Tras la masacre en Río, Lula aprueba ley que endurece penas contra el crimen
Dos días después de la operación policial más violentas en la historia de Río de Janeiro, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una ley que refuerza las penas contra quienes intenten obstaculizar investigaciones o juicios relacionados con organizaciones criminales.
El proyecto, presentado por el senador y exjuez Sergio Moro —quien en el pasado condenó al propio Lula en el caso Lava Jato—, había sido aprobado por el Congreso a principios de octubre. La nueva norma prevé penas de entre cuatro y doce años de prisión, además de multa, para quienes amenacen, agredan o conspiren contra policías, jueces, fiscales, abogados o testigos con el fin de frenar las acciones del Estado frente al crimen organizado.
La promulgación ocurre en medio del impacto nacional por la operación realizada en los complejos de Penha y Alemão, que dejó 121 muertos —hasta el momento— en enfrentamientos con el Comando Vermelho (Comando Rojo), una de las facciones más poderosas de Brasil. La acción, planificada durante casi dos meses, fue diseñada por la cúpula de la Policía Civil y Militar con el objetivo de cercar a los narcotraficantes y evitar su huida por la Serra da Misericórdia, zona que en 2010 ya había sido escenario de una fuga masiva.
“Desplegamos tropas para proteger a la gente buena de la comunidad”, afirmó el coronel Marcelo Menezes, uno de los responsables del operativo, al detallar que la mayoría de los enfrentamientos se concentraron en zonas boscosas de difícil acceso.
Según la Policía Civil, de los 133 detenidos, al menos 33 eran de fuera del estado de Río. Se identificó a delincuentes provenientes de Bahía, Pernambuco, Pará, Santa Catarina, Espírito Santo y Maranhão, lo que confirma la expansión nacional del Comando Vermelho y su capacidad de atraer refuerzos desde otras regiones.
Entre el material incautado, las autoridades encontraron fusiles con inscripciones como “CV AM” (Comando Vermelho do Amazonas) y “Tropa de Manaus”, evidencia de la articulación entre diferentes células criminales.
La nueva ley firmada por Lula busca precisamente frenar ese tipo de redes y reforzar la protección a quienes enfrentan a las organizaciones delictivas. En un país marcado por la violencia urbana y la infiltración del crimen en las comunidades más vulnerables, la medida se interpreta como un intento del Gobierno de mostrar firmeza sin renunciar al discurso de derechos humanos que lo caracteriza.
