Derechos Humanos: para la ONU, Argentina es un referente

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre desde 1948, el día cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento estableció por primera vez en la historia los derechos fundamentales, inherentes e irrenunciables que deben protegerse en el mundo entero.

Argentina priorizó a los Derechos Humanos como una política de Estado fundamental desde el regreso de la democracia. Con la reivindicación y seguimiento de los pilares de "Memoria, Verdad y Justicia", el país ha declarado que su misión es erradicar la impunidad de los crímenes contra la humanidad ocurridos durante el período de la dictadura. El proceso que comenzó en el año 2005 reabrió cientos de causas judiciales por las cuales más de 900 personas fueron condenadas por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar.

Este compromiso con la defensa de los derechos humanos se ha entrelazado en los artículos de la Constitución Nacional, por lo que la agenda política promueve incluir en el debate diario principios que amplíen los derechos de todos los individuos.

El rol de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El país fue elegido por primera vez para presidir durante el 2022 el Consejo de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta elección marcará el 16° ciclo del Consejo integrado por 47 naciones y que releva la situación internacional en cuanto Derechos Humanos.

"Para la Argentina es muy importante poder dirigirlo, porque tenemos una trayectoria enorme en materia de Derechos Humanos, que se ha incorporado como parte de la identidad democrática como país desde la recuperación de la democracia, construida sobre la base de un pasado trágico que supimos abordar y resolver, erradicando los obstáculos jurídicos que había para terminar con la impunidad", dijo Federico Villegas Beltrán, el embajador argentino ante la ONU.

 

 

Los Derechos Humanos en América Latina

• Acorde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al terminar el 2020, 209 millones de personas (el 33,7% de la población) vivían en la pobreza en América Latina y el Caribe, 22 millones más que el año anterior. De ellas, 78 millones (el 12,5% de la población) vivían en la pobreza extrema, 8 millones más que en 2019. 
• La ONG Insight Crime reportó que Jamaica fue el país más violento de América Latina y el Caribe el año pasado (con una tasa de homicidio de 46,5 por cada 100 mil habitantes), seguido de Venezuela (45,6) y Honduras (37,6).
• El Comité para la Protección de los Periodistas apuntó que México fue el país más mortífero del mundo para periodistas, con 9 homicidios en 2020, Honduras fue el segundo país de las Américas en este apartado, con 4 periodistas muertos en el país.
• Al menos 287 personas trans y de género diverso fueron víctimas de homicidio en América. Brasil registró el número mayor de muertes en un solo país. 
• Con 264 homicidios el año pasado, América Latina y el Caribe fue la región más mortífera del mundo para quienes defendían los derechos humanos, con un 79% del total mundial de 331 homicidios. 
• En Brasil, el Instituto Nacional de Investigación Espacial registró un aumento del 9,5% de la destrucción de bosques entre agosto de 2019 y julio de 2020, en comparación con el mismo periodo de un año antes. Más de 11.000 km² de bosques fueron arrasados en ese periodo.

¿Cuáles son las principales infracciones a los Derechos Humanos alrededor del mundo?

Según el informe 2020/2021 de Amnistía Internacional, 18 países se destacaron por la grave falta a la defensa de los derechos humanos universales:

• Nigeria: El gobierno nigeriano continuó reprimiendo las protestas y atacando la libertad de expresión. Las protestas del movimiento #EndSARS y las personas que participaban en ellas fueron atacadas brutalmente por el gobierno. Cada vez con más frecuencia, las autoridades eludían emprender acciones judiciales contra quienes violaban los derechos humanos, o se negaban con determinación a emprenderlas.
• Mozambique: Cientos de civiles fueron víctimas de homicidios ilegítimos a manos del grupo armado conocido localmente como Al Shabaab. Las fuerzas públicas de seguridad y una empresa militar privada contratada por el gobierno en Cabo Delgado también se vieron implicadas en homicidios ilegítimos. Al final del año había más de 500 mil personas internamente desplazadas y más de 700 mil necesitaban asistencia humanitaria.
• Etiopia: Las tropas eritreas que combatían en la zona norte de Tigré mataron sistemáticamente a cientos de civiles desarmados en la ciudad de Axum tras un  y cientos de miles de civiles tuvieron que desplazarse. Se sometió a opositores y periodistas a detención y reclusión arbitrarias, lo que incrementó la polarización política por motivos étnicos e impidió en gran medida la realización de las reformas políticas y en materia de derechos humanos iniciadas en 2018.
• Camerún: Las autoridades siguen reprimiendo la disidencia pacífica, prohibiendo manifestaciones y deteniendo arbitrariamente a quienes ejercían su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. 
• Estados Unidos: La desigual e inadecuada respuesta del gobierno de Trump a la COVID-19 tuvo consecuencias discriminatorias y desproporcionadas para la población por motivos de raza, situación socioeconómica y condición migratoria. Al menos mil personas murieron en 2020 por disparos efectuados por la policía, en tanto que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter y no contuvieron las contramanifestaciones violentas.
• Brasil: El gobierno del presidente Bolsonaro siguió intensificando la retórica contra los Derechos Humanos, por lo que aumentó el peligro que corrían los defensores y defensoras de los Derechos Humanos y del medioambiente, quienes ejercían el periodismo, las mujeres, las personas negras y los pueblos indígenas. La negación constante de la COVID-19 por parte del presidente empeoró la situación, mientras que su gobierno no actuó para combatir el agravamiento de la destrucción medioambiental, la violencia de género y los homicidios cometidos por la policía.
• Venezuela: Se recibieron de nuevo noticias sobre uso excesivo de la fuerza, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidos por las fuerzas de seguridad y un equipo de investigación de la ONU determinó que el gobierno de Nicolás Maduro probablemente había cometido crímenes de lesa humanidad. 
• China:  Se acumularon las pruebas de violaciones graves de Derechos Humanos, incluidos actos de tortura y desapariciones forzadas, como parte de una implacable campaña de detenciones masivas contra la población uigur y otras minorías musulmanas en Sinkiang. 
• India: En los últimos años, el gobierno de Modi había ido reprimiendo cada vez más el derecho a la libertad de expresión, de asociación y reunión pacífica, empleando legislación represiva para silenciar a la sociedad civil. En septiembre de 2020, Amnistía Internacional India se vio obligada a paralizar su actividad después de que la Dirección de Aplicación de la Ley congelase sus cuentas bancarias sin previo aviso. 
• Myanmar: Las fuerzas armadas cometieron violaciones graves de derechos humanos en el contexto de los conflictos armados que tenían lugar en varias zonas del país. La población rohinyá de Myanmar seguía viviendo en condiciones de apartheid, y se restringió severamente el acceso humanitario
• Filipinas:  El Congreso aprobó una peligrosa legislación antiterrorista en medio de una violenta campaña represiva contra defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas.
• Polonia: El país violó los derechos humanos y puso en peligro la salud de las mujeres y las personas embarazadas al aprobar una peligrosa y cruel prohibición casi total del aborto.
• Hungría: Viktor Orbán intensificó la supresión de los derechos humanos, fomentando la hostilidad hacia grupos marginados y continuando con la aplicación de medidas para silenciar las voces críticas.
• Turquía: Persiste la represión de la disidencia y grupos de personas críticas han sido sometidos a investigaciones penales y enjuiciamientos sin fundamento, muchas de ellas consumiéndose en la cárcel.
• Bielorrusia: Persiste la represión de todas las formas de oposición y disidencia políticas que tuvo lugar tras las elecciones presidenciales de 2020.
• Líbano: Las autoridades gubernamentales rechazaron las peticiones de que se llevara a cabo una investigación internacional sobre la devastadora explosión ocurrida en el puerto de Beirut. También continuaron reprimiendo el movimiento de protesta iniciado en octubre de 2019, valiéndose para ello del uso de fuerza excesiva contra protestas en su mayoría pacíficas y citando a activistas para comparecer ante instituciones militares. 
• Israel y los Territorios Palestinos: Las fuerzas israelíes mataron al menos a 31 palestinos, incluidos 9 menores de edad, en muchos casos de manera ilegítima. Centenares de palestinos y palestinas se vieron desplazados por demoliciones de viviendas y otras medidas coercitivas. En diciembre de 2020, el Ministerio de Salud israelí comenzó la distribución de vacunas contra la COVID-19 excluyendo a los casi cinco millones de personas palestinas que vivían bajo la ocupación militar israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza.
• Egipto: Las autoridades detuvieron al menos a nueve profesionales sanitarios por denunciar problemas de seguridad o criticar la gestión gubernamental de la pandemia. Miles de personas continuaron sometidas a detención prolongada en espera de juicio, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y profesionales de la abogacía. Las personas presas soportaban habitualmente condiciones de reclusión inhumanas y no recibían atención médica adecuada, lo que provocó o contribuyó a provocar la muerte de al menos 35 de ellas en prisión o poco después de su excarcelación.

La "Fiesta de la Democracia y los Derechos Humanos" será transmitida en IP Noticias a partir de las 15 hs.