El término "lawfare", definido como el uso del sistema judicial para deslegitimar a un líder político, se instaló en la agenda de toda América Latina. Los casos de persecución judicial contra los expresidentes de Brasil, Bolivia, Ecuador y actualmente en Argentina demuestran que se trata de un método que los sectores conservadores utilizan para perseguir a los movimientos progresistas.
Diferentes referentes advierten sobre la utilización de causas armadas y estrategias judiciales para detener el ascenso de los adversarios políticos. El propio Papa Francisco señaló: "El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación de sistemática de los derechos sociales".
¿Qué es el lawfare?
Es un término para referirse a una intromisión del Poder Judicial en la política partidaria. El concepto combina los términos law (ley o derecho) y warfare (guerra), y se traduce del inglés como "guerra jurídica". El mismo hace referencia al uso de procesos legales para llevar a cabo operaciones de erosión, proscripción o destitución de figuras relevantes o movimientos de peso en un país o región.
"Tiene que ver con usar la ley como un arma. La ley fue pensada para resolver problemas, no para crearlos. Se usa para hacer daño, para fabricar un culpable donde hay un inocente y viceversa", explicó el fiscal federal Federico Delgado.
Una de las características del lawfare es el posicionamiento mediático del caso en cuestión, este suele ser genuino por el criterio de noticiabilidad o magnitificado a propósito, por intereses de un actor que busca ataques mediáticos, callejeros y/o la desestabilización de la figura acusada.
"No existe el lawfare sin los medios de comunicación. El día que inicia la causa sale en todos los medios y automáticamente se condena a la persona acusada", detalló la doctora en ciencias políticas CELAG, Silvina Romano.
¿Cómo se estructura?
"En el caso argentino, hay que tener un juez y un fiscal que estén dispuestos a no ser leales a la Constitución y algo que se parezca a un caso. El sistema judicial trabaja de manera direccionada sobre eso y necesita de los medios de comunicación para difundir. Además, el proceso no avanza con los tiempos que establece la justicia", advirtió sobre el mecanismo el fiscal Delgado.
En tanto señaló que los casos de lawfare "se alimentan de la deslealtad" y trabajan en "romper la dignidad de las personas". Por su parte, Romano indicó que se necesita de "el aparato judicial, mediático y político" para poder "desmoralizar la justicia social".
Salidas posibles
El antropólogo Alejandro Grimson sostuvo que "la única salida democrática es que haya justicia y lograr que las instituciones se encarguen de los que se tienen que encargar".
Mientras que la doctora en ciencias políticas Silvina Romano propuso "una reforma judicial y desmonopolizar los medios de comunicación".
