La tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo este miércoles, horas antes de la movilización convocada en todo el país contra el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), salió a responder las declaraciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien lo acusó de percibir “seis veces más” que un ministro del Poder Ejecutivo.

“Lo que dice es falso”, replicó Yacobitti a través de sus redes sociales, donde difundió imágenes de sus recibos de sueldo de agosto 2025. Según los documentos, cobró $1.817.751,34 netos como vicerrector y $461.090,95 como profesor en la Facultad de Ciencias Económicas. “No solo ratifico que no tiene empatía, sino que además es mala persona”, agregó, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

La acusación de Caputo había surgido en la noche del martes, durante una serie de publicaciones en X en las que buscó defender la política económica del Gobierno y responder críticas a la gestión libertaria. Al compartir un recorte de una entrevista de Yacobitti en A24, el ministro ironizó: “El vicerrector de la UBA gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros…”.

La réplica no tardó en llegar. Yacobitti, dirigente de la UCR y referente universitario, publicó sus recibos y pidió que se viera “la nota completa, no editada”. Horas después, Caputo redobló la apuesta en tono electoral: “Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca. Sépalo la gente: el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto. El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos en diciembre de 2023”.

El cruce se da en un contexto de fuerte disputa entre el oficialismo y las universidades nacionales. Tras el veto presidencial, la oposición busca en Diputados revertir la medida, en paralelo a una nueva Marcha Federal Universitaria. Rectores, docentes y estudiantes reclaman la actualización del presupuesto (congelado desde 2022) y advierten sobre el deterioro de salarios e infraestructura.

Desde el Gobierno, en tanto, funcionarios profundizaron la ofensiva. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que los rectores se asignan sueldos “por encima de la inflación” y aseguró que “la gran mayoría cobra entre 10 y 15 millones de pesos mensuales”. También cuestionó que “los que aparecen en los medios son dirigentes políticos como Yacobitti y no los rectores o presidentes del CIN”.

Las universidades rechazaron esas cifras y remarcaron que se trata de “falsedades para desprestigiar a la educación pública”. Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina, denunció que “un docente hoy gana entre 250 mil y 600 mil pesos” y que los salarios solo se actualizaron un 20% en los últimos meses. En la misma línea, el decano de Exactas de la UBA, Guillermo Durán, ironizó: “Para cobrar 18 millones necesitaría 18 meses. A veces se dice cualquier cosa, incluso desde el propio subsecretario de Políticas Universitarias”.

Mientras tanto, la comunidad universitaria se prepara para una nueva jornada de protesta. La marcha convocada para este miércoles promete repetir la masividad de las anteriores, con movilizaciones en el centro porteño y en varias provincias. Para Yacobitti, el enfrentamiento con el Gobierno no es personal: “Lo que se discute es si la universidad pública sigue siendo un orgullo de la Argentina o se la quiere desfinanciar”.

La comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra confirmó este viernes que el presidente Javier Milei no respondió el cuestionario de nueve preguntas que le había sido enviado para aclarar su rol en la promoción del token. El plazo venció hoy, aunque el organismo resolvió esperar hasta el lunes antes de definir los próximos pasos, en consideración a la investidura presidencial.

Mientras tanto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, deberá responder antes del miércoles si asistirá al Congreso para declarar o si, en su defecto, recibirá a una delegación de legisladores en Casa Rosada. “Lo que no puede hacer es ignorar la convocatoria”, advirtieron desde la comisión, que busca precisar qué reuniones mantuvo el mandatario con los impulsores del proyecto y en cuáles participó su hermana.

El presidente de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), anunció nuevas citaciones para el martes 23, entre ellas al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, quienes se ausentaron esta semana “con excusas carentes de todo sustento jurídico”. También deberán comparecer el titular de la UIF, Paul Starc, y el de la CNV, Roberto Silva.

Además, se libraron oficios al Ejecutivo para acceder a documentación clave, registros de ingresos y egresos en Casa Rosada y Olivos, agendas y minutas de reuniones sobre Libra, informe oficial sobre la cuenta presidencial en X, y los expedientes completos de la OA y la UTI. Paralelamente, se pedirá información a las plataformas blockchain para identificar las billeteras sospechosas. “La sociedad tiene derecho a saber la verdad. Ningún funcionario puede esconderse ni eludir sus responsabilidades”, afirmó Ferraro.

En paralelo, la comisión conformó una subcomisión que ya envió un oficio a la jueza María Servini, a cargo de la causa judicial por el caso Libra en Comodoro Py, con el objetivo de tomar contacto con el expediente bajo secreto de sumario. “Vamos a insistir en que den explicaciones como funcionarios públicos, y si no lo hacen, recurriremos al Poder Judicial para que comparezcan por la fuerza pública”, advirtió la diputada Sabrina Selva

La Legislatura porteña aprobó este jueves una modificación al Código Contravencional y de Faltas que establece multas de hasta $8.000.000 para quienes cometan actos de maltrato animal. La iniciativa, impulsada por el legislador Emmanuel Ferrario (Volver al Futuro), forma parte del paquete normativo denominado “Ley Huellas” y busca dar una respuesta más severa a una problemática que en los últimos años registró más de 12.000 denuncias en la Ciudad.

La normativa contempla sanciones económicas, trabajo comunitario de hasta 60 días y arresto en casos graves. Además, crea un Registro Público de Maltratadores de Animales, que impedirá a las personas con sentencia firme convivir o trabajar con animales. Entre las conductas que serán penadas figuran agresiones físicas o psicológicas, abandono en la vía pública o dentro de vehículos, cría ilegal en espacios no habilitados y negligencia en los cuidados básicos de las mascotas.

Según explicó Ferrario durante el debate, “las penas que existían hasta ahora eran irrisorias y no estaban a la altura de la problemática”. El dinero recaudado por las multas será destinado a programas de protección y bienestar animal, mientras que el Gobierno porteño trabajará en conjunto con la Justicia y la UFEMA para garantizar el cumplimiento de la ley.

La “Ley Huellas” también prevé otras medidas de impacto, como atención veterinaria primaria gratuita, regulación de paseadores y caniles, y políticas de asistencia para animales en situación de calle. Se estima que el 40% de los hogares porteños convive con al menos un animal, lo que refuerza la importancia de este nuevo marco regulatorio.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó este jueves en Casa Rosada la primera reunión de la Mesa Federal, el espacio de diálogo político que el Ejecutivo busca reinstalar tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Al encuentro asistieron tres mandatarios considerados cercanos al oficialismo: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Francos estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Según fuentes oficiales, se discutieron “todos los temas” planteados por los gobernadores, entre ellos el inminente veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las obras públicas y el financiamiento provincial, aunque no se adoptaron definiciones concretas. “La idea de la Mesa Federal es estrechar el diálogo con los gobernadores, hablar frontalmente y llamar a las cosas por su nombre. Acá no se juega la suerte del Gobierno, sino la de los argentinos”, sostuvo Catalán en declaraciones radiales.

En la Rosada reconocen que el objetivo de Milei es recomponer vínculos con los mandatarios tras los reveses en las urnas y en el Congreso. Por ahora, el oficialismo inició la ronda con gobernadores considerados “comprometidos con el rumbo libertario”, y la semana próxima se prevén reuniones con Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). El tramo final quedará reservado para los dirigentes más críticos, como Axel Kicillof, gran vencedor de las elecciones bonaerenses.

Los trabajadores del Hospital Garrahan lanzaron un plan de lucha en rechazo al veto presidencial a la ley de Emergencia Pediátrica, que garantizaba la actualización automática de fondos para el principal centro de salud infantil del país. La medida, calificada como “despiadada y cruel” por la asamblea hospitalaria, incluye un paro desde mañana a las 7, con atención de urgencias, asamblea desde las 13, movilización por la tarde junto con docentes y estudiantes universitarios y un “ruidazo nacional” a partir de las 20.

“No vamos a dar un paso atrás en la defensa de este hospital, de la salud en general y de las infancias”, afirmó Norma Lezama, delegada de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), durante un acto frente a la sede del Garrahan. La dirigente advirtió que la situación del hospital es “gravísima” por la falta de insumos y la migración de profesionales, y anticipó que podrían profundizarse las medidas si el Gobierno no revierte el veto.

La protesta se articula con docentes y estudiantes universitarios, también afectados por el rechazo oficial al financiamiento aprobado en el Congreso. “Vamos a rodear el Congreso y exigir que se restituya lo votado”, señaló Alejandro Lipcovich, delegado de ATE-Garrahan, quien llamó a las centrales sindicales a convocar una huelga nacional. Para los trabajadores, el veto presidencial confirma la “crisis” y el “desgaste” de la administración de Javier Milei tras la derrota electoral en Buenos Aires.

El presidente Javier Milei vetó este miércoles la ley de financiamiento universitario, aprobada en Diputados a principios de agosto con 158 votos afirmativos, y remitió la decisión nuevamente al Congreso. La norma contemplaba la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, fondos para investigación, convocatoria a paritarias docentes y no docentes, y un refuerzo en las becas estudiantiles.

Desde la Casa Rosada justificaron la medida al considerar que el costo fiscal de la iniciativa era “inaceptable” y que su aplicación ponía en riesgo el superávit primario. Según el veto, publicado en el Boletín Oficial, la ley no cumplía con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige precisar de manera explícita las fuentes de recursos para todo aumento de gasto no previsto en el Presupuesto. El Ejecutivo estimó que la implementación implicaría en 2025 un costo superior a un billón de pesos y advirtió que sólo podría financiarse con emisión monetaria, lo que alimentaría la inflación.

Se trata de la segunda vez que Milei veta una norma destinada a reforzar el presupuesto universitario, aunque el año pasado logró blindar su decisión con el apoyo de un sector de la UCR y algunos gobernadores.

La oposición analiza ahora si buscará revertir el veto en la sesión especial prevista para el próximo miércoles, lo que requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. El rechazo presidencial abre un nuevo frente de tensión con el sistema universitario y con el arco opositor. En paralelo, se anticipó que también podrían vetar otras leyes aprobadas en esa misma sesión, como la declaración de emergencia en pediatría y el reparto automático a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).