Planes sociales: denuncian "campaña de estigmatización" contra beneficiarios

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal para que se supenda a los beneficiarios que compraron dólares en entidades bancarias. 

Silvia Saravia, referenta nacional de Barrios de Pie dialogó en exclusiva con IP Noticias sobre la denuncia y comentó que desde los movimientos sociales perciben una "campaña de estigmatización" que el Ministerio de Desarrollo Social pone en agenda para "evitar discutir" otros reclamos.

Denuncia penal

Días atrás, Marijuan había solicitado a la AFIP un informe en el que se encontraron "irregularidades" en beneficiarios que habían accedido a moneda extranjera y declarado bienes personales.

Al dar por terminada una investigación preliminar iniciada en su fiscalía, Marijuan efectivizó la denuncia penal en la que reclamó "se cumpla con la suspensión de los planes sociales detectados en tal infracción a la normativa vigente por la AFIP". Pidió además que se cite a prestar declaración como testigos a "los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y asimismo a los funcionarios de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe que se alude en esta denuncia".

El fiscal pidió que se incorpore a la investigación judicial la nómina de contribuyentes que surge del relevamiento para lo cual pidió que se releve del secreto fiscal a la AFIP. Entre las medidas de prueba, pidió también que se solicite al Banco Central informes sobre el Plan Potenciar Trabajo, "cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero" y qué medidas "han adoptado por parte de esa institución para evitar situaciones como la presente, es decir, la posibilidad de que beneficiarios de planes sociales puedan acceder a la adquisición de divisas a través de una institución bancaria".

Defraudación de la administración pública

En la denuncia el fiscal consideró que podría tratarse de un delito por "defraudación a la administración pública". En el informe al que alude el fiscal, se detectó "una numerosa cantidad de personas beneficiarias del plan Potenciar Trabajo, que adquirían divisas extranjeras de las arcas del Estado Nacional y/o declaraban bienes personales".

"Asimismo, en dicho relevamiento se corroboró que, aproximadamente 2800 personas fallecidas continuaban cobrando dicho plan asistencial", remarcó. En el informe, de los 1300 millones de casos que arrojó que 41 mil habrían recibido ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

Movimientos sociales denuncian "estigmatización"

Silvia Saravia, referenta nacional de Barrios de Pie dialogó en exclusiva con IP Noticias sobre la denuncia y comentó que desde los movimientos sociales perciben la noticia como una forma "estigmatización" que el Ministerio de Desarrollo Social pone en agenda para evitar discutir otros reclamos.

"Nos preocupa que se haya dado a conocer este informe en el marco de una protesta donde reclamabamos alimentos para los comedores y herramientas. Podremos tener un montón de discusiones con este Gobierno pero nos habíamos puesto de acuerdo en eso, en que alimentos y herramientas iba a haber" explicó e hizo referencia a parte de los reclamos que protagonizaron la agenda de movilizaciones el pasado jueves, los cuales denunciaban el incumplmiento por parte del Estado en la entrega de alimentos para comedores en el mes de octubre de este año.

"Este era el principal punto de la movilización del jueves: la demanda por alimentos y herramientas para los comedores, en lugar de discutir esas cuestiones tuvimos que ponernos a discutir de los dólares y los planes sociales". 

Quién administra los pagos de los planes sociales

Además, Silvia Saravia explicó el procedimiento mediante el cual se realizan los pagos a los distintos beneficiarios:

"Hay un montón de controles, incluso antes de entrar al programa hay un control de compatibilidad que incluye bienes personales, si ya lo tenés declarados no podes ingresar", explicó. 

"El Estado es el que abre una cuenta en Banco Nación y la persona tiene que presentarse sí o sí a partir del segundo mes, con DNI en mano a retirar la tarjeta que está a su nombre, sino se le suspende el pago", señaló y cuestionó la legitimidad del informe de la AFIP.

En relación a los motivos que podría tener el Ministerio para cuestionar la transparencia de los pagos, la dirgenta señaló: "Creemos que hay un debate público muy fuerte en relación a que los planes tienen que pasar a ser trabajo. Para que eso suceda tiene que crearse trabajo genuino en la magnitud suficiente, algo que no está sucediendo. Entonces hay que buscar el problema en los y las que cobran los planes".

Al concluír, Saravia resaltó el rol contencioso de los planes sociales en la crisis económica actual: "Si no estuvieran los planes, habría muchas más personas en situación de indigencia. En ese contexto, "lo que menos le sirve a lo que más lo necesitan es que se estigmaticen los planes sociales".