El Gobierno promulgó este jueves la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral con el objeto "de establecer este derecho como una política pública", según publicó el Boletín Oficial. Esta es la tercera ley en materia ambiental que se sanciona desde noviembre del año anterior hasta este 5 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día Mundial del Ambiente. Previamente, se aprobó la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, la Ley Yolanda y se celebró la ratificación del Acuerdo de Escazú.

La Ley 27.621 aborda tres ámbitos de la educación: el formal (el sistema educativo tradicional de escuelas y universidades), el no formal (organizaciones de la sociedad civil) y el informal (medios de comunicación).

El proyecto fue enviado por el titular de la cartera ambiental, Juan Cabandié, junto a su par de Educación, Nicolás Trotta, al Congreso por decisión del presidente Alberto Fernández, y tiene como objetivo la implementación de una política pública nacional en materia de educación ambiental, cuyo principal instrumento es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA).

“Saldamos una deuda histórica con nuestro pueblo. Esta ley será el inicio de un proceso que traerá grandes beneficios y generará conciencia sobre el cuidado del planeta desde la educación formal e informal desde edad temprana”, aseguró Cabandié al respecto.

“Estoy convencido de que la educación ambiental debe ser un componente fundamental de la formación de la ciudadanía. Es la mejor manera de defender nuestro planeta y el futuro. Es reconfortante saber que quienes sancionan las leyes tengan la vocación de interpretar lo que la sociedad demanda en estos tiempos”, agregó.

Ley de Manejo del Fuego

Previamente, en diciembre del 2020, se aprobaron en el Senado las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, con el fin de establecer la prohibición de cambios en el uso y destino de tierras que hayan sido afectadas por incendios.

Gracias a esta norma, se impide la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. La prohibición es por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

Ley Yolanda 

En tanto, en noviembre del 2020, con la aprobación de la Cámara de Diputados, se convirtió en ley el proyecto que lleva el nombre de la primera secretaria de Ambiente del país y de América Latina, Yolanda Ortíz. Dicha ley, garantiza la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en el cambio climático para personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes.

La norma sancionada establece “la capacitación obligatoria en la temática de desarrollo sostenible y ambiente, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”. A tales fines, y desde una concepción federal, la Comisión Asesora de Educación Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) será la autoridad de aplicación.

Acuerdo de Escazú

Durante el año pasado, como uno de los grandes hitos en materia ambiental, se celebró la aprobación del Acuerdo de Escazú para Argentina, luego de conocerse el resultado afirmativo de la votación de Diputados. “La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”, reconoció el ministro Cabandié.

El acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos; desde entonces se esperaba su aprobación en el país.

Así, Argentina se sumó a los países que ya lo aprobaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Para que el tratado entre en vigencia debe ser ratificado por 11 de los Estados que adhirieron, por lo que solo falta la aprobación de un país más.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en los Estados parte de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.