La diputada nacional Unión Cívica Radical (UCR) por Mendoza Jimena Latorre habló sobre el proyecto presentado en el Congreso Nacional para legalizar la interrupción voluntaria de la vida. “Ojalá que sea un debate sincero y sin mezquindades ni egoísmos por parte de la religión”, dijo.
En diálogo con Tarde a Tarde, la legisladora describió el texto presentado, que "busca reconocer y regular el derecho a recibir la asistencia para morir en los casos en el que el solicitante padezca una enfermedad grave, crónica, incurable, o un padecimiento irreversible que cause sufrimientos incompatibles con su dignidad”. Actualmente, indicó Latorre, la eutanasia está penada y a quienes la necesiten solo les quedan dos opciones “recurrir a la justicia, que suele ser lenta, o a la clandestinidad, una situación que el Estado no puede ignorar”.
La diputada contó que “más allá de que el tema esté en agenda de todo el mundo, hay una demanda social que se refleja en las solicitudes en la justicia y al cuerpo legislativo” y dio detalles sobre la diferencia entre la nueva propuesta y la existente: “Lo que tenemos es la Ley 26.529 de Muerte Digna. Lo llaman eutanasia pasiva porque permite que el paciente rechace las intervenciones que recibe para mantenerse con vida, lo que representa una omisión de los profesionales de la salud”.
Por ese motivo, la legisladora explicó que, en el proyecto, “el eje está puesto en el titular del derecho y el ejercicio de manifestar la voluntad de recibir asistencia para morir”. Luego agregó que “esto significa la ampliación de un derecho, ya que la ‘autonomía de la voluntad’ y la ‘dignidad humana’ son bienes protegidos por la Constitución y son los que vienen a fundar el reconocimiento y la regulación de un derecho”.
Finalmente, indicó que “existen fundamentos que ponen el foco en los profesionales de la salud, en el gasto público y en conceptos religiosos o sociales acerca de la muerte, pero no en los padecientes”. “Ojalá que sea un debate sincero y sin mezquindades ni egoísmos por parte de la religión. El Estado legisla para todos los argentinos. Lo que tiene que primar es la responsabilidad como representantes del estado”, concluyó.
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