Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta
El jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello, acusado de desobediencia a la autoridad, encubrimiento y estorbo de un acto funcional. La Justicia considera que su actuación obstruye los allanamientos en el country de Tigre y favoreció la huida de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina S.A., investigada por presunta corrupción en contratos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La resolución judicial sostiene que De Vincentis, pese a estar de vacaciones, intervino activamente durante los operativos: pidió copias de las órdenes judiciales en un grupo de WhatsApp, monitoreó cámaras de vigilancia y dio instrucciones a subordinados. Según Casanello, ese proceder configuró un “protocolo no escrito” cuyo objetivo era dilatar el accionar policial y eliminar el factor sorpresa.
Las pruebas recolectadas —entre ellas, conversaciones extraídas de sus teléfonos celulares y registros de las cámaras del barrio— mostraron que el aviso interno coincidió con la salida de Jonathan Kovalivker en un Audi S3. Minutos después, la Policía de la Ciudad no logró hallarlo en su domicilio, aunque sí encontró cajas fuertes abiertas con dinero revuelto y fajos de billetes sin clasificar.
En paralelo, otro de los hermanos Kovalivker, Emmanuel, fue detenido en el country La Isla cuando intentaba salir con sobres que contenían USD 266.000 y más de 7 millones de pesos.
Para la Justicia, De Vincentis “alteró las condiciones esenciales del procedimiento” requerido por el fiscal federal Franco Picardi, cuya eficacia dependía de la rapidez y el sigilo. Incluso, se comprobó que se convocó a móviles de la Policía Bonaerense bajo el argumento falso de que la Policía de la Ciudad carecía de orden judicial. Una vez verificada la legalidad, los patrulleros se retiraron, pero el tiempo ya se había perdido.
En su defensa, el jefe de seguridad de Nordelta afirmó que solo “cumplió con el protocolo” habitual de la empresa privada y negó haber alertado a los empresarios. También alegó que se encontraba fuera de funciones. Sin embargo, para Casanello sus dichos resultaron “contradictorios e insuficientes”.
Además del procesamiento sin prisión preventiva, Casanello ordenó un embargo de 2 millones de pesos sobre los bienes de De Vincentis. El magistrado también se declaró incompetente para seguir con la causa y la remitió a la justicia federal con sede en Tigre, ya que los hechos ocurrieron en ese distrito.
La investigación sobre los hermanos Kovalivker y la firma Suizo-Argentina continúa. El caso busca determinar si existió un entramado de pagos irregulares y coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad, en lo que ya se perfila como uno de los expedientes de corrupción más resonantes del año.
