El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires pagó más de 16 millones de pesos a la empresa dueña del estadio Movistar Arena, para que funcione como centro de testeo contra el COVID-19. Este monto subió a 19 millones, con los pagos registrados los últimos días.

AEG Worldwide y Grupo La Nación, las empresas a cargo del complejo, habían declarado que el complejo era "cedido", sin costos. En contraposición a esta información, dos resoluciones de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas informaron dos pagos millonarios registrados por "servicios de seguridad y operación". "La operación se había anunciado como una cesión gratuita que hacía el Movistar Arena, propiedad del diario La Nación, que además tiene 30 años de exenciones impositivas", declaró el legislador porteño del Frente de Todos, Matías Barrotaveña, en diálogo con IP Noticias. 

Una maniobra de 19 millones de pesos

"Nos parecía una buena noticia que la empresa ceda el estadio de manera gratuita. Por eso, mayor fue la sorpresa cuando empezamos a ver que aparecían pagos. El 26 de mayo se pagaron más de 1 millón de pesos y después dos pagos que suman unos 16 millones en total", explicó Barrotaveña. Además, el legislador agregó que continuó con la investigación para chequear que se siguieron realizando desembolsos de dinero desde el Gobierno porteño. "Hoy hay registrados casi 19 millones de pesos en pagos a la empresa, por todo lo que tiene que ver con el lugar, la limpieza, que es el justificativo que encontraron para cubrir esto", manifestó.

El funcionario también indicó que en los registros oficiales encontraron otras irregularidades, como un pago de un millón y medio de pesos para comprar conos naranjas de señalización. "Esos conos los pagaron a 6 mil pesos cada uno, cuando en MercadoLibre están a 3 mil por unidad", remató. 

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El fiscal federal Ramiro González imputó al expresidente Mauricio Macri por el supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando llegó a la Presidencia de la Nación. La disposición está relacionada a un delito vinculado en el Código Penal al de enriquecimiento ilícito, en el marco de una denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Félix Crous.

En ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación dio impulso a la denuncia y dispuso las primeras medidas de prueba, según informaron fuentes judiciales. La OA denunció a Macri el 17 de junio por presunto ocultamiento malicioso de parte de su patrimonio, y lo acusó de haber protagonizado movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes para dar apariencia de legalidad a dinero que pudo haber sido conseguido de forma espuria.

La denuncia, elaborada a instancias de un informe confeccionado por la Inspección General de Justicia (IGJ), alertó sobre la posibilidad de que el exmandatario hubiera incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según la denuncia, Macri habría mentido cuando declaró poseer el 14% de las acciones de la empresa AGRO G cuando en realidad tenía el 20%, y además, omitió haber adquirido la titularidad de más de 5 millones de acciones preferidas de la firma.

La Justicia brasileña ordenó este miércoles allanar el Ministerio de Medio Ambiente e investigar a su titular Ricardo Salles, una de las figuras más polémicas del gobierno de Jair Bolsonaro, por su presunta implicación en un esquema de exportación ilegal de madera.

La Policía Federal cumplió allanamientos en Brasilia, San Pablo y en el estado de Pará, tras identificar un "grave esquema criminal de carácter trasnacional" en el cual estarían "implicadas autoridades (...), entre ellas el actual ministro de Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, así como funcionarios públicos y personas jurídicas", señaló el Juez de la Corte Suprema que autorizó las investigaciones.

La Justicia también autorizó el levantamiento de su secreto bancario y ordenó separar del cargo a diez personas que ocupan posiciones de confianza en el Ministerio y en el órgano de regulación ambiental Ibama, incluido su presidente, Eduardo Bim.

Salles afirmó a periodistas en Brasilia que las irregularidades señaladas por la policía "jamás ocurrieron" y las acusaciones no tienen "sustancia alguna", por lo que no presentó su renuncia.

"El Ministerio del Medio Ambiente y el Ibama siempre buscaron actuar de acuerdo con las reglas, el sentido común y el equilibrio y eso quedará demostrado en la investigación", aseguró el ministro.

El gobierno de Bolsonaro es acusado de haber favorecido el repunte de la deforestación, reduciendo los recursos de los organismos de control y preconizando la apertura de la región amazónica a actividades agropecuarias y mineras.

Greenpeace Brasil celebró la destitución del presidente del Ibama y pidió que Salles "sea apartado de su cargo inmediatamente".

Margarita Stolbizer habló en Imagen Positiva sobre el caso de los jardines invisibles. En 2018, la exdiputada nacional había realizado una denuncia desde la ONG que libera, Bajo la lupa, por irregularidades en el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Según dicta la denuncia, Macri había pagado 62 millones de dólares para la construcción de 93 jardines de infantes que nunca se hicieron. “Hubo constatación desde nuestra parte. Llevamos documentación y fotografías”, asegura. 

“Hay una diferencia enorme entre lo que se prometió y en lo que se ejecutó. Primero prometió 3000 jardines, después bajó a una implementación de un programa por 200 jardines, después por 500, y se terminaron licitando ciento y pico, aunque se pagaron y ni se terminaron”, detalla Stolbizer.

La causa había quedado archivada, pero el actual ministerio de Educación, bajo la gestión de Nicolás Trotta, hizo una presentación en la Oficina Anticorrupción (OA) con nueva información, que reactivó la causa; se descubrió que el pago implicaba sobreprecios: el metro cuadrado se llegó a pagar 1.498 dólares el metro cuadrado, una cifra que implica el doble que se establece en el valor de mercado. 

Explica Stolbizer: “Los sobreprecios no fueron parte de nuestra denuncia, pero no descartamos que hayan existido. Lo más grave es que el gobierno de ese entonces no controlaba la ejecución, y sin ejecución seguía pagando. No hacía ningún reclamo”. Y concluye: “No tengo un doble estándar para calificar los actos cuando están mal, es independiente al gobierno. Insisto en que haya un juez que investigue y que la Justicia lo determine”.

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La Oficina Anticorrupción (OA) denunció que el gobierno de Mauricio Macri registró un pago de 704.975.760 pesos por la construcción de 93 jardines de infantes en distintas provincias, pero que nunca fueron terminados. Las obras se abandonaron y la administración del exministro de Educación Alejandro Finocchiaro no cobró multas ni reclamó el dinero por incumplimiento de los contratos, que fueron parte del “Plan Nacional 3000 jardines” 

Además, el actual ministerio de Educación, a cargo de la gestión de Nicolás Trotta, descubrió que el pago implicaba sobreprecios: el metro cuadrado se llegó a pagar 1.498 dólares, una cifra que implica el doble que se establece en el valor de mercado.

Ahora, la OA exige que se desarchive la causa del juez federal Ariel Lijo por este tema, dado que hay nueva información.

La denuncia fue originalmente hecha por Margarita Stolbizer, que detectó que se habían empezado a construir 105 jardines, pero solo terminaron 14 (que tampoco eran nuevos establecimientos, sino aulas construidas sobre jardines ya existentes). Stolbizer también percibió que la primera licitación había sido convocada para 100 jardines pese a que un decreto de 2017 establecía una tanda de 500, que las obras no avanzaban y que las constructoras obtenían prórrogas.