Luego de nuevas jornadas de malestar y reclamos contra la concesionaria eléctrica Edesur por cortes del servicio que afectaron a más de 100.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el ENRE presentó una denuncia penal e informó que evaluará la continuidad de la concesión.

El organismo actúa bajo instrucción del Gobierno Nacional. Ante una situación que se repite año tras año, la medida reabrió el debate en torno a la prestación de un servicio público, esencial y cuyo acceso es un derecho humano, por parte de empresas privadas.

En el video, la periodista Analía Argento analiza la repercusión política de los cuestionamientos a Edesur.

Diferencias y similitudes entre Edesur y Edenor

La distribución de las zonas concesionadas a las empresas Edesur y Edenor se definió en 1992, en el marco de las políticas de privatización de servicios públicos impulsada por el menemismo. 

Hasta entonces, el servicio eléctrico en todo el AMBA había estado a cargo de la estatal SEGBA. Pero a partir de ahí, ambas compañías adquirieron concesiones hasta el año 2087.

Este nuevo marco no soló desarticuló las etapas de provisión del sistema eléctrico (generación, transmisión y distribución), sino que también dividió la distribución territorial.

De esta manera, un negocio monopólico por naturaleza quedó segmentado en función de la rentabilidad privada: Edesur, a cargo de la empresa estatal italiana Enel, y Edenor, actualmente participada en su mayoría por la empresa argentina Energía del Cono Sur e Integra Capital.

Debido al desarrollo urbanístico histórico del AMBA, el tendido eléctrico fue siempre mas moderno en la parte Norte. Por lo tanto, el lado Sur siempre requirió de mayores inversiones en la infraestructura, las cuales nunca llegaron al nivel óptimo, pese a que crecieron nominalmente en los últimos tres años.

Tarifas, inversiones, clima y calidad del servicio

Esa última razón, entre muchas otras, es señalada por especialistas para explicar por qué los usuarios de Edesur se han visto históricamente mas afectados por cortes que los de Edenor. La tendencia es así también en cuanto a la prolongación de las fallas, según ha consignado el ENRE.

Ante los cuestionamientos de usuarios, autoridades y otros organismos como Defensoría del Pueblo, los directivos de Edesur intentaron justificar la mala calidad del servicio por su desacuerdo con el esquema tarifario subsidiado, las olas de calor y la "inseguridad jurídica" para aumentar la inversión.

La contraparte descarta la excusa climática argumentando que el problema no se replica en la zona de Edenor. Por otro lado, ni la cantidad de inversiones ni la calidad del servicio aumentaron con la revisión tarifaria integral (RTI) establecida por Cambiemos en 2017: los costos dolarizados pasaron a las boletas, los usuarios pagaron hasta 3000 por ciento más y los índices de fallas fueron similares.

Qué implicaría estatizar Edesur

En este contexto, y también en sintonía con su salida de otros países latinoamericanos, Enel anunció públicamente que planea vender sus acciones de Edesur antes de 2024.

Eso abriría el escenario para que otro grupo empresario se hiciera cargo del servicio para el sur del AMBA, o bien que el Estado ofrezca comprar acciones a valor de mercado y asuma una participación mayoritaria de la empresa.

La provisión de la energía en países como Estados Unidos, Canadá, Suecia, México, Indonesia y Sudáfrica, entre otros, está a cargo de empresas con participación estatal. En Argentina hay referencias en otros periodos históricos donde el Estado se hacía cargo del servicio, como es el caso de SEGBA.

Sin embargo, la comparación con el escenario actual del servicio es compleja. Los costos de la energía son mucho mayores que hace 40 años, lo que se evidencia teniendo en cuenta que el Estado gasta más en subsidiar las tarifas actuales que lo que le costaba a SEGBA sostener la energía.

En adición, la estatización implicaría cumplir con las inversiones necesarias para mejorar el servicio. Distintos pronósticos estiman que se trataría de unos 2.000 millones de dólares, lo cual representa una cifra muy alta en el contexto actual de ajuste fiscal y cuidado de reservas en moneda extranjera.