CFK solicitó el apartamiento de la jueza Capuchetti

Los abogados de CFK exigieron el apartamiento de la jueza Capuchetti en la causa del atentado: "No quiere ir más allá de lo que ya está".

La querella de la vicepresidenta Cristina Kirchner solicitó oficialmente el apartamiento de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, tal cual adelantó vía Twitter la semana pasada.

"No quiere ir más allá de lo que ya está", firma la querella en relación al desempeño de la jueza en la de cusa que investiga el intento de magnicidio de la exmandataria. En su ejecución, Capuchetti proceso como coautores el hombre que quiso asesinarla Fernando André Sabag Montiel , su cómplice (Brenda Uliarte) y dos "partícipes secundarios" (Nicolás Carrizo y Agustina Díaz).

Los argumentos 

Los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira explicaron que ya fue presentada la documentación formal para efectivizar la solicitud del apartamiento de la jueza de la causa: 


"Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar"-

El celular de Sabag Montiel

Uno de los argumentos que esbozo la querella para exigir el apartamiento de Capuchetti fue el del celular de Sabag Montiel que, ya bajo custodia que se encontraba a cargo de Capuchetti, llegó al juzgado en un sobre abierto y formateado. De hecho, de aquel formateo poco pudieron recuperar los distintos peritos que trabajaron sobre el teléfono para recuperar la información. 

"El celular llegó en un sobre cerrado al juzgado con la debida cadena de custodia. Sin embargo, de forma inexplicable, durante la jornada del viernes 2 de septiembre, la magistrada rompió la cadena de custodia. Es que cuando el dispositivo llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el sobre (que según el artículo 233 CPPN debe estar cerrado y con firma del juez y del secretario) estaba abierto", explicaron los abogados de la vicepresidenta.

"El problema no fue solo que el sobre llegó abierto cuando, siempre, el objeto debe mantenerse dentro de un paquete que garantice su cadena de custodia (por ejemplo, si se practica una primera pericia, luego debe volver a guardarse hasta el próximo acto en que se disponga algo acerca del objeto). Lo más grave fue que llegó reseteado a cero", agregaron sobre este punto específico. 

"Por lo que surge del expediente, el primer peritaje se hizo por orden de la jueza en la sede misma del juzgado por miembros de la Policía Federal Argentina (PFA). A la fecha no sabemos dónde ni cómo se perdió la información, si fue en la primera pericia efectuada por la PFA, o en otro momento hasta que el teléfono llegó a la PSA, en la noche del viernes 2 de septiembre. De todos modos, la única certeza es que el celular entró al juzgado en un sobre cerrado, intacto, y salió en un sobre abierto, reseteado", concluye la argumentación.

La demora en la detención de Brenda Uriarte 


En segundo lugar, presentan las llamadas y la detención de Brenda Uliarte como otro de los puntos débiles en el ejercicio de la jueza Capuchetti frente a la causa. 
En este pasaje, la querella centra sus observaciones en las supuestas demoras para interferir las comunicaciones de Uliarte y para disponer su detención. Para que la misma se ejectura fue necesaria la intervención directa de un secretario del juzgado cuando la imputada viajaba en tren. Al final de este pasaje la querella se pregunta por que no se investigó el accionar de la PFA.



"A las pocas horas del atentado, se supo que Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel, había estado involucrada. Aquí, las irregularidades se repitieron. Primero, cuando la jueza le ordenó la intervención del celular de Uliarte con modalidad de escucha directa a la PFA, esta fuerza tardó varias horas en hacerlo. Nunca sabremos qué pasó en ese lapso, pero lo cierto es que el seguimiento del juzgado a la medida debería haber sido minuto a minuto", explicaron.

 

"Especialmente, cuando ya había perdido el contenido del celular. Mucho más grave aún fue lo sucedido con la detención de Brenda Uliarte. En vez de dar la orden urgente de detenerla, la jueza esperó para materializar la medida, cuando no había nada que sopesar. En una situación totalmente inédita, Uliarte logró, de algún modo, escapar de su casa, cuando, aparentemente, había una custodia y vigiladora permanente de la PFA fuera del domicilio. Una llamada de la DAJuDeCO que advirtió acerca de lo sucedido, sumada a la presteza del secretario del juzgado, evitaron que Uliarte consume su fuga", concluyeron los letrados que representan a la exmandataria.


Las primeras medidas

Referido  esta irregularidad en particular los abogados de Cristina Kirchner cuestionan que la jueza no ejecutara la mayoría de las medidas sugeridas por la querella.


"Desde un principio nos llamó la atención la falta de pruebas que resultaban básicas. Entre ellas, el allanamiento y secuestro de dispositivos electrónicos de gente cuyos nombres surgían de intercambios de WhatsApp altamente comprometedores. Entre ellos estaban, por ejemplo, Jonathan Posadas y Joana Colman, que habían tenido charlas con Gabriel Carrizo que reflejaban mensajes como: ´Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez ´ y ´se por otra fuente que lo hizo por plata por acomodo´", explicó la defensa de la vicepresidenta.


 La línea vinculada con la agrupación "Nuevo Centro Derecha"
 

Los abogados expusieron sus diferencias de criterio con la jueza Capuchetti en relación a la forma de abordar la denominada "pista Carrol", referida al dirigente de la organización Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, a quien Sabag Montiel mencionó en una carta como el hombre al cual le confiaba la elección de un abogado defensor.

Los abogados de la querella señalaron en su momento que Carrol había organizado un vivo de instagram con Brenda Uliarte pocos días antes del atentado, el pasado 18 de agosto. Además, expusieron que en sus redes sociales interactuaban mutuamente ambos usuarios en una serie de publicaciones de extrema violencia hacia Cristina Kirchner..


"La PSA que identificó que, efectivamente, habían existido comunicaciones entre Carrol y Uliarte, y que Uliarte y Sabag habían ido al cumpleaños de un amigo de Carrol, Martín Almeida. Almeida y Carrol eran parte del grupo denominado Nueva Centro Derecha", vinculado de acuerdo con sus propias publicaciones, con personajes como Bullrich o Milei. Almeida. Además, le había mandado un mensaje a Uliarte el día del atentado, que decía ´se pudrió?´", detallaron Ubeira y Aldazabal.


"Con estos avances, solicitamos una ampliación de las medidas, que incluían el allanamiento y el secuestro de los celulares de Hernán Carrol y Martín Almeida. Obviamente, se configuraban los elementos necesarios para llevar adelante la producción de estas pruebas. Era evidente, además, que la celeridad sería determinante, dado que se trataba de personas con un grado importante de coordinación política y de contactos. Pero para nuestra perplejidad, cuando las pruebas empezaban a dar resultados, la magistrada decidió frenar esta línea", señalaron los abogados querellantes.

En ese punto destacaron que la jueza "nunca allanó a Carrol ni a Almeida" y que "solo llamó a prestar declaración testimonial veinte días después de que esta parte solicitase las medidas vinculadas con ellos".
 


La posible vinculación de Gerardo Milman con el atentado


En este subtítulo, los abogados expusieron sus diferencias con la jueza en relación al tratamiento de la denominada "pista Milman" o "pista Casablanca": se trata del testimonio de un asesor parlamentario que dijo haber escuchado que el diputado de Juntos por el Cambio hizo referencias al ataque dos días antes de que ocurriera.

El testigo Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en el Congreso, declaró que el 30 de agosto había estado en el bar "Casablanca" y había escuchado a Gerardo Milman decirles a dos mujeres "cuando la maten voy a estar camino a la costa".

La investigación permitió determinar que efectivamente Abello y Milman habían estado en el mismo bar, a la misma hora y mismo día; aunque nadie más que el testigo dijo haber escuchado esa frase. La querella reclamó que esa pista se investigue a fondo sin embargo, eso no ocurrió.



"Recién cuando la PSA identificó a las dos asesoras de Milman, y otra vez ante una filtración en la causa, Capuchetti no tuvo otra alternativa que actuar. Fue entonces cuando llamó a declarar a Carolina Gómez Mónaco y a Ivana Bohdziewicz, a quienes debería haber convocado un mes antes y a quienes debería haberles secuestrado los celulares ni bien conoció su identidad", sostuvieron lo abogados.



En ese punto, cuestionaron la decisión de la magistrada que rechazó secuestrar los teléfonos de las asesoras de Milman aún cuando tuvieron contradicciones en sus declaraciones testimoniales y, en un principio, hasta negaron haber estado en el bar indicado, lo cual fue corregido por ellas mismas cuando se les exhibieron las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad.

"Las contradicciones de Gómez Mónaco y Bohdziewicz fomentaron nuestra convicción de pedir los secuestros de los celulares. Es que era la única forma de seguir esta línea y los elementos objetivos idóneos para una mínima sospecha que exige la jurisprudencia de la Corte estaban satisfechos. Además, no solo se había comprobado todo lo que dijo Abello, salvo la frase, y las testigos se habían contradicho, sino que había elementos adicionales que apuntaban a Milman y que la jueza ya conocía. Por ejemplo, los proyectos de resolución presentados por Milman en la Cámara de Diputados vinculados con la custodia de Cristina Kirchner", recordaron los abogados.



La línea vinculada con el financiamiento
 


Finalmente, los abogados de la Vicepresidenta le reprocharon a la jueza no haber avanzado con en la supuesta línea de investigación vinculada al posible financiamiento del que se habrían valido los agresores para intentar el magnicidio.


"La decisión de no ir más allá de las personas hasta ahora procesadas se refleja, también, en la nula investigación de todo aquello relacionado con el financiamiento a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo. Sobre esto, por ejemplo, cuatro testigos diferentes han señalado la probabilidad de que el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner haya estado financiado", aseveraron.


Luego enumeraron los testimonios o indicios que había sobre el dudoso financiamiento de las actividades ilícitas, como la declaración testimonial de Ezequiel Marcos Español, un conocido de Sabag Montiel, que el 4 de noviembre dijo: "Yo siempre sostuve que fue por plata, de todas las versiones que circularon. Que le puede haber picado un bichito de justicia social es raro de Nando que no tiene empatía por la gente que tiene alrededor es raro, Para mi fue por plata es indiscutible, lo sostengo".

"Además, cada vez hay más vínculos entre Revolución Federal y Uliarte, que parece haber estado, como mínimo, en dos marchas de esta agrupación (a las que, según su fundador, solo iban cuarenta personas). Sabemos también que Jonathan Morel adelantó por Twitter, exactamente, la misma mecánica de ataque que ejecutó Sabag Montiel", concluyeron los abogados.

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