Toma de colegios: una jueza advirtió que las denuncias a los padres de los alumnos son ilegales
La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, Elena Libertori, aclaró que "las tomas de escuelas no son un delito".
La magistrada tiene experiencia en el tema, ya que intervino en 2010, 2012 y 2015 en distintos reclamos de estudiantes contra el Ministerio de Educación porteño. Además, en el conflicto actual, impidió que la Policía ingrese a los colegios y que se armen listados con el nombre de los alumnos involucrados.
"La recurrencia del conflicto y las mismas causas demuestran un gran bache de gestión educativa", cuestionó Libertori.
Colegios tomados y la denuncia del gobierno porteño a los padres
Para la jueza Libertori, el gobierno porteño tiene un "sesgo de lo punitivo" en el conflicto con estudiantes secundarios. "Más cuando se trata de adolescentes que están amparados por una convención a la que Argentina adhirió, que son los Derechos del Niño", remarcó en declaraciones al diario Página/12.
"Los adolescentes son sujetos activos de sus derechos. Es una obligación de la ministra de Educación de la Ciudad, informarlos, consultarlos y escucharlos", dijo. Pero lamentó: "Sin embargo, vemos que se actúa sin estas etapas previas de diálogos y consensos. Y la respuesta frente a la imposición es la de castigar y no solucionar".
La jueza cuestionó al gobierno porteño por actuar con un "criterio equivocado y no jurídico" en la decisión de denunciar penalmente a los padres de los alumnos y notificarlos enviando patrulleros a sus casas durante las protestas.
"Se incurre en un delito por omisión o por comisión, que sería en este caso. Pero para que exista delito, tiene que existir la tipificación de la conducta de toma del establecimiento escolar público. Quien debe realizar esa tipificación penal, de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional, es el Congreso de la Nación. No hay delito sin ley previa. Ni siquiera alcanzaría con una ley local de la Ciudad de Buenos Aires. Los códigos de fondo son federales y el Código Penal es de fondo", explicó.
Y añadió: "Siempre dije que no existe delito en estas cuestiones. En todo caso, podemos estar de acuerdo en decir que hay un reclamo legítimo que se ejerce de modo inapropiado. Pero es una responsabilidad básica e ineludible de las autoridades de la Ciudad gestionar una situación de conflicto, teniendo en cuenta que se trata de niños, niñas y adolescente y que se llega este conflicto, aparentemente, porque no hay participación y generación de compromiso de la comunidad educativa".
La Secretaría de DDHH exigió que la Policía se retire de las escuelas
La Secretaría de Derechos Humanos presentó un hábeas corpus preventivo y colectivo para que se retire la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos con protestas estudiantiles. El área del Gobierno nacional lo exigió al considerar que los adolescentes no pueden ser imputados de ninguna contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos.
"Lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal que implica la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos cuyos estudiantes se encuentran en jornadas de protestas por diferentes reclamos no respondidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad", sostiene la presentación judicial.
Y cuestiona: "La presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante para que los y las estudiantes cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades".
