Denuncian el ingreso de la Policía provincial a la Universidad Nacional de Jujuy
Autoridades y trabajadores de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) denunciaron que efectivos de la Policía provincial ingresaron al predio universitario.
La institución difundió un comunicado en el que se detalla que el personal policial entró al edificio mientras se desarrollaba una reunión del Consejo Superior, con la participación del gremio de docentes ADIUNJU y organizaciones estudiantiles.
"Estas acciones violentan la Autonomía Universitaria y la libertad de cátedra vulnerando el artículo nº 19 inciso 75 de la Constitución Nacional que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, y el artículo nº 31 de la Ley de Educación Superior que dice: 'la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sino media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de autoridad universitaria legítimamente constituida'", remarcó la UNJu.
La amenaza de Gerardo Morales
Previo a la denuncia de la UNJu, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, había amenazado con expropiar el Centro Universitario Tilcara (CUT), que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
También advirtió que el gobierno va a "terminar de restablecer el orden", y culpó a los docentes y trabajadores universitarios de "incentivar" los cortes de ruta.
"Los de la Universidad de Buenos Aires, que están a cargo de Tilcara, son los que incentivan los cortes. No todos, la mayoría de los empleados. Sabemos quiénes son, tenemos la identificación. Ponían la camioneta de la universidad. Todos esos están cometiendo delitos. Todos esos van a tener condenas, van a tener problemas, porque le están haciendo la vida imposible al pueblo jujeño", dijo el mandatario en una entrevista televisiva.
Criminalización de la protesta
En su advertencia sobre la irrupción policial, las autoridades de la casa de estudios advirtieron que "estos hechos revisten suma gravedad institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social".
En paralelo a esta situación, y semanas después de la represión violenta a las protestas contra la reforma constitucional impulsada por Morales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) denunció que la justicia de Jujuy ordenó allanamientos en los domicilios de 22 manifestantes.
"Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30/6 en Humahuaca. Se las acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad para que queden detenidas", escribió el organismo en su cuenta oficial de Twitter.
Además, señaló que el gobierno de Morales "cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas", y apuntó contra integrantes del Concejo Deliberante de Humauaca. "Pretenden hacer pasar esa movilización por un intento de sedición y secuestro", planteó el Cels.
