Reclamo estudiantil: el gobierno porteño les negó el diálogo a los alumnos
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación Soledad Acuña negaron la posibilidad de dialogar ante el reclamo de estudiantes secundarios.
Ambos ratificaron la criminalización de la protesta por mejoras en el sistema de prácticas laborales y entrega de alimentos, entre otros temas. Asimismo, el mandatario y la funcionaria justificaron la presencia de la Policía de la Ciudad en los establecimientos y en los domicilios de las familias.
"La Fiscalía del fuero penal y contravencional solicitó el servicio de notificación a las familias denunciadas por el gobierno de la ciudad por ser responsables del patrimonio, de la seguridad y de los costos en los que incurre el Estado cuando hay una medida de fuerza como el cierre de una escuela", dijo la ministra, defendiendo la judicialización del reclamo.
A continuación, Acuña evitó pronunciarse sobre las denuncias de bajo presupuesto y mala calidad en la alimentación escolar. "El desayuno en CABA es universal, reciben un desayuno con las medidas nutricionales y proteicas que necesitan", aseguró, y agregó que las familias becadas por situación de vulnerabilidad reciben "un refuerzo".
Por otra parte, se refirió al pedido de habeas corpus presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como medida preventiva ante la intervención policial:
"El habeas corpus presentado ayer es un disparate, absolutamente. No tiene que ver con la situación, el contexto ni la herramienta en particular", sostuvo.
Alimentos en mal estado y deterioro de edificios
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) elaboró dos informes con serias advertencias al Ministerio de Educación porteño sobre el estado edilicio la calidad de los alimentos en las escuelas públicas.
Las observaciones del organismo de control coinciden con algunos reclamos de los estudiantes que tomaron los establecimientos.
"Los casos por intoxicaciones y el mal estado de las viandas escolares aumentaron exponencialmente los últimos años, con serios señalamientos de diferentes organizaciones de la sociedad civil e institucionales que alarman sobre esta situación en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño no lleva un control propio sino que, recién en el caso de intoxicaciones, o algún problema con el contenido de las viandas, le pide a las propias empresas la muestra de la vianda", consigna la AGCBA.
En rigor, apunta contra irregularidades cometidas en el marco del Plan Integral de Mantenimiento, coordinado por la cartera que dirige Acuña y ejecutado por empresas proveedoras de los servicios. La partida presupuestaria destinada a tal fin es de 4.599 millones de pesos.
El relevamiento remarca que en tres años no se cumplió con "la totalidad de los controles de plagas, ni con las rutinas de control de instalaciones eléctricas, desagües pluviales ni tampoco el control de los cerramientos".
En ese sentido, advierte que la situación afecta "directamente a los y las estudiantes de la educación pública de la ciudad", mientras que "no tiene ninguna consecuencia sobre las empresas contratadas que brindan un mal servicio".
