Nación aceptó el reclamo de gobernadores sobre las reformas de la Ley Ómnibus para la pesca
El Gobierno aceptó revisar las modificaciones de la actividad pesquera planteadas en la Ley Ómnibus, luego del reclamo conjunto de cinco gobernadores por el impacto potencial en las economías provinciales.
Los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres; Río Negro, Alberto Weretilneck; Santa Cruz, Claudio Vidal; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y Neuquén, Rolando Figueroa, habían manifestado su rechazo a la derogación de artículos del Régimen Federal de Pesca planteados en el megaproyecto.
A la preocupación se adhirió el intendente de la localidad bonaerense General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y sus pares de distritos portuarios de Chubut, entre otros.
Ante esta situación, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió a Torres y Montenegro, que acudieron en representación de los demás jefes provinciales y municipales. Concluida la reunión, el funcionario nacional se comprometió a formular aclaraciones sobre los puntos cuestionados.
"Vamos a clarificar algunos puntos de la Ley porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales. Lo que pretendemos es que todo este proceso se haga de una manera eficiente para proteger la pesca argentina dentro de las 200 millas", sostuvo Francos en una conferencia de prensa posterior al diálogo.
Puntos controvertidos de la Ley Ómnibus para la pesca
En su primer reclamo ante el Gobierno nacional, los gobernadores apuntaron a los puntos vinculados a la descarga en puertos argentinos y la generación de empleo local; el mantenimiento de la Zona Exclusiva de 200 millas; y la competencia por los cupos de pesca con empresas extranjeras.
Previo a la reunión con Francos, Torres se encontró con empresarios pesqueros en la Casa de Chubut, con el fin de definir qué cambios sobre el Régimen Federal de Pesca traerían mayores complicaciones al sector.
Entre ellos se destacan la eliminación de la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos; el reemplazo del actual sistema de asignación de cupos de captura por uno de licitaciones flexibles; y la eliminación de la obligatoriedad de contratar 75% de personal de nacionalidad argentina.
Ante estos planteos, Francos se comprometió a revisar los artículos en cuestión, aunque aclaró que el fondo de la ley no se cambiará. Además, anticipó que convocará una mesa nacional para debatir a fondo estos y otros temas.
