Guerra Rusia-Ucrania: por qué pidieron la detención de Vladimir Putin

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusado de tener un plan para deportar a la fuerza a miles de niños ucranianos.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por ser el responsable de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania.

Además de ser acusado de homicidios intencionales y tortura, entre otros hechos, también se lo culpó de tener un plan estratégico para deportar a Rusia "al menos a cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil ucranianos".

Desde Moscú negaron en reiteradas ocasiones dichas acusaciones durante la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva un año. Ante la nueva acusación, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso rechazó el pedido de detención y sostuvo que la misma "no tenía ningún significado".

Qué dice el comunicado de la CPI

La CPI argumentó que estos actos ilegales son contrarios a los Convenios de Ginebra y "demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país".

Además, explicó que existen "motivos razonables" para entender que el presidente ruso "tiene responsabilidad penal individual" en estos hechos delictivos. La misma, se entiende por intención directa, o por no haber ejercido "un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".

"Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados", destacó la CPI.

Crímenes contra la humanidad

Por otra parte, la Corte Internacional también emitió una orden de arresto contra la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova. La acusación contra la funcionaria del Kremlin es la misma que la que pesa sobre Putin. 

En esta línea, La CPI acusó a la administración rusa de haber cometido posibles "crímenes contra la humanidad".

"La comisión constató que las oleadas de ataques realizados por las fuerzas armadas rusas desde el 10 de octubre de 2022 contra las infraestructuras energéticas ucranianas, y el recurso a la tortura por parte de las autoridades rusas podrían constituir crímenes contra la humanidad", remarcaron.