.

El líder de izquierda estuvo preso durante 580 días y fue liberado en noviembre de 2019, luego de que la Corte Suprema falló en contra de la detención tras una condena en segunda instancia. El tribunal determinó que la sentencia solo puede comenzar a cumplirse después de que el proceso sea definitivo, es decir, cuando se hayan agotado todos los recursos.

Por qué la justicia absolvió a Lula da Silva

La Justicia de Brasil absolvió al expresidente brasileño, en la causa en la que fue acusado por la Fiscalía de favorecer a las automotrices a cambio de sobornos, por no hallar "evidencia adecuada" que demuestre su culpabilidad.

Según el juez federal Frederico Botelho de Barros Viana, la investigación "no demostró de manera convincente" cómo el Lula da Silva y su jefe de Gabinete "habrían participado en el contexto supuestamente criminal".

"Si bien existen elementos que demuestran el desempeño de la empresa de Mauro Marcondes - Marcondes y Mautoni - en cuanto a la extensión de beneficios fiscales a las empresas CAOA y MMC, no existe evidencia adecuada y ni siquiera mínimamente capaz de demostrar la existencia de un ajuste ilícito entre los imputados con el propósito de transferir montos a favor de Lula y su jefe de Gabinete”, establece la sentencia.

Por lo que el magistrado resolvió: "Concluir que la fiscalía carece de elementos que puedan sustentar, más allá de toda duda razonable, una posible sentencia condenatoria en contra de los imputados".

Los chats de la persecución judicial contra Lula

Walter Delgatti, un hacker brasileño de 31 años, filtró chats privados entre los fiscales y el juez Sergio Moro en el que se complotaban para condenar al expresidente Lula da Silva por corrupción. 

Institucionalmente, las filtraciones más graves involucraron las operaciones ilegales de los fiscales, con aval de Moro, para investigar a posibles testigos, extorsionar a acusados para ser delatores y usar a periodistas para publicar operaciones de prensa.

Los chats demostraron que Moro, además de juez, conducía las investigaciones y orientaba a los fiscales, sin avisar de ello a la defensa de Lula y en contra de lo establecido por la ley.

"Siempre pensé que esa información que había de Lava Jato era de interés público, nunca he filtrado nada que sea del ámbito privado de las personas", argumentó Delgatti en una entrevista con el portal Brasil 247 tras divulgar los mensajes. 

El joven está detenido desde 2019 por haber hackeado la aplicación Telegram y haber filtrado millones de archivos de conversaciones de personalidades públicas, entre ellos la familia del presidente Jair Bolsonaro.

El juez que sentenció a Lula fue ministro de Bolsonaro

El juez Sergio Moro, que dictó una sentencia a prisión contra el expresidente Lula da Silva, fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Sin embargo, la buena relación entre ambos llegó a su fin en abril de 2020, cuando Moro presentó su dimisión y denunció a Bolsonaro por corrupción.

Moro renunció al Ministerio de Justicia brasileño luego de que Bolsonaro decidiera destituir, por razones desconocidas, al jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo. Por tal motivo, el exjuez acusó al Presidente de intentar "interferir políticamente" en la fuerza de seguridad, organismo que investiga a los hijos de Bolsonaro. 

Es que, la Policía Federal conduce una investigación por la diseminación de noticias falsas en redes sociales, que habrían sido difundidas por grupos vinculados al concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonario. También investiga a el senador Flavio Bolsonaro por blanqueo de capitales en su etapa como diputado. 

Las investigaciones a Bolsonaro

Pese a que la búsqueda por la eliminación de la corrupción es su principal slogan de campaña, el vínculo de Bolsonaro con el sector empresario despertó inquietudes desde que una comisión del Senado brasileño publicó las conclusiones de su investigación sobre los posibles delitos cometidos por el Presidente.

Jair Bolsonaro enfrenta nueve acusaciones judiciales por su desempeño frente a la pandemia de Covid-19 y otras investigaciones por corrupción. El actual mandatario brasileño es acusado de crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias e incitación al delito. 

Una comisión del Senado de Brasil, país que obtuvo la segunda cifra más alta de muertes por coronavirus, sostuvo que Bolsonaro incurrió en "crímenes contra la humanidad" con su negacionismo ante la pandemia, agravando la incidencia de la enfermedad en el país. 

Además, la Procuraduría General de la República de Brasil solicitó al Tribunal Supremo de Justicia iniciar una investigación al mandatario por el presunto delito de prevaricato por la sobrefacturación en las negociaciones de la compra de la vacuna india Covaxin por parte del ministerio de Salud.

Elecciones en Brasil: acusaciones de corrupción entre Bolsonaro y Lula da Silva

De cara al balotaje presidencial en Brasil, la campaña electoral entró en su recta final con el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva acusándose mutuamente de corrupción.

Primera vuelta

En la primera vuelta electora, las encuestas indicaban a Lula da Silva como el favorito con una ventaja que estaría entre los 10 y 15 puntos sobre el ultraderechista e incluso algunos sondeos hablan de una posible victoria en primera vuelta. Finalmente, el expresidente sacó un 48,4 % de los votos y se posicionó por encima de Jair Bolsonaro, que concluyó con el 43,2 % de los votos. Una diferencia mucho menor a la estimada por las encuestas originalmente, lo cuál terminó por devenir en el balotaje que se disputará el próximo 30 de octubre.

Durante el último mes de campaña, en sus apariciones públicas, Lula Da Silva recuerda el negacionismo de Bolsonaro con la pandemia de Coronavirus y remarca las investigaciones que el ultraderechista enfrenta por corrupción en los Ministerios de Salud y Educación, las sospechas en torno a las operaciones inmobiliarias de su familia y lo acusa de controlar el Ministerio Público y la Policía Federal para protegerse.

Por su parte, Bolsonaro llama "ladrón" y "expresidiario" a Lula da Silva y recuerda la causa por la que estuvo 19 meses en prisión por corrupción, pese a que la Corte Suprema de Brasil anuló la condena. 

La condena a prisión de Lula da Silva

Lula da Silva gobernó el país de la capoeira entre 2003 y 2010 y en 2018 fue condenado a prisión por corrupción. El líder de izquierda pasó 19 meses preso antes de que la Corte Suprema de Brasil anulara el procesamiento. En la causa también intervino el Comité de Derechos Humanos, organismo que afirmó que el juicio violó el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. 

En julio de 2017, Lula fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro. Luego, la condena fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, en enero de 2018, que aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión.

En abril de 2019, el Tribunal Superior de Justicia decidió mantener la sentencia, pero redujo la pena impuesta a Lula a ocho años, 10 meses y 20 días de prisión.

El líder de izquierda estuvo preso durante 580 días y fue liberado en noviembre de 2019, luego de que la Corte Suprema falló en contra de la detención tras una condena en segunda instancia. El tribunal determinó que la sentencia solo puede comenzar a cumplirse después de que el proceso sea definitivo, es decir, cuando se hayan agotado todos los recursos.

Por qué la justicia absolvió a Lula da Silva

La Justicia de Brasil absolvió al expresidente brasileño, en la causa en la que fue acusado por la Fiscalía de favorecer a las automotrices a cambio de sobornos, por no hallar "evidencia adecuada" que demuestre su culpabilidad.

Según el juez federal Frederico Botelho de Barros Viana, la investigación "no demostró de manera convincente" cómo el Lula da Silva y su jefe de Gabinete "habrían participado en el contexto supuestamente criminal".

"Si bien existen elementos que demuestran el desempeño de la empresa de Mauro Marcondes - Marcondes y Mautoni - en cuanto a la extensión de beneficios fiscales a las empresas CAOA y MMC, no existe evidencia adecuada y ni siquiera mínimamente capaz de demostrar la existencia de un ajuste ilícito entre los imputados con el propósito de transferir montos a favor de Lula y su jefe de Gabinete”, establece la sentencia.

Por lo que el magistrado resolvió: "Concluir que la fiscalía carece de elementos que puedan sustentar, más allá de toda duda razonable, una posible sentencia condenatoria en contra de los imputados".

Los chats de la persecución judicial contra Lula

Walter Delgatti, un hacker brasileño de 31 años, filtró chats privados entre los fiscales y el juez Sergio Moro en el que se complotaban para condenar al expresidente Lula da Silva por corrupción. 

Institucionalmente, las filtraciones más graves involucraron las operaciones ilegales de los fiscales, con aval de Moro, para investigar a posibles testigos, extorsionar a acusados para ser delatores y usar a periodistas para publicar operaciones de prensa.

Los chats demostraron que Moro, además de juez, conducía las investigaciones y orientaba a los fiscales, sin avisar de ello a la defensa de Lula y en contra de lo establecido por la ley.

"Siempre pensé que esa información que había de Lava Jato era de interés público, nunca he filtrado nada que sea del ámbito privado de las personas", argumentó Delgatti en una entrevista con el portal Brasil 247 tras divulgar los mensajes. 

El joven está detenido desde 2019 por haber hackeado la aplicación Telegram y haber filtrado millones de archivos de conversaciones de personalidades públicas, entre ellos la familia del presidente Jair Bolsonaro.

El juez que sentenció a Lula fue ministro de Bolsonaro

El juez Sergio Moro, que dictó una sentencia a prisión contra el expresidente Lula da Silva, fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Sin embargo, la buena relación entre ambos llegó a su fin en abril de 2020, cuando Moro presentó su dimisión y denunció a Bolsonaro por corrupción.

Moro renunció al Ministerio de Justicia brasileño luego de que Bolsonaro decidiera destituir, por razones desconocidas, al jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo. Por tal motivo, el exjuez acusó al Presidente de intentar "interferir políticamente" en la fuerza de seguridad, organismo que investiga a los hijos de Bolsonaro. 

Es que, la Policía Federal conduce una investigación por la diseminación de noticias falsas en redes sociales, que habrían sido difundidas por grupos vinculados al concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonario. También investiga a el senador Flavio Bolsonaro por blanqueo de capitales en su etapa como diputado. 

Las investigaciones a Bolsonaro

Pese a que la búsqueda por la eliminación de la corrupción es su principal slogan de campaña, el vínculo de Bolsonaro con el sector empresario despertó inquietudes desde que una comisión del Senado brasileño publicó las conclusiones de su investigación sobre los posibles delitos cometidos por el Presidente.

Jair Bolsonaro enfrenta nueve acusaciones judiciales por su desempeño frente a la pandemia de Covid-19 y otras investigaciones por corrupción. El actual mandatario brasileño es acusado de crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias e incitación al delito. 

Una comisión del Senado de Brasil, país que obtuvo la segunda cifra más alta de muertes por coronavirus, sostuvo que Bolsonaro incurrió en "crímenes contra la humanidad" con su negacionismo ante la pandemia, agravando la incidencia de la enfermedad en el país. 

Además, la Procuraduría General de la República de Brasil solicitó al Tribunal Supremo de Justicia iniciar una investigación al mandatario por el presunto delito de prevaricato por la sobrefacturación en las negociaciones de la compra de la vacuna india Covaxin por parte del ministerio de Salud.

De cara al balotaje presidencial en Brasil, la campaña electoral entró en su recta final con el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva acusándose mutuamente de corrupción.

Primera vuelta

En la primera vuelta electora, las encuestas indicaban a Lula da Silva como el favorito con una ventaja que estaría entre los 10 y 15 puntos sobre el ultraderechista e incluso algunos sondeos hablan de una posible victoria en primera vuelta. Finalmente, el expresidente sacó un 48,4 % de los votos y se posicionó por encima de Jair Bolsonaro, que concluyó con el 43,2 % de los votos. Una diferencia mucho menor a la estimada por las encuestas originalmente, lo cuál terminó por devenir en el balotaje que se disputará el próximo 30 de octubre.

Durante el último mes de campaña, en sus apariciones públicas, Lula Da Silva recuerda el negacionismo de Bolsonaro con la pandemia de Coronavirus y remarca las investigaciones que el ultraderechista enfrenta por corrupción en los Ministerios de Salud y Educación, las sospechas en torno a las operaciones inmobiliarias de su familia y lo acusa de controlar el Ministerio Público y la Policía Federal para protegerse.

Por su parte, Bolsonaro llama "ladrón" y "expresidiario" a Lula da Silva y recuerda la causa por la que estuvo 19 meses en prisión por corrupción, pese a que la Corte Suprema de Brasil anuló la condena. 

La condena a prisión de Lula da Silva

Lula da Silva gobernó el país de la capoeira entre 2003 y 2010 y en 2018 fue condenado a prisión por corrupción. El líder de izquierda pasó 19 meses preso antes de que la Corte Suprema de Brasil anulara el procesamiento. En la causa también intervino el Comité de Derechos Humanos, organismo que afirmó que el juicio violó el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. 

En julio de 2017, Lula fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro. Luego, la condena fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, en enero de 2018, que aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión.

En abril de 2019, el Tribunal Superior de Justicia decidió mantener la sentencia, pero redujo la pena impuesta a Lula a ocho años, 10 meses y 20 días de prisión.

El líder de izquierda estuvo preso durante 580 días y fue liberado en noviembre de 2019, luego de que la Corte Suprema falló en contra de la detención tras una condena en segunda instancia. El tribunal determinó que la sentencia solo puede comenzar a cumplirse después de que el proceso sea definitivo, es decir, cuando se hayan agotado todos los recursos.

Por qué la justicia absolvió a Lula da Silva

La Justicia de Brasil absolvió al expresidente brasileño, en la causa en la que fue acusado por la Fiscalía de favorecer a las automotrices a cambio de sobornos, por no hallar "evidencia adecuada" que demuestre su culpabilidad.

Según el juez federal Frederico Botelho de Barros Viana, la investigación "no demostró de manera convincente" cómo el Lula da Silva y su jefe de Gabinete "habrían participado en el contexto supuestamente criminal".

"Si bien existen elementos que demuestran el desempeño de la empresa de Mauro Marcondes - Marcondes y Mautoni - en cuanto a la extensión de beneficios fiscales a las empresas CAOA y MMC, no existe evidencia adecuada y ni siquiera mínimamente capaz de demostrar la existencia de un ajuste ilícito entre los imputados con el propósito de transferir montos a favor de Lula y su jefe de Gabinete”, establece la sentencia.

Por lo que el magistrado resolvió: "Concluir que la fiscalía carece de elementos que puedan sustentar, más allá de toda duda razonable, una posible sentencia condenatoria en contra de los imputados".

Los chats de la persecución judicial contra Lula

Walter Delgatti, un hacker brasileño de 31 años, filtró chats privados entre los fiscales y el juez Sergio Moro en el que se complotaban para condenar al expresidente Lula da Silva por corrupción. 

Institucionalmente, las filtraciones más graves involucraron las operaciones ilegales de los fiscales, con aval de Moro, para investigar a posibles testigos, extorsionar a acusados para ser delatores y usar a periodistas para publicar operaciones de prensa.

Los chats demostraron que Moro, además de juez, conducía las investigaciones y orientaba a los fiscales, sin avisar de ello a la defensa de Lula y en contra de lo establecido por la ley.

"Siempre pensé que esa información que había de Lava Jato era de interés público, nunca he filtrado nada que sea del ámbito privado de las personas", argumentó Delgatti en una entrevista con el portal Brasil 247 tras divulgar los mensajes. 

El joven está detenido desde 2019 por haber hackeado la aplicación Telegram y haber filtrado millones de archivos de conversaciones de personalidades públicas, entre ellos la familia del presidente Jair Bolsonaro.

El juez que sentenció a Lula fue ministro de Bolsonaro

El juez Sergio Moro, que dictó una sentencia a prisión contra el expresidente Lula da Silva, fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Sin embargo, la buena relación entre ambos llegó a su fin en abril de 2020, cuando Moro presentó su dimisión y denunció a Bolsonaro por corrupción.

Moro renunció al Ministerio de Justicia brasileño luego de que Bolsonaro decidiera destituir, por razones desconocidas, al jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo. Por tal motivo, el exjuez acusó al Presidente de intentar "interferir políticamente" en la fuerza de seguridad, organismo que investiga a los hijos de Bolsonaro. 

Es que, la Policía Federal conduce una investigación por la diseminación de noticias falsas en redes sociales, que habrían sido difundidas por grupos vinculados al concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonario. También investiga a el senador Flavio Bolsonaro por blanqueo de capitales en su etapa como diputado. 

Las investigaciones a Bolsonaro

Pese a que la búsqueda por la eliminación de la corrupción es su principal slogan de campaña, el vínculo de Bolsonaro con el sector empresario despertó inquietudes desde que una comisión del Senado brasileño publicó las conclusiones de su investigación sobre los posibles delitos cometidos por el Presidente.

Jair Bolsonaro enfrenta nueve acusaciones judiciales por su desempeño frente a la pandemia de Covid-19 y otras investigaciones por corrupción. El actual mandatario brasileño es acusado de crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias e incitación al delito. 

Una comisión del Senado de Brasil, país que obtuvo la segunda cifra más alta de muertes por coronavirus, sostuvo que Bolsonaro incurrió en "crímenes contra la humanidad" con su negacionismo ante la pandemia, agravando la incidencia de la enfermedad en el país. 

Además, la Procuraduría General de la República de Brasil solicitó al Tribunal Supremo de Justicia iniciar una investigación al mandatario por el presunto delito de prevaricato por la sobrefacturación en las negociaciones de la compra de la vacuna india Covaxin por parte del ministerio de Salud.

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