Un país amordazado: cómo operó la desaparición de periodistas durante la última dictadura argentina
El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe dio a conocer una serie de comunicados que dictaban las medidas que operarían en el país como parte de lo que ellos llamaron Proceso de Reorganización Nacional. Durante la última dictadura, a través del comunicado N°19 se notificó que sería “reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales”.
No fue solo una embestida hacia la cultura y el arte −dos esferas que se perciben como amenazas para cualquier dictadura−, sino que fue parte de un plan para encubrir delitos de lesa humanidad y mantener desinformada a la gente.
Este comunicado, el N°19, fue utilizado por la Junta Militar para, con entonces total impunidad, realizar la quema de libros en bibliotecas públicas y privadas, intervenir la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y expulsar corresponsales de agencias extranjeras. Muchos periodistas se exiliaron para salvar sus vidas, como Miriam Lewin y Olga Wornat. Otros padecieron detenciones y prisión sin proceso judicial de por medio, la desaparición y la muerte.
Entre otros desaparecidos, se encuentran Rodolfo Jorge Walsh, Héctor Ernesto Demarchi (redactor El Cronista Comercial), Enrique Raab (Clarín y La Opinión), Haroldo Pedro Conti (revista Crisis).
“Había que hacer sentir a quienes trabajaban en el medio de prensa todo el peso del aparato terrorista, para desalentar de antemano el menor intento de crítica al gobierno, impedir así sea el menor indicio que confirmara públicamente la espantosa suerte reservada a las miles de víctimas de los cotidianos secuestros”, dice el informe de la CONADEP “Nunca más”. Y agrega: “[...] A pesar de ser uno de los problemas más graves que afectó el país, o quizás por ello mismo, se mantuvo desinformada a la opinión pública sobre lo que estaba sucediendo. [...] La consecuencia fue que amplios sectores de la población creyeron ingenuamente en la inexistencia del problema, o al enterarse de los casos concretos , incurrieron en incredulidad, o a lo sumo, restaron importancia”.
Así fue como el 22 de abril, una notificación interna del diario cordobés La voz del interior, que iba dirigido a su redacción, indicaba: “Por disposición de esta Dirección y con motivo de las directivas del Comando del III Cuerpo de Ejército en el día de la fecha, no se deberán publicar reclamos de familias de presuntos detenidos que deseen conocer su paradero”.
