El 22 de abril de 1985 se inició el juicio a las Juntas Militares de la última dictadura cívico militar. En aquel momento, la joven democracia argentina inauguraba un acontecimiento histórico: la Causa 13/1984 se convirtió en un hito jurídico y en un ejemplo de puesta en valor de los Derechos Humanos para Latinoamérica y el mundo. El Palacio de Tribunales de Buenos Aires fue testigo de las acciones tomadas por la Cámara Federal encargada de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado vivido desde 24 de marzo de 1976 hasta diciembre de 1983.
El presidente Raúl Alfonsín fue uno de los principales impulsores en llevar a la Justicia los crímenes del gobierno de facto. El 13 de diciembre de 1983, firmó el Decreto 158 que daba pie al comienzo del proceso judicial. Dos días después, se instituía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Este organismo constató que 8.961 personas habían desaparecido en manos de la dictadura. También informó sobre la existencia de más de 300 centros clandestinos de secuestro, tortura y asesinato.
El juicio a las Juntas
La Justicia civil acusó de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos a las primeras Juntas del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Se inició un juicio sumario inédito en la historia, solo comparable con los Juicios de Nuremberg iniciado por las naciones aliadas contra los responsables del Holocausto luego de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros militares juzgados fueron Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Jorge Anaya, Leopoldo Fortunato Galtieri, Omar Graffigna, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Basilio Lami Dozo.
El tribunal estaba integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz. El fiscal fue Julio César Strassera y el fiscal adjunto, Luis Gabriel Moreno Ocampo. La sentencia histórica por los crímenes de lesa humanidad declaró culpables a los mayores responsables de las Juntas militares. Así, Agosti recibió 4 años y seis meses de cárcel, mientras que Videla y Massera fueron condenados a cadena perpetua. Por otro lado, Viola recibió 17 años y Lambruschini, 8 años.