El 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel trató de asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, gatillando un arma de fuego contra su cabeza.
A un año del intento de magnicidio, el responsable material del ataque y sus cómplices fueron identificados por la Justicia, aunque no hubo avances significativos en las investigaciones sobre la planificación del hecho.
Por otro lado, el atentado puso en agenda la discusión sobre el riesgo democrático que implican los discursos de odio que, en este caso, se conjugan con una acumulación de diferentes violencias relacionadas al género.
"La bala a la cabeza de Cristina, y el discurso de odio que precede a esa bala, tenemos que pensarlos, también, en términos de género. Los adjetivos, los insultos, la manera en que ha sido predicada y adjetivada la figura de Cristina, es un crimen. Son formas de violencia moral y psicológca, y eso no se ha tenido en cuenta, entonces no entiendo para que sirven las leyes", reflexionó la antropóloga Rita Segato, en diálogo con IP Noticias días después del hecho.
La discusión en las últimas décadas
Meses después del atentado, la Vicepresidenta recibió en el Senado al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).
Desde 1994, el organismo forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y trabaja, entre otros temas, en seguimiento y asesoría técnica para prevenir y mitigar la violencia contra las mujeres, según la definición de esta como una violación de los derechos humanos.
Además de esa y otras referencias en el derecho internacional, Argentina tiene, desde 2009, su propia normativa contra la violencia de género. Se trata de la ley 26.485, cuya última modificación se produjo en 2019.
Ese año, el espacio político liderado por la expresidenta ya advertía que la violencia sobre su figura crecía. El Frente de Mujeres e Igualdad de Género de Unidad Ciudadana repudió públicamente una tapa gráfica de la revista Noticias por ejercer violencia simbólica contra Fernández de Kirchner. Ediciones de la misma publicación habían sido cuestionadas desde el año 2010 por el mismo motivo.
"Más allá de los discursos de odio en su violencia mediática, de las operetas y noticias inventadas a los cuales los medios nacionales de comunicación nos tienen acostumbradas, esta última agrega una cuestión más a la cual denunciamos: su tapa es la representación gráfica de la violencia simbólica, necesariamente tipificada en la ley 26.485 sancionada durante su gobierno y que no tiene otro fin que la protección integral de todas las mujeres", expresaron las dirigentes.
