Casación ordenó volver a juzgar a Cristina Kirchner en las causas Hotesur y Memorándum con Irán
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó anular el sobreseimiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en las causas judiciales Hotesur - Los Sauces y por el Memorándum de Entendimiento con Irán.
La decisión fue confirmada por los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone, titulares del máximo tribunal penal del país. Los casos tenían una tercera jueza, Ana María Figueroa, quien fue removida del cargo por decisión de la Corte Suprema tras cumplir 75 años, y a falta de la aprobación de su permanencia por parte del Senado.
De esta manera, se decidió convocar a la expresidenta a dos juicios orales, pese a que las primeras investigaciones habían concluido por inexistencia de delito. Así todo, la defensa de Fernández de Kirchner aún puede apelar ambas decisiones ante la Corte Suprema de Justicia.
Causa Hotesur - Los Sauces
Entre 2014 y 2021, Cristina Fernández fue investigada bajo la acusación de integrar una asociación ilícita para lavar dinero de la corrupción a través de sus hoteles y departamentos en alquiler. No obstante, fue sobreseída por dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal Nº5 por inexistencia de delito.
La causa gira en torno a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, cuyos alquileres de alojamiento eran pagados por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, mientras las constructoras de ambos obtenían licitaciones y contratos de obra pública en Santa Cruz.
Entre los más de treinta imputados figuraban la expresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, aunque esta última fue sobreseída en la decisión de realizar el juicio, dado que los jueces de Casación entienden que no hay elementos que la impliquen.
Memorándum con Irán
Por la resolución de Casación, la expresidenta también deberá someterse a juicio oral en la causa que investiga el Memorándum de Entendimiento con Irán.
La causa inició en 2015 por iniciativa del fiscal Alberto Nisman, quien consideraba que el acuerdo impulsado por la entonces presidenta buscaba encubrir a los acusados del atentado a la AMIA, argumentando que provocaba la pérdida de vigencia de las alertas rojas de Interpol contra los involucrados iraníes.
