8M: los derechos y garantías adquiridos por los feminismos

Pasaron 113 años desde la primera organización que coronó el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. La fecha se redefinió con cada nueva generación de la militancia feminista y se convirtió en una herramienta de concientización masiva sobre la necesidad global de un sistema social, jurídico y cultural que vele por mejores condiciones de vida de las mujeres. Es por ello que no solo se trata de una celebración de los derechos ganados, sino un reclamo histórico que recuerda las víctimas y los Estados que no les han otorgado justicia. 

Las conquistas del siglo XX

En Argentina, el primer movimiento feminista fue fundado por Alicia Moreau de Justo en 1906 y logró su primera conquista 45 años después de su fundación con la Ley de Sufragio Femenino en 1951. Esta reglamentación reconoció la labor de las sufragistas que comenzaron las agrupaciones de derechos igualitarios como Julieta Lanteri, Elvira Rawson, y Cecilia Grierson (además de Moreau de Justo). Con Eva Perón como vocera de la sanción, la ley de sufragio sentó el precedente al otorgarles a las mujeres el derecho a elegir sus representantes en el Congreso.

Pasó mucho tiempo hasta que el Congreso pudo pensar a partir de la democracia en derechos civiles para asegurar la equidad entre géneros. En 1991, la Ley 24.012 habilitó el cupo femenino dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con razón de abrir paso al ingreso de representantes femeninas en el mundo históricamente masculinizado de la política.

Un futuro más igualitario

El 25 de agosto de 2004, la legislación por primera vez se involucró en uno de los momentos de más fragilidad que vive una persona con útero: el momento de parto. Con la intención de frenar la violencia obstétrica y otorgarle a las personas a punto de dar a luz seguridades sobre su cuerpo dentro de un quirófano, el Senado sancionó la Ley de Parto Humanizado.  

Cuatro años después se reformó la Ley de Trata de personas impulsada por Susana Trimarco, la madre de la joven tucumana María de los Ángeles Verón secuestrada el 3 de abril de 2002 y obligada a prostituirse. La ley 26.364 de prevención y sanción de trata de personas y asistencia a sus víctimas impuso penas de tres a seis años de prisión a quien capte, traslade y reciba personas con el fin de exportarlas sexual o laboralmente, además de otras garantías ampliadas para quienes sean víctimas de trata.

El camino a la deconstrucción de las instituciones continuó con la Ley de Capacitación Obligatoria en Género "Micaela", donde se instituyó la necesidad de capacitar sobre la temática de género y comenzar a desarmar la violencia contra las mujeres ejercida por aquellas personas que desempeñaban función pública en todos los poderes del Congreso. La ley fue bautizada por el femicidio de Micaela García en Gualeguay e impulsa la capacitación en concepción de derechos de género.

Deconstrucción institucional

En medio de la pandemia en 2020, el colectivo feminista #NiUnaMenos fue parte clave de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que despenalizó y legalizó el aborto bajo la Ley 27.610, que les garantizó la soberanía sobre el cuerpo a todas las personas gestantes y reconoció su derecho a decidir. Bajo la bandera de "la maternidad será deseada o no será", los feminismos lograron también que el Congreso estipule la ley 27.611, sobre el "Plan de los 1000 días", donde se delimitó un trayecto de atención y cuidado integral de quienes eligen cursar un embarazo y garantiza el apoyo durante los primeros años de las infancias.

Pasaron más de 100 años, pero el colectivo feminista aún pelea por el reconocimiento de los derechos igualitarios y el respeto por parte de todas las instituciones. Una muestra de esto fue la institución del "Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado”, un tipo de jubilación que reconoce que la educación de los niños y mantenimiento de los hogares es un trabajo que debe ser reconocido bajo las leyes fiscales de aportes jubilatorios.

Con el desarrollo de los feminismos en nuestro país, la demanda de normativas se amplió para empujar necesidades de otras identidades y la implicancia directa de las decisiones económicas en las vidas de las mujeres y las diversidades.