Cada 24 de marzo se conmemora la recuperación de la democracia tras la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. El terrorismo de Estado produjo daños sociales, humanos y políticos que persisten en el reclamo por los 30.000 desaparecidos. Pero además, la política económica planeada y ejecutada durante ese periodo provocó consecuencias negativas que se extendieron por décadas.

Con la toma del poder por parte del dictador genocida Jorge Rafael Videla, las Fuerzas Armadas acapararon todos los poderes del Estado. En ese marco, la conducción del Ministerio de Economía quedó a cargo de José Alfredo Martínez de Hoz.  El equipo económico se completó con Adolfo Diz en el Banco Central y Carlos Alfredo Rodríguez como jefe de asesores.

El 2 de abril de 1976, el ministro anunció su programa económico por cadena nacional. El plan se había puesto en marcha con leyes sancionadas desde el primer día del golpe, pero continuaría con un endeudamiento externo muy alto y reformas para desregular el cambio, el comercio exterior, precios y salarios.

Precios, comercio e inflación

La supresión de la intervención estatal en la economía caracterizó a las medidas inmediatas del gobierno militar. El fomento extremo a la "libertad de mercado" inició lo que se conoce como teoría política neoliberal.

Los precios se liberaron con la eliminación de controles y esto se complementó con la desregulación total de importaciones y exportaciones. También se suspendieron las negociaciones paritarias, lo que derivó en un desplome de los salarios.

Por otra parte, se suspendió el control de cambios debido a lo que Martínez de Hoz consideraba "una sobrevaluación del peso con respecto a la divisa extranjera". La industria nacional quedó relegada al segundo lugar en la competencia con productos extranjeros y los valores se dispararon.

Esto llevo a un descenso del PBI, que se había mantenido en estándares internacionales hasta el "Rodrigazo" de 1975. A partir de 1976, la participación de los ingresos en el producto pasó del 51% al 31%; en consecuencia, tanto el desempleo como la pobreza aumentaron.

La primera gestión económica de la dictadura finalizó en 1981 con una inflación acumulada del 9.092,9%, y un incremento del 744,8 en la cotización del dólar.

Endeudamiento y debacle financiera

La caída del sector productivo argentino también tuvo que ver con la reforma financiera que impulsó Martínez de Hoz.

La liberación de tasas de interés permitió que los bancos controlaran esa variable sin referencia estatal y generó un vuelco de capitales de inversión hacia el sector financiero. También se flexibilizaron controles contra la fuga de capitales y se promovió la estatización de la deuda privada.

En paralelo, la deuda del Estado en moneda extranjera aumentó un 364%, siendo el Fondo Monetario Internacional (FMI) uno de los primeros acreedores. Desde el final del gobierno de Isabel Martínez de Perón hasta el final de la dictadura en 1983, el endeudamiento aumentó de 7.800 a 45.000 millones de dólares.