Patricia Bullrich reafirmó la implementación del protocolo antipiquetes
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que el "Plan Antipiquetes" se implementará en la movilización convocada por distintas agrupaciones políticas y sociales para este miércoles 20 de diciembre.
La palabra de Bullrich
Este sábado 16 de diciembre, la funcionaria de La Libertad Avanza (LLA) se refirió a la marcha que se realizará desde Congreso a Plaza de Mayo, y afirmó que no va a permitir "que se corte ninguna calle".
"Lo único que hemos hecho con este protocolo es ordenar y que las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle. Pueden manifestar lo que quieran, pero lo tienen que hacer sin cortar las vías de circulación: pueden ir por la vereda, pedir una plaza, ir a un parque. Lo que no pueden es cortar la calle, porque eso afecta la vida de millones y millones de argentinos", afirmó.
Asimismo, y de acuerdo a lo postulado en su programa antipiquetes, Bullrich especificó qué postura adoptarán con los beneficiarios de planes sociales que decidan sumarse a la movilización
"El que no corta (una calle), va a cobrar el plan y aquel que no lo cumpla va a tener consecuencias penales. Se lo vamos a avisar de todas las maneras posibles. Estamos en un momento difícil del país. Necesitamos que todos colaboren. Ese día se quedan en su casa o vayan a realizar un trabajo. Que vayan a hacer lo que tienen que hacer en vez de marchar", apuntó la Ministra.
La respuesta de organizaciones políticas
Paralelamente, un amplio conjunto de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos se presentarán ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que la gestión de La Libertad Avanza busca atentar contra el derecho de protesta en el país.
En esa línea, el consejo directivo de la CGT también se pronunció contra el protocolo de Bullrich y lo calificó como una "estrategia para criminalizar la protesta social que, a la luz de los recientes anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo argentino, implica vulnerar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la libertad de expresión y la libertad sindical".
