El bloque de senadores de Unión por la Patria brindó una conferencia de prensa para exigir una sesión especial para tratar del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica.

La bancada de la oposición le pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión en la Cámara alta.

<blockquote>
"Queremos dar la discusión de cada uno de los temas de cara al pueblo argentino", afirmó el titular del bloque, José Mayans.
</blockquote>

<h2>La conferencia de prensa</h2>

Al iniciar la conferencia de prensa, el senador José Mayans tomó la palabra para reclamar la sesión.

<blockquote>
"Le reclamamos a la vicepresidenta que no cierre el Senado, ella tiene que llamar de forma inmediata al tratamiento del DNU. Queremos dar la discusión de cada uno de los temas de cara al pueblo argentino", indicó.
</blockquote>

Y agregó: "No tengan miedo a la discusión. No creemos que el método sea cerrar el Parlamento, eso hacen las dictaduras".

Por otro lado, el titular del bloque de Unión por la Patria sostuvo que tratar en DNU de desregulación económica es urgente, ya que "está vigente y sus consecuencias son de vital importancia".

A su vez, la senadora Juliana Di Tullio remarcó que su espacio insistirá "toda la semana para que haya sesión".

"Por primera vez en 40 años ha habido un DNU que modifica de facto la Constitución, esa es la gravedad en la que estamos los argentinos y argentinas", finalizó.

El bloque de senadores de Unión por la Patria exigió una sesión especial para tratar del DNU de desregulación económica. "Queremos dar la discusión de cara al pueblo argentino", indicaron en conferencia de prensa.

El bloque opositor dio una conferencia de prensa.

Senadores de UxP exigieron una sesión especial para tratar el DNU

Senadores de Unión por la Patria exigieron una sesión especial para tratar el DNU

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo&nbsp;hizo lugar al amparo que presentó la <a href="https://ipnoticias.ar/politica/20958-hector-daer-los-diputados-tienen-que-revisar-lo-que-estan-haciendo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Confederación General del Trabajo (CGT)</a> y declaró nulo el capítulo laboral&nbsp;del megadecreto de desregulación económica impulsado por el presidente, Javier Milei.&nbsp;

De esta forma, el apartado referido a reformas laborales del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el Gobierno nacional quedó anulado por la Justicia.&nbsp;

<h2>La decisión del Tribunal</h2>

Además, el Tribunal de Apelaciones falló a favor de "modificar la sentencia apelada, haciendo lugar a la acción de amparo iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional" y&nbsp;“declarar la invalidez constitucional del Título IV” del decreto.&nbsp;

La resolución firmada por los magistrados Mario Fera, Héctor Guisado y Manuel Diez Selva&nbsp;reconoció la "legitimación activa" de la CGT en el amparo donde se cuestionan los artículos de reforma laboral del DNU.&nbsp;

<h2>A favor de la división de poderes</h2>

En este contexto, la Cámara se mostró a favor de resguardar el equilibrio de poderes dentro del marco del funcionamiento democrático.

“No se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU”, indicaron en el documento.&nbsp; 
 
Por otro lado, los jueces enfatizaron: “El principio que organiza el funcionamiento del estatuto del Poder del Estado es, precisamente, la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994. Así,&nbsp;el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento, y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas”.

&nbsp;

 
&nbsp;

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al amparo que presentó la Confederación General del Trabajo (CGT) y declaró nulo el capítulo laboral del DNU impulsado por el Gobierno.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar al amparo presentado por la CGT. 

La Justicia anuló el capítulo laboral del DNU

El juez federal platense, Ernesto Kreplak, suspendió la <a href="https://ipnoticias.ar/actualidad/20813-que-es-la-ley-de-tierras-y-que-significa-su-derogacion" target="_blank" rel="noopener noreferrer">derogación de la Ley de Tierras</a> que tenía vigencia a partir de la sanción del megadecreto de desregulación económica (DNU 70/2023) impulsado por la administración del presidente, Javier Milei.&nbsp;

En este contexto, el magistrado dio lugar al pedido del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que solicitó la revocación del artículo 154 del Decreto que anuló la Ley 26.737 sobre el&nbsp;Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

<h2>Los detalles de la medida</h2>

En su resolución, el magistrado canceló la derogación y demandó al Poder Ejecutivo para que realice el informe previsto en la ley 16.986 que reglamenta la acción de amparo.&nbsp;

“En el reglamento atacado, se invocó como menester la derogación de la Ley 26.737 (llamada Ley de Tierras);&nbsp;no obstante se omitió brindar fundamentación adecuada sobre la relación subyacente que explicaría la forma según la cual, la abrogación de la norma,&nbsp;contribuiría a superar los problemas sociales y económicos que trasunta la Nación”, expresó el documento firmado por Kreplak.&nbsp;

En esta línea, el juez federal enfatizó: "No se advierte entonces, prima facie, que el acto estatal impugnado (derogación de la norma legal) sea adecuado al fin que persigue el estado (superación de problemas sociales y económicos) y que el medio utilizado (Decreto de Necesidad y Urgencia) sea proporcionado y conducente a ese fin".

<h2>"Es como poner en venta la Patagonia"</h2>

Por otro lado, el CECIM advirtió en su pedido de amparo sobre las consecuencias negativas que traería la derogación de la Ley de Tierras.&nbsp;

"La derogación de esta Ley atenta contra derechos fundamentales e implica un daño irreparable al pueblo argentino al liberar el mercado de tierras y habilitar la extranjerización de la tierra",&nbsp;destacaron.&nbsp;

La normativa aprobada en 2011,&nbsp;establece límites a la cantidad de tierra que puede ser poseída por extranjeros en nuestro país quienes no pueden tener más del&nbsp;15% de los territorios productivos y unas 1.000 hectáreas por persona u empresa como máximo.

Respecto a su derogación, el CECIM indicó: “Estamos asistiendo a la vocación de permitir, mediante la supresión del ordenamiento jurídico de orden público vigente, la extranjerización de la tierra, el despojo soberano, ahora por mera voluntad unipersonal del Ejecutivo".&nbsp; 
 
Por último, indicaron: "Si la usurpación británica de 1833 nos genera indignación visceral, pensemos qué debe generarnos y cómo nos sentimos frente a este artículo 154 del Decreto 70/23 que, materialmente, implica poner un cartel de venta a nuestra Patagonia".&nbsp;

La Justicia suspendió la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el megadecreto de desregulación económica del presidente, Javier Milei. Los detalles en la nota.

La medida fue tomada por el juez federal, Ernesto Kreplak. 

La Justicia suspendió la derogación de la Ley de Tierras

La Justicia del Trabajo declaró inválidos seis artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica del gobierno de Javier Milei.

La jueza laboral de feria Liliana Rodríguez Fernández resolvió "declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97" del DNU 70/2023. Los mismos forman parte del capítulo de reforma laboral que intenta aplicar el Poder Ejecutivo.

De todas formas, la magistrada aclaró que esos artículos "gozarán de validez formal en el caso de ratificación por ambas Cámaras, dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso, o su vigencia cesará de pleno derecho en caso contrario".

<h2>Los detalles de la resolución</h2>

La resolución de la jueza se compuso de 10 páginas, en las que justificó su decisión de declarar inválidos los artículos que, a su consideración, afectan "de modo directo" los derechos colectivos de los trabajadores.

En concreto, el artículo 73 modifica las condiciones de retención de la cuota sindical; el 79 establece reglas para la negociación colectivo; el 86 modifica la vigencia de las cláusulas obligacionales; los artículos 87 y 88 incorporan a su vez los artículos 20 bis y 20 ter a la Ley 23.551; y el artículo 97 regula los servicios esenciales en el marco de conflictos colectivos.

"La necesidad y urgencia de la reforma no aparece debidamente justificada", señaló la magistrada al respecto.

Tampoco "puede presumirse (la supuesta necesidad y urgencia) a partir de analizar la correlación entre las dificultades económicas que se describen (por todos conocidas) y la posibilidad de conjurarlas con el conjunto de las normas contenidas en el Título IV", continuó.

Y remarcó: "Normas vinculadas al concepto de 'situación legal de desempleo', al modo en que se confeccionan los recibos de sueldo, o a las modificaciones sobre presunciones o carga de la prueba no parecen a simple vista tener impacto alguno en los problemas macroeconómicos que el propio decreto invoca".

"He de reiterar, para ser precisa sobre los fundamentos de esta decisión, que no analizo aquí la conveniencia o la inconveniencia económica o social de la reforma (aspecto en principio ajeno al control judicial), las ventajas o las desventajas en el nivel de empleo o en el impulso de la economía que podrían derivar de su sanción y, menos todavía, mis propias preferencias, juicios de valor o criterios individuales en relación con todas las normas involucradas", explicó la jueza.

"Con independencia de cualquier análisis sobre el contenido normativo del DNU 70/2023 no se han cumplido aquí los recaudos constitucionales para que tal instrumento pueda ser considerado válido", finalizó.

La Justicia del Trabajo declaró inválidos seis artículos de la reforma laboral que integra el DNU de desregulación económica del gobierno de Javier Milei. Los detalles de la resolución.

Se declararon inválidos los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97.

La Justicia declaró inválidos seis artículos de la reforma laboral

La Justicia declaró inválidos seis artículos de la reforma laboral de Milei

El presidente, Javier Milei, declaró al 2024 como el año de "la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad".

A través del decreto 55/2024, el Gobierno dispuso que "toda la documentación oficial de la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, así como de los entes autárquicos dependientes de esta deberá llevar la leyenda 'Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad".

En el detalle del documento, el Ejecutivo explicó que el objetivo es "consolidar la estabilidad económica, garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los argentinos".

A su vez, señaló que la Constitución "establece desde su Preámbulo el deber del Estado de asegurar los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación, afianzando la justicia y consolidando la paz interior". 
 
El decreto lleva&nbsp;las firmas del presidente, Javier Milei, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Bautizar el año en homenaje a un hecho histórico o a un prócer de la historia argentina es común del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el año 2022 fue en "homenaje a los caídos en el conflicto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes".

En tanto, el 2023 fue el "año de los 40 años de democracia: 1983/2023".

El presidente, Javier Milei, declaró al 2024 como el año de "la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad". A través de un decreto, se estableció que todos los documentos oficiales deberán llevar esa leyenda.

Todos los documentos oficiales deberán llevar esa leyenda.

Milei decretó al 2024 como el "Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

Javier Milei declaró al 2024 como el año de "la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

La diputada nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Soledad Carrizo, conversó con IP Noticias sobre el tratamiento legislativo del megadecreto de desregulación económica y la denominada "Ley Ómnibus".

"El debate se debe dar en el Congreso. Vamos a expresar la necesidad de darle un plazo mayor, para poder encontrar las materias más urgentes y necesarias. Queremos acompañar, pero queremos tener la información necesaria", afirmó.

En el video, la entrevista completa.

La legisladora de la UCR cuestionó la iniciativa que pretende "darle más facultades al Presidente y dejar de lado el Congreso". "El radicalismo siempre ha pregonado la institucionalidad, ese punto es necesario", señaló.

Entre los temas del DNU para debatir, Carrizo mencionó la reforma previsional como importante. "Queremos saber qué es lo que se plantea. Los jubilados han sido el sector que más perdió con la devaluación y tenemos que darle seguridad para lo que viene", indicó.

<h2>Privatizaciones</h2>

La diputada de la UCR, Soledad Carrizo, se mostró dispuesta a discutir la privatización de las empresas del Estado, aunque aclaró: "Hay algunas donde no se puede discutir su utilidad. El Congreso tiene que controlar, no podemos repetir la historia que ya sucedió".

<blockquote>
"YPF es matriz energética y creemos que es necesario sacarla de la discusión", remarcó.
</blockquote>

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes a las 20:00, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

La diputada Soledad Carrizo (UCR, afirmó que su espacio desea "acompañar" el DNU de Javier Milei. Sin embargo, señaló: "El Congreso tiene que controlar, no podemos repetir la historia que ya sucedió".

"El Congreso tiene que controlar, no podemos repetir la historia que ya sucedió", afirmó.

Soledad Carrizo sobre el DNU: "Queremos acompañar"

Soledad Carrizo sobre el DNU: "No podemos repetir la historia que ya sucedió"

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió los efectos de la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023 firmado por el presidente,&nbsp;Javier Milei. La resolución dispone una medida cautelar en virtud del reclamo judicial interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT).

En concreto, el fallo anula "la aplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/2023". Así se pronunciaron los camaristas&nbsp;Andrea García Vior&nbsp;y&nbsp;Alejandro Sudera, con la disidencia de la tercera integrante del tribunal,&nbsp;María Dora González.

Asimismo,&nbsp;ordenaron suspender la aplicación del segmento de reformas laborales del DNU "hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo".

En los fundamentos de la decisión, los magistrados indicaron que la norma promovida por el Presidente no reúne los requisitos de necesidad ni urgencia que justifiquen otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar sin aval del Congreso, en particular con la cantidad incluida de reformas en materia laboral.

<blockquote>
"Una inveterada doctrina del máximo tribunal [sostiene] que las&nbsp;consideraciones genéricas&nbsp;expuestas en los considerandos de los Decretos de Necesidad y Urgencia resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional", argumentó el juez Sudera, en referencia a resoluciones anteriores de la Corte Suprema sobre la aplicabilidad de decretos de necesidad y urgencia.
</blockquote>

<h2>Los fundamentos del fallo contra el DNU</h2>

En su voto en disidencia, la camarista González sostuvo que <a href="https://ipnoticias.ar/actualidad/20862-entro-en-vigencia-el-dnu-de-javier-milei-que-reclamos-rechazo-la-justicia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">el caso debía enviarse a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal</a> para que resolviera a qué fuero corresponde resolver el caso. Ese dominio acumula varios expedientes contra el DNU.

En contrapartida, Sudera y García Vior&nbsp;señalaron que "la aptitud jurisdiccional" de la Justicia Nacional del Trabajo "para entender en la contienda resulta inobjetable&nbsp;no sólo en base a las normas procesales sino también por su especial versación en materia de derecho social".

En ese sentido,&nbsp;entendieron que correspondía dictar la medida cautelar, dejando para una instancia posterior la resolución sobre la competencia. En rigor, el juez apuntó al "peligro de demora" que justifica la cautelar debido a las modificaciones que establece el DNU desde su entrada en vigencia.

<blockquote>
"Las disposiciones del DNU cuestionado establecen importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia de interpretación de las normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario, ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales, conflictos colectivos, etc", señaló Sudera.
</blockquote>

<h2>Comunicado de la CGT</h2>

Luego de que se diera a conocer el fallo de la Cámara, la CGT publicó un comunicado con una evaluación de los puntos principales de la resolución de los jueces.

En esa línea, la central sindical marcó el contraste entre el trámite judicial iniciado en el fuero laboral y las acciones presentadas en el fuero Contencioso Administrativo.

<blockquote>
"La Cámara considera que el planteo de la CGT no coincide con el tramitado en proceso colectivo que se ventila ante la Justicia contenciosa administrativa federal, a la que el Gobierno pretendía enviar el expediente, ya que los intereses no son homogéneos con los que se ventilan en aquel, puesto que lo que se debate en la Justicia laboral es el derecho del trabajo aplicable a los trabajadores de la República Argentina", indica el texto.
</blockquote>

Y agrega: "Esta decisión judicial pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores y no tendrá vigencia hasta tanto la Justicia resuelva el planteo de inconstitucionalidad del Capítulo IV del DNU 70/203.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que deja sin efecto las modificaciones laborales del DNU 70/2023. La resolución hizo lugar al pedido interpuesto por la CGT. Los detalles en la nota 👇

La Cámara Nacional de Trabajo dictó una medida cautelar, como exigía el reclamo de la CGT.

La Justicia laboral suspende los efectos del DNU del Gobierno

La Justicia laboral suspende los efectos del DNU ante la demanda de la CGT

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 firmado por el presidente, Javier Milei, y los miembros de su gabinete comenzó a regir el 29 de diciembre. Desde la presentación de la medida hasta su entrada en vigencia, la Justicia rechazó distintas demandas de medidas cautelares para suspender su validez.

Las presentaciones fueron elaboradas por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares. El fuero Contencioso Administrativo Federal recibió al menos 25 amparos, mientras que tribunales laborales revisaron reclamos de la CGT y la CTA.

<h2>La denuncia de la CGT por las medidas laborales</h2>

La CGT había presentado una medida precautelar ante el juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet.&nbsp;El reclamo, que ingresó en el juzgado el mismo día de la <a href="https://ipnoticias.ar/politica/20858-la-cgt-llamo-paro-y-movilizacion-para-el-24-de-enero" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marcha que la central obrera encabezó en Tribunales</a>, pedía la suspensión del capítulo IV del texto, vinculado a la reforma laboral.

No obstante, la acción fue rechazada por el magistrado debido a que el DNU del Gobierno aún no se encontraba vigente.&nbsp;A continuación, la organización sindical apeló la decisión y el juez hizo lugar al recurso, por lo que giró el expediente a la&nbsp;sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La petición firmada por los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, sostiene que "se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma&nbsp;laboral peyorativa sin recurrir al Congreso" y que afecta "aspectos individuales y colectivos".

<blockquote>
"El DNU 70/23,&nbsp;pretende introducir modificaciones permanentes y no de coyuntura o de emergencia temporal (en derecho individual del trabajo y derecho colectivo)&nbsp;y esta circunstancia es relevante porque no se trata de implementar remedios temporales para una alegada&nbsp;crisis, lo que constituye otro motivo de invalidez ostensible", argumentaron los sindicalistas.
</blockquote>

<h2>Demandas ante el fuero Contencioso Administrativo Federal</h2>

Por otra parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez&nbsp;reclamó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal el dictado de una medida precautelar para suspender el DNU en su totalidad.

Entre los fundamentos de su demanda, el jurista remarcó que en el <a href="https://ipnoticias.ar/politica/20852-el-gobierno-envio-al-congreso-la-ley-omnibus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">proyecto de Ley Ómnibus el Gobierno</a>&nbsp;incluyó&nbsp;"una cláusula de ratificación" del DNU. En consecuencia, señaló, habría un&nbsp;"reconocimiento" por parte del Poder Ejecutivo de que no hay motivos para que las reformas propuestas no se traten en el Congreso Nacional.

Ante la misma terminal judicial se presentaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Confederación Argentina de Deportes, que reclamaron la inconstitucionalidad del decreto.

Según el CELS, la norma presidencial&nbsp;"se aparta del principio de división de poderes, así como suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de amplios sectores sociales".

En simultáneo, la&nbsp;demandante&nbsp;Betina Stein&nbsp;presentó un recurso de revocatoria ante el rechazo por parte de la sala 8 del Contencioso Administrativo a&nbsp;dictar la medida cautelar de suspensión a la espera de un informe "sobre la existencia de otro proceso colectivo".

Antes, el juez Esteban Furnari&nbsp;había rechazado disponer una precautelar contra el DNU solicitada por el&nbsp; Observatorio del Derecho a la Ciudad mediante un proceso colectivo. El magistrado argumento que en ese momento las disposiciones del decreto no habían entrado en vigencia.

El DNU 70/2023 firmado por el presidente, Javier Milei, entró en vigencia luego de que la Justicia rechazara distintos reclamos de suspensión. Los detalles de las demandas👇🏽

Los fueros de Trabajo y Contencioso Administrativo recibieron decenas de demandas contra la medida.