Se cumplen 19 años de los asesinatos de los militantes barriales, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, fusilados por la policía bonaerense, el 26 de junio de 2002. El hecho conocido como La Masacre de Avellaneda, tuvo lugar en el marco de las protestas sociales por la profunda crisis económica que derivó en la renuncia del presidente Fernando De la Rúa, en diciembre de 2001. La crisis económica, acompañada de una devaluación del 75% del peso en seis meses y fuga de capitales, provocó un cimbronazo social, que derivó en una crisis institucional con 5 presidentes en una semana y cacerolazos en todo el país. Inmersos en esta absoluta crisis, distintos movimientos sociales convocaron una movilización para aquel 26 de junio, en reclamos de mejoras para los más necesitados.

Maximiliano Kosteki, un joven de 23 años oriundo de Guernica, militaba en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Ahí también participaba Darío Santillán, de 21 años, colaborador del barrio Don Orione, en la localidad bonaerense de Almirante Brown. Aquel día, ambos marcharon en medio del espeso clima social, junto a las columnas del Movimiento de Trabajadores Desocupados hacia el Puente Pueyrredón, que separa Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires.

Las banderas que reclamaban una vida digna de trabajo, solidaridad y alimentos para los comedores populares, se tiñeron de sangre y violencia. En sintonía con la represión del aparato del Estado, el presidente interino, Eduardo Duhalde, había declarado a los medios que "Los intentos de aislar la capital no pueden pasar más". Su jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, explicó que las fuerzas de seguridad utilizarían "todos los mecanismos posibles para hacer cumplir la ley, para evitar que la capital quede aislada".

La policía y prefectura esperaron con balas de plomo a la columna de unos mil manifestantes que avanzó hacia el puente. Darío Santillán fue el primero en caer, en el hall de la Estación Avellaneda, víctima de los disparos policiales. La investigación judicial indicó que Maximiliano Kosteki fue asesinado por la espalda por la policía cuando intentaba ayudar a Darío. El saldo de la jornada dejó a los dos manifestantes asesinados, cientos de heridos (20 de ellos con balas de plomo) y unos 200 detenidos. El 9 de enero de 2006, el Tribunal 7 de Lomas de Zamora condenó a cadena perpetua por doble homicidio y siete tentativas de homicidio al comisario Alfredo Franchiotti y al cabo Alejandro Acosta.

Otros condenados fueron el comisario Félix Vega y los principales Carlos Quevedo y Mario De la Fuente, a la pena de cuatro años de prisión por encubrimiento agravado. Desde aquel momento, Darío y Maxi se convirtieron en símbolos de lucha por una sociedad más justa, llegando a formar parte de esas banderas que ellos mismos supieron construir. 

 

La dirigente social Milagro Sala, denunció la corrupción de sectores del poder del Gobierno jujeño, encabezado por el gobernador Gerardo Morales. "Cuando alguien levanta la voz en Jujuy, lo llenan de causas. Morales tiene la complicidad de jueces, fiscales, policía provincial y de un sector de periodistas que cobran pauta", declaró en Imagen Positiva. 

La denuncia se dio en el marco de la sentencia del Tribunal Oral Federal de Jujuy en contra de Sala, a 3 años y medio de prisión. Esta causa comenzó en 2009, con la acusación de Morales por daños y amenazas, en un escrache del que habría participado la líder de la Túpac Amaru. "Cuando se le hizo el escrache a Morales, yo no estaba presente en San Salvador del Jujuy. El único testigo que tenía Morales, a los días salió con una camioneta 4x4 y hoy es funcionario del gobernador. Removieron una causa de hace 12 años y me dictaron una sentencia de 3 años y seis meses", comentó en declaraciones exclusivas a IP. 

Además, Sala remarcó la impunidad del accionar judicial en la provincia. "Como puedo pedir justicia cuando los jueces y fiscales son amigos o parientes de Morales"; y volvió a remarcar la falta de libertad y persecuciones vividas en territorio jujeño. “En Jujuy vivimos un gobierno dictatorial que se convirtió en un narcoestado donde ningún opositor se atreve a levantar la voz".  Por último, solicitó ayuda al Gobierno Nacional para "que vuelva a reinstalar la democracia judicial en la provincia".

 

Trabajadores de empresas tercerizadas de Edesur que fueron despedidos en pandemia, junto a organizaciones sociales, mantienen un corte en el Puente Pueyrredón, que une el partido de Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires. Los manifestantes reclaman la reincorporación de los compañeros cesanteados, bajo la consigna mejores condiciones laborales bajo la consigna "salarios dignos, trabajo y vacunas". A pesar de que la Prefectura intentó evitar que los manifestantes subieran al puente dispersándolos con gas pimienta, estos lograron su cometido, deteniendo el tránsito en ambas manos, tanto a Capital como a Provincia. 

El personal movilizado responde a las empresas EMA y ArgenCobra, dos tercerizadas de Edesur, que denuncian que fueron despedidos en la pandemia y reclaman su reincorporación. "Somos 65 familias que nos quedamos en la calle en la segunda ola", contó uno de los despedidos de una de las compañías que presta servicios para Edesur y que eran considerados esenciales, por tratarse de un servicio público.

A seis años del surgimiento de Ni Una Menos, el movimiento feminista contra las violencias machistas continúa más vigente que nunca. Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, repasó la historia del colectivo en AM750. "Ni Una Menos fue un momento bisagra, muy conmovedor, porque dio visibilidad masiva a la violencia más extrema. Recuerdo que asistí a la convocatoria y no nos podíamos mover de la marea de gente que había llegado. A diferencia de otras movilizaciones por los derechos de las mujeres, llegó a todos los rincones del país", declaró. 

Díaz también criticó el abandono de las políticas sociales durante el gobierno de Mauricio Macri. "Tuvimos 4 años de gobierno neoliberal que le quitó jerarquía a las políticas de género. La línea 144 que atiende situaciones de violencia de género las 24 horas, fue precarizada y tercerizada. La decisión de nuestro gobierno fue crear una respuesta a esta demanda histórica estructural. Cada vez contamos con más instrumentos desde lo que se reclamaba hace seis años", explicó. 

Además, la ministra remarcó que desde la provincia presentaron el Registro Único de Casos de las Violencias por Razones de Género (RUC) que se implementará en los 135 municipios del territorio bonaerense. "En los femicidios, más del 90% de los casos ocurren con relaciones de pareja o ex parejas. El Registro es necesario para articular la intervención de denuncias en distintos juzgados y lograr una historicidad de la violencia que nos ayude a elaborar políticas públicas de prevención", concluyó. 

La pandemia no solo destapó la crisis sanitaria, sino que también puso en primer plano a la crisis económica y social. El índice de pobreza en Argentina llegó, en diciembre pasado, a un 43%, según indicadores privados. 

Patricia Chaina, periodista y docente de UBA, recorrió el comedor “Casa de la Amistad Argentina Cubana” del Municipio de Lanús, ubicado en la calle Sarmiento 1776, Lanús Este. 

En el país existen, según el Ministerio de Desarrollo Social, 62.000 comedores registrados y 60.000 informales. En el barrio de zona sur funcionan 300 comedores comunitarios, merenderos y ollas populares. Desde el principio de la pandemia funcionaban 400, pero los números se redujeron por el comienzo del verano. Desde abril de 2020 estaban activos dos veces por semana y atendían a 30 comensales. Ahora pasaron a asistir a la comunidad todos los días, con un total de 120 raciones diarias. 

El sustento original surgió de las donaciones del barrio, tanto de vecinos como de otros comedores. En diciembre el ministerio brindó una asistencia de alimentos no perecederos. La propuesta surgió para ayudar a personas en situación de calle y quienes estaban a cargo del proyecto pensaron que duraría poco tiempo. La pandemia evidenció la cantidad de personas que necesitan ayuda para cumplir una necesidad básica como es la alimentación. 

Una cámara de IP acompañó a Patricia durante todo un día a conocer cómo trabajan en el comedor, representado por Gabriela Raimundo, psicóloga y cocinera del espacio.