El ministro de Justicia Martín Soria aseguró que Mauricio Macri deberá presentarse ante la justicia boliviana por el envío de material bélico al gobierno de facto de Jeanine Añez, para sostener el aparato represivo de las fuerzas de seguridad luego del golpe de Estado concretado en noviembre de 2019. Al respecto, el funcionario reflexionó que "es la primera vez que un presidente argentino envía armas y municiones para sostener un golpe de Estado en un país hermano".

En una entrevista radial con AM 750, Soria sostuvo que se trata de un "hecho gravísimo". "Es contrabando agravado, porque lo que se sacó de Argentina y envió a Bolivia se declaró que iba a la embajada para proteger la vida del embajador y las personas que trabajaban en la embajada en La Paz”. “La investigación en Bolivia está mucho más avanzada” aseguró al recordar que "la cabeza visible del Golpe de Estado, Jeanine Áñez, está detenida”.

"Hay que ver si las armas y municiones que encontró la Policía de Bolivia pertenecen al envío que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri de manera clandestina”, remarcó el funcionario en referencia al anuncio realizado por el comandante de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, sobre el hallazgo de balas anti-tumulto 12/70, granadas y spray de gas pimienta.

Qué pasó en las masacres de Sacaba y Senkata

En una entrevista concedida a IP Noticias Edición Central el pasado lunes, Soria aseguró que unos días después de la asunción de Añez, el 15 y 19 de noviembre, se produjeron las llamadas "masacres de Sacaba y Senkata". El 15 de noviembre en Sacaba, la capital de la provincia del Chapare y la segunda ciudad más poblada del departamento de Cochabamba, se produjo una violenta represión contra quienes se movilizaban contra el golpe de Estado, que dejó como saldo 9 muertos y 135 heridos. El 19 de noviembre en Senkata, ubicada al sur de la zona de El Alto -la segunda ciudad más poblada de Bolivia-, las fuerzas de seguridad del gobierno de facto reprimieron a los manifestantes anti-golpe y ocasionaron 10 muertos, 65 heridos y decenas de detenidos.

El Gobierno nacional denunció en la Justicia al expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de su gobierno, entre los que figuran Patricia Bullrich y Oscar Aguad. La acción llevada adelante por la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic y el excamarista Eduardo Freiler, se enmarca dentro del envío de material bélico a Bolivia, para reprimir al pueblo en el golpe de Estado contra Evo Morales. "Inicialmente estamos hablando de un contrabando de armas que por ser cometido por funcionarios públicos, con más de tres implicados, esto lo agravaría. Por tratarse de material prohibido, sería contrabando agravado", declaró Freiler en diálogo con AM750. "Creo que al haber sido cometido esto para colaborar con una represión en la cual la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que existieron masacres, en el ataque a una población civil por razones políticas y étnicas. Estos elementos configuran delitos de lesa humanidad, poniendo bajo sospecha el accionar del golpe por parte de otros estados", resumió.

Cómo actuó el gobierno de Macri ante el golpe en Bolivia

Además, el excamarista recordó que el gobierno de Macri negó el asilo de Evo Morales en Argentina. "El mismo día que le negó el asilo, partió con destino a Bolivia el avión con el cargamento del que estamos hablando. Cuando se consigue que México envíe un avión para rescatar al presidente y vice, nuevamente Macri le negó la posibilidad de entrar en el espacio aéreo argentino", recordó. También subrayó que "al poco tiempo de haber llegado ese material, se produjeron dos masacres muy grandes en diferentes localidades cercanas a La Paz, donde hubieron decenas de muertos y centenares de heridos. Estamos hablando de 70 mil cartuchos que se enviaron; es el mismo material que dejó el tendal de heridos y fallecidos por la represión". 

En lo que se considera "una embestida ilegítima del gobernador Gerardo Morales", la dirigente social Milagro Sala acumula unas 15 causas en la Justicia, al mismo tiempo que cumple prisión domiciliaria, después de cinco años detenida entre prisiones de este tipo y la cárcel común. La Corte Suprema de Justicia ratificó la única condena actual firme, a tres años de prisión, por considerarla "instigadora" de un escrache a Morales en 2009. Por su parte, distintas organizaciones de Derechos Humanos reclaman la revisión de sus condenas por considerarlas poco claras, además de manifestar que la decisión de mantener a Sala privada de su libertad está vinculada a intereses políticos. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta coincide con esta línea, y en una oportunidad explicó que la dirigente social "es una presa política" y que está siendo juzgada por "hechos que están prescriptos según toda jurisprudencia de la Corte y toda la doctrina nacional". 

Las tres causas principales

• "Megacausa" y "Pibes villeros": Se trata de la causa judicial más compleja que la líder de la Tupac Amaru enfrenta en la actualidad. Son dos causas unificadas en una. En la segunda, ya fue condenada a 13 años de prisión por el Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy, acusada de fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de 60 millones de pesos que el Estado le había girado a su organización para realizar un plan de viviendas que nunca llegó a terminarse.

• Esta se engloba en la llamada "Megacausa", que investiga un desfalco por 700 millones de pesos entre 2011 y 2015. La defensa alegó "carencia de validez" de las pruebas contra Sala, dado que la fiscalía presentó documentos fotocopiados para acusarla. El fallo de "Pibes Villeros" actualmente está en instancia de apelación en la Corte Suprema de Justicia. La investigación judicial incluye a 23 imputaciones, entre voluntarios de la Tupac Amaru, funcionarios y el ex gobernador Eduardo Fellner. 

Causas en las que fue sobreseída

Por otro lado, Sala fue sobreseída de varias causas, por acusaciones con fundamentos poco claros y comprobables. Estas causas contemplan: una acción por amenazas contra una comisaría, lesiones graves contra el dirigente de la CCC, Lucas Arias, en 2006. Un acampe en enero de 2016, por supuesta toma de la Plaza Central de San Salvador de Jujuy y una acusación por coautoría de homicidio agravado, en grado de tentativa, en la "Balacera de Azopardo", una protesta en 2007. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron "5 años de detención arbitraria y criminalización de la protesta social" de la dirigente. 

La dirigente social Milagro Sala continúa con detención domiciliaria pronta a presenciar una nueva audiencia virtual en su contra. La disposición partió del Tribunal Oral y Federal de Jujuy, que la condenó a 3 años por una protesta en oposición al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, cuando era senador, en 2009. La Cámara de Casación revocó la absolución de primera instancia por el delito de amenazas, y a Sala podrían condenarla a 7 años de prisión efectiva en la cárcel de Güemes, tal como lo requiere el gobernador. La columnista especializada en judiciales, Patricia Blanco dialogó sobre la situación de la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru.

"La justicia federal jujeña decidirá qué pena se le da a Sala por el delito de amenazas, por el cual había sido inicialmente absuelta. Ella se considera una presa política, porque en estos momentos está presa por otra causa. Estuvo privada de su libertad en un centro penitenciario y la Corte Suprema instó a revisar la condena, lo que desembocó en su actual domiciliaria", explicó Blanco. Además, la columnista repasó los vericuetos legales del entramado judicial. "Esta causa tiene el condimento político de tener como acusador al actual gobernador de la provincia. A partir de su llegada a la gobernación, se empezaron a acelerar las definiciones de las sentencias que se dictaron contra Milagro Sala", refirió. 

Podés ver Imagen Positiva de lunes a viernes con Paloma Bosker y Nicolás Artusi de 9 hs a 12 hs por IP Noticias. 

La Justicia uruguaya trabaja en el pedido de extradición y detención del ex asesor de Cambiemos, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, solicitado por la jueza argentina María Servini de Cubría. Simón se encuentra en el país vecino con asilo político y a la espera de la resolución para ver si será juzgado en Argentina por extorsión y asociación ilícita. El periodista Fabián Cardozo, corresponsal desde Uruguay, dialogó al respecto con Alejandra Martínez para IP Noticias. "Son horas claves para la definición judicial de Pepín Rodríguez Simón; hoy será trasladado ante la jueza de Crimen Organizado para ser informado de su situación judicial. Seguramente lo informarán de su situación y el fiscal decidirá sobre su detención en el territorio uruguayo", explicó Cardozo. 

Además, el periodista analizó el pedido de asilo político que "Pepín" solicitó en territorio charrúa. "Hay pocas posibilidades de que le otorguen el asilo político; el Gobierno uruguayo le informó al embajador argentino Alberto Iribarne, que no se va a demorar el pedido de extradición. Por fuentes cercanas a la Comisión para los Refugiados (CORE), que es la encargada de tramitar los asilos, no habría elementos para comprobar que Simón sea un "refugiado político", resumió. 

El juez penal, Marcelo Malvar, rechazó este sábado el segundo hábeas corpus que presentó el ex asesor judicial de Juntos Por el Cambio, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.  Ahora, la justicia argentina podrá solicitar a Interpol la alerta roja y la policía internacional podrá detenerlo.

A comienzos de mayo, el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) ingresó un pedido de asilo político como refugiado en Uruguay y denunció que es víctima de una persecución política en su país, al que aseguró que no puede volver por “temores fundados” a ser “privado indebidamente” de su libertad. El 7 de mayo el juez Malvar desestimó una demanda de habeas corpus preventivo de Rodríguez por entender que fue “apresurada”. Señaló que no existía en ese momento “ninguna autoridad administrativa” que afectara la “libertad” del exfuncionario. En la resolución judicial se exhorta a Interpol y al Ministerio del Interior uruguayo que “en caso de ser detenido en cumplimiento de los mandatos legales, se vele con especial cuidado por la vida, integridad física, intimidad, y honor del actor”. El juez considera que Rodríguez “tiene derecho a ser protegido en todos sus derechos, en especial a su vida e integridad”.

Según fuentes judiciales del país vecino, aún no existe en Uruguay un pedido de captura solicitado por Interpol. Rodríguez debe demostrar que es inminente la pérdida de libertad, dijo un informante. El miércoles pasado, la jueza federal argentina María Servini ordenó la captura internacional de Rodríguez Simón y el gobierno uruguayo recibió un día antes el pedido formal de refugio del operador judicial que es investigado por el delito de "hostigamiento y ahogo financiero" a las empresas del Grupo Indalo. 

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria se refirió a los encuentros en la quinta de Olivos que mantuvo el ex presidente Mauricio Macri con distintos jueces y fiscales relacionados con causas contra figuras del kirchnerismo, en una entrevista radial emitida por AM750.

“Las visitas de jueces a Olivos son la prueba obscena de la vulneración de derechos y de la independencia judicial que hubo en el macrismo", dijo Soria. “Los encuentros también dejan en evidencia la promiscuidad de la relación con grupos de medios. Es obsceno lo que está saliendo a la luz”, manifestó.

En los últimos días se publicaron documentos originales que informan sobre entradas y salidas de visitas a la quinta de Olivos durante el macrismo. En esos registros figuran los nombres de los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borisnky, el integrante de la Cámara Federal Mariano Llorens y el fiscal Raúl Pleé. Todos participaron en decisiones cruciales en causas contra la ex presidenta Cristina Fernández y otros ex funcionarios de su gestión. 

El Campus Virtual de Derechos Humanos de la Nación es un espacio creado en 2010 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el objetivo de fomentar y facilitar un acercamiento de la sociedad al universo de los Derechos Humanos.

Luego de más de una década de trayectoria, la propuesta ha alcanzado a más de 33 mil personas, según datos aportados por el Ministerio de Justicia de la Nación. Además de la población en general, estas capacitaciones alcanzan a personas en los gobiernos nacional, provinciales y municipales, así como a organizaciones sociales y comunitarias.

Oferta académica del campus virtual

La oferta académica, que puede consultarse completa en la página oficial, incluye cursos de oferta permanente con inscripción previa, entre ellos:

• Introducción a los Derechos Humanos.
• Violencia  institucional, discursos sociales y derechos humanos.
• Diversidad sexual y derechos humanos.
• Violencia contra las mujeres.
• Mujeres y derechos humanos.

"Hoy almorcé con Martín Soria, le hablé sobre cuáles son mis expectativas y él aceptó hacerse cargo", dijo el presidente Alberto Fernández en una entrevista difundida el lunes por la noche en el programa "Fuego amigo" de Canal 9. Soria es un abogado de 45 años, dirigente del peronismo tradicional de Río Negro (dos veces intendente de General Roca), actualmente diputado nacional e integrante de las comisiones de Legislación Penal, Juicio Político y Justicia y también de la Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal. Fue dos veces electo intendente de General Roca. 

A pesar de que es hijo del fallecido gobernador de Río Negro Carlos "El Gringo" Soria, realizó su propio camino hasta llegar a ser diputado por su provincia. Su padre llegó a la gobernación de Río Negro tras un largo recorrido que incluyó cargos de diputado nacional, ministro de Seguridad y Justicia y jefe de la SIDE durante la presidencia de Eduardo Duhalde. 

Alberto Fernández confirmó este lunes por la tarde que Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia. El hijo del exgobernador de Río Negro, Carlos Soria, fue confirmado hace instantes para reemplazar el cargo vacante que dejó la ex ministra de Justicia, Losardo.

La decisión fue anunciada por el Presidente de la Nación en una entrevista con los periodistas Diego Schurman y Catalina D’Elía, en el marco del lanzamiento del programa “Fuego Amigo”, que se emitirá esta noche por Canal 9 a las 23:00hs. Después de varios días de barajar distintos nombres para el mismo cargo, se confirma que el diputado rionegrino ocupará la cabeza del ministerio de Justicia. 

El lunes de la semana pasada el Presidente dio una entrevista televisiva en la que había confirmado la renuncia de Losardo, pero sin decir quién sería su reemplazante. “Marcela (Losardo) me había planteado desde antes su idea de dejar el Ministerio. Ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, sostuvo Fernández y abrió un escenario de incertidumbre sobre uno de lugares en la administración más sensibles en términos de equilibrio político interno.

La ministra Losardo presentó su renuncia porque, en palabras del presidente Alberto Fernández, se sentía "agobiada” y le pidió dejar el cargo varias veces. Su nuevo destino será la embajada argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París.

Entre los candidatos para remplazarla resuenan los nombre de: Marisa Herrera, Martín Soria y Ramiro Gutiérrez. 

La abogada feminista, Marisa Herrera -hermana de la bailarina Paloma Herrera- es una de las juristas que integró el consejo consultivo para la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público. Participó en la redacción del Código Civil y Comercial, que se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

Ramiro Gutierrez, un hombre del masismo. Fue dicípulo de Raúl Zaffaroni aunque ya promulga con esas ideas y uno de los promotores de la Ley del Arrepentido, una ley que terminó hundiendo a muchas figuras kirchneristas en la causas de los cuadernos. 

Julio Vitobello, titular de la oficina Anticorrupción durante el gobierno de de Cristina Kirchner y es un hombre de máxima confianza de Alberto Fernández.