El Gobierno porteño busca desalojar un centro cultural para hacer un canil
Un grupo de vecinos de Villa Ortúzar presentó un amparo ante la Justicia para frenar el desalojo de un espacio comunitario llevado adelante por el GCBA. Los vecinos denuciaron que el Gobierno porteño ingresó "ilegalmente y sin una orden judicial" y desmanteló el centro cultural El Galpón de Ortúzar, en la Plaza 25 de Agosto, entre las calles Heredia y Giribone de CABA.
"A las 6 de la mañana nos avisaron que estaban desarmando el lugar, cuando llegamos vimos que se habían llevado todos los muebles, la sillas y mesas que usaban los profes del bachi, los más de mil libros, los estantes, todos los materiales de las distintas actividades que allí funcionan. Rompieron absolutamente todo", indicó el vecino Juan Chippano uno de los defensores y participantes del espacio.
Un desalojo ilegal
En este contexto, los vecinos argumentaron que el desalojo del centro cultural que intenta llevar adelante el GCBA es "ilegal".
"El Gobierno de la Ciudad, representado por el presidente de la Junta Comunal 15 Martín Garcilazo, que estaba acá en primera fila, actuó ilegalmente, sin una orden judicial, con una simple resolución administrativa que no fue publicada en el Boletín Oficial", declaró Chippano.
En este lugar, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta planea hacer un canil para mascotas. Además, los vecinos informaron que los empleados del Gobierno porteño ingresaron a la fuerza y destrozaron el predio.
En El Galpón de Ortúzar funcionan un bachillerato popular, un centro de jubilados, una murga y una biblioteca comunitaria con unos mil volúmenes donde los vecinos comparten actividades y conocimientos.
"Se llevaron todo"
Los vecinos denunciaron que el Ministerio de Espacio Público, junto con la Policía de la Ciudad, ingresaron al centro cultural y "rompieron y se llevaron todo". Mientras el desalojo se llevaba a cabo, los vecinos llegaron para impedir los destrozos del lugar.
La movilización vecinal paralizó las acciones policiales y gracias a su intervención, un fiscal ordenó interrumpir el operativo. La denuncia de ilegalidad del desalojo se basó en que la medida no había sido publicada en el Boletín Oficial. Esto jugó a favor de los vecinos, quienes lograron llamar a una mediación por el predio.
El amparo de los vecinos
“Interponemos la acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, y 14 de la Constitución local contra el Gobierno de la Ciudad para que cese en su comportamiento manifiestamente ilegal y arbitrario”, indica el escrito que presentaron les vecines. Después agrega: “Consistente en intentar desocupar ilegítimamente y en contra de los intereses de grupos poblacionales en situación de especial vulnerabilidad en inmueble e intentar ilegítimamente demoler el mentado espacio”.
Por otro lado, los vecinos solicitaron que la Justicia “adopte medidas cautelares conducentes a los fines de la suspensión de la desocupación y/o desalojo y/o demolición del espacio conocido como Galpón de Ortúzar”. Así como también de “la afectación directa de sus ocupantes, así como los muebles y efectos personales”.
