La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que Colombia registró “la tasa más alta de infecciones de Covid-19 en Sudamérica” la última semana. Según datos de la OPS, al 1 de junio Colombia reportaba un acumulado de más de 3,4 millones de contagios y más de 88.700 muertes atribuidas al Covid-19 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Con respecto a la semana anterior, los contagios en el país crecieron 33% y las muertes, 5%.

Hasta ahora, dos variantes de preocupación para la Organización Mundial de la Salud (OMS) han sido detectadas en territorio colombiano: la Alfa y la Gamma (identificadas respectivamente por primera vez en Reino Unido en diciembre de 2020 y en Brasil en enero de 2021). Colombia, sacudida desde fines de abril por masivas protestas callejeras contra el gobierno de Iván Duque, rompió el sábado el récord de muertes registradas en un día con 540 decesos, según el Ministerio de Salud.

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se mostró preocupada por la creciente ola de violencia que protagoniza Colombia desde el inicio de las manifestaciones en contra del presidente Iván Duque. La ONG Temblores denunció 43 asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad. "Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley", expresó la expresidenta de Chile en un comunicado oficial.

Además, pidió ponerle fin "a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo" y animó a todas las partes a continuar el diálogo para garantizar "el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas". 

¿Por qué comenzaron las manifestaciones?

Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales. Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo. 

Desde que iniciaron las protestas antigubernamentales en Colombia, la Fiscalía General entregó este 24 de mayo su informe sobre personas no localizadas. El ente judicial informó que halló a 290 que habían sido reportadas como desaparecidas en el marco de las manifestaciones y que la búsqueda se mantiene activa para otros 129 ciudadanos. La intervención de las fuerzas armadas y la violenta represión hacia los ciudadanos trajo caos y miedo a la situación. 

El presidente de Colombia, Iván Duque, dispuso este viernes un desplazamiento militar en el país, para contener la crisis social y política que se desató el 28 de abril pasado y que todavía persiste con manifestaciones diarias en contra de su gobierno y un paro general que produce desabastecimientos en algunas regiones. La razón esgrimida por el presidente Duque para tomar esta decisión son "las acciones graves de vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad, agresiones a la infraestructura pública, robo de armamento de una URI, hurto de estupefacientes incautados y quema de expedientes", detalló el mandatario.

El despliegue de 7 mil militares regirá para 8 de los 32 departamentos que tiene el país: Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda y en Valle del Cauca (cuya capital, Cali, es uno de los epicentros de las manifestaciones).  Desde que comenzaron las protestas, hace un mes, 59 personas murieron en medio de la represión policial: este viernes, hubo 13 muertos. 

Según la prensa colombiana, esta asistencia militar "está consagrada en el Artículo 170 de la Ley 1801 y se retoma en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, solo puede usarse en situaciones excepcionales y de manera temporal", detalló el diario El Tiempo de Bogotá. En tal sentido, los militares desplegados no están autorizados legalmente en intervenir en las manifestaciones ni en tratar de disolverlas, tampoco podrán detener personas ni realizar requisas. 

Ante situaciones que alteren la seguridad, los militares podrán acompañar a policía en los operativos o acciones como apoyo y protección de la propiedad privada en riesgo.

A un mes del estallido en Colombia, las movilizaciones masivas continúan con reclamos que crecen y la jornada de protestas que se llevó a cabo este viernes dejó un saldo de al menos cuatro muertos, en lo que fue la sexta jornada de paro nacional. "Quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche se inicia el despliegue máximo de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle del Cauca", advirtió el presidente, Iván Duque.

La inestabilidad política impide el normal funcionamiento del país que tuvo una serie de paros nacionales en las primeras jornadas y se retomaron este 28, a un mes del primer paro y movilización masiva. Esta ola de protestas, la más larga que recuerde el país, ha expuesto también la falta de liderazgo de las partes no solo para calmar las aguas, sino también para abrir una negociación que conduzca a un acuerdo que tenga en cuenta las demandas de los jóvenes, convertidos en motor de las movilizaciones, y permita retornar a la normalidad a un país ya afectado por la pandemia. Esa situación ha llevado a Colombia a un limbo en el que por un lado, el Gobierno, que juega con el tiempo a su favor, condiciona la apertura de una negociación al cese de los bloqueos en carreteras y ciudades, mientras que el Comité Nacional de Paro (CNP) se mantiene en sus trece de que la obstrucción de vías es una forma de protesta.

La sociedad de Colombia se prepara para otra jornada de protestas contra el gobierno de Iván Duque. El “Paro Nacional”, el nombre con el cual se conoce los movimientos, cumple un mes desde el primer estallido. Imagen Positiva se comunicó con Ernesto Samper, ex presidente de Colombia entre 1994 y 1998, para saber sobre su análisis de la realidad colombiana. “Es el resultado de una especie de acumulación de incumplimientos que llevaron a un estallido social”, dijo el exmandatario y puso especial énfasis en que el estallido social está siendo traccionado principalmente por gente joven que reclama por el incumplimiento de acuerdos del Acuerdo de Paz de La Habana y otros que se dejaron de cumplir con la excusa de la pandemia.

El político entiende que el período del brote de coronavirus no puso en pausa el descontento que había comenzado en el 2019, sino que hizo que “profundizó la desigualdad en términos de desigualdad, en términos de desempleo y en términos de desconexión”. Samper puso en perspectiva las realidades de los estallidos en Chile y Ecuador y concluyó que la región está viviendo una especie de “Primavera latinoamericana”. “La gente joven no está haciendo un desfile convencional, no lanzando consignas de manera sistemática. Acá hay toda una expresión cultural de música, de grafitis, de nuevas identidades, de nuevas formas de expresión, convocatorias a través de las redes”, resaltó el expresidente. En contrapartida, también reconoció que el gobierno insiste en una polarización política porque “hay gente que todavía quiere montar un escenario de guerra para legitimar que siga el gobierno de mano dura, un gobierno neo fascista”.

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El dirigente social Juan Grabois fue rechazado este martes en el ingreso a Colombia. Se encontraba allí para participar de una misión internacional de solidaridad y observación de Derechos Humanos en el gobierno de Iván Duque. Gonzalo Armúa, integrante de la misión junto al miembro de la UTEP, dialogó con IP Noticias Edición Central.

"La misión está integrada por 22 personas. Llegamos al aeropuerto tras hacer los vuelos con mucha tranquilidad. Al llegar a Migraciones la mayoría de nosotros pudo pasar, pero a Juan Grabois le plantearon que no podía ingresar que lo iban a apartar para evaluar su situación. Allí empezó todo. En este momento ya lo han devuelto a la Argentina", precisó.

Consultado sobre si el gobierno de Iván Duque dio aviso de esta situación, Armúa dijo: "El Gobierno de Colombia no emitió ninguna comunicación sobre esto. Sabíamos que la misión podía tener este tipo de inconvenientes".

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Colombia continúa en una situación de extrema inestabilidad política, donde la población sigue saliendo a las calles sin encontrar otra respuesta que no sea la violencia institucional. Somos PM se acercó a Eduardo Martínez, analista internacional, para dialogar sobre la evolución de la crisis que atraviesa el país.

El especialista explicó que el gobierno no acata las razones de las protestas y apuntó que los disturbios podrían continuar en tanto no exista un cambio rotundo."Hace una semana el presidente Iván Duque intentó sacar una especie de estado de sitio 'mejorado'. Para hacer una cosa tan terrible necesitaba la firma de todo el gabinete, pero ni siquiera tuvo apoyo", agregó. Martínez comparó la situación colombiana con la chilena, donde se está cuestionando fuertemente la capacidad representativa del gobierno ante los intereses del pueblo. "Los colombianos le están diciendo que no es la reforma tributaria, le dicen al presidente que el problema es él, es todo el sistema", subrayó.

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El Gobierno de Colombia y el Comité del Paro Nacional volverán a reunirse este lunes luego de un encuentro que finalizó el domingo por la noche sin acuerdo para poner fin a las protestas. El comité presentó un documento en el que se detallan varias exigencias al Gobierno para abandonar las calles, propuestas que serán evaluadas por el Ejecutivo. Según el comisionado de paz Ceballos, este documento tiene "dos partes fundamentalmente: garantías para el ejercicio de la protesta y la segunda, garantías para las mesas de negociación", según detalló el diario colombiano El Espectador.  Como debe ser sometido a evaluación por las autoridades, ya que el Gobierno tiene "la responsabilidad constitucional y legal de identificar aquellos puntos que están bajo nuestro resorte", el comisionado de paz afirmó que "la mesa de negociación aún no se instala".

En representación del Ejecutivo estuvieron presentes los ministros de Vivienda, de Trabajo, y del Interior, y el comisionado de paz, Miguel Ceballos. Por el comité participaron representantes de 26 sectores sociales. La Conferencia Episcopal y la ONU asistieron como acompañantes y facilitadores en el proceso.

Previo a esta primera negociación entre ambas partes, los convocantes de las manifestaciones habían emitido un comunicado en el que especificaban algunas de sus propuestas: desmilitarización de las calles y suspensión del uso excesivo de la fuerza y de armas letales por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). También pidieron que se garantice la seguridad de quienes están en las calles protestando y solicitaron que se abran corredores humanitarios para el acceso de medicamentos, combustible y alimentos, todo en el marco de una nueva convocatoria para movilizaciones convocadas para el próximo miércoles.
 

Expertos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron este viernes la "violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia" y pidieron al Gobierno de Iván Luque una investigación independiente de los abusos denunciados. "Estamos profundamente consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía y los miembros del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) contra manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas en varios lugares del país", se precisó en el comunicado

Los especialistas indicaron haber recibido informes de al menos 26 muertes, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual y alegaciones de tortura, denuncias que pidieron que sean investigadas exhaustivamente.

En el escrito los firmantes rechazaron cualquier intento de estigmatización de los manifestantes, entre ellos pueblos indígenas que han sido acusados de participar armados en las protestas pacíficas. Los integrantes de los organismos expresaron su preocupación por la participación de los militares en la respuesta del Gobierno a estas protestas iniciadas el 28 de abril en oposición a un proyecto de reforma fiscal planteada por el Gobierno que ya ha sido retirado.

La reunión del presidente Iván Duque con representantes del Comité Nacional del Paro que integran sindicatos y organizaciones sociales que protestan desde el 28 de abril, concluyó sin acuerdos. La consecuencia directa fue la convocatoria para el miércoles a una nueva jornada de manifestaciones, en el día 13 de esta suerte de levantamiento popular -similar en varios aspectos, a lo ocurrido en Chile y Perú en años anteriores. Mientras tanto el gobierno, especialmente en Cali -la ciudad con mayor tensión social hasta el momento-, anunció un mayor despliegue de fuerzas de seguridad para “brindar seguridad a los ciudadanos” según anunció el presidente. Aún más tajante, el expresidente Álvaro Uribe -el gran actor político del país y especie de mentor de Duque- llamó directamente al "ocupamiento militar" de la ciudad más densamente poblada del país. 

Así transcurre la semana de diálogos que inició Duque con varios sectores representativos de la sociedad colombiana, en un intento por atenuar la crisis política que se ha desatado sobre su gestión y que lo pone en una posición de franca debilidad. “El gobierno no dijo nada en concreto en los dos temas centrales que se plantearon, las garantías de las protestas y el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente”, expresó el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.

 

La Fiscalía y Defensoría del Pueblo de Colombia activaron un programa que busca personas desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas contra el Gobierno.  Ambos organismos impulsaron la creación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) para intentar localizar las 168 personas denunciadas como desaparecidas en las jornadas de paro nacional contra las medidas económicas impulsadas por el gobierno de Iván Duque. 

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos recibieron gran cantidad de denuncias debido a los abusos policiales ocurridos durante las protestas. Desde la Fiscalía revelaron la aparición de 227 de las 379 cuyo paradero se desconocía. 

El Ministerio Público informó que avanzará en las investigaciones por delitos de desapariciones de personas y abuso de autoridad. Además, puso a disposición una línea telefónica para reportar a ciudadanos desaparecidos desde el inicio de las movilizaciones. 

La medida se lleva adelante con el apoyo de 42 entes regionales de la Defensoría del Pueblo, que acompañan las denuncias e investigaciones sobre localización de personas desaparecidas. 

La Fiscalía intentará esclarecer los hechos de abuso policial que ocurrieron durante los 13 días que duró la protesta.

Una de las voces más importantes de la política colombiana, Iván Cepeda, se comunicó con Fernando Duclos para una nueva emisión de IP Global. Cepeda es fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), una de las más influyentes redes de organizaciones de víctimas en el país que tiene el objetivo de agrupar a los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y las organizaciones que trabajan por los derechos humanos. Es, además, senador y filósofo. Un lujo de invitado para explicar la historia de Colombia, y así tener una mejor comprensión de lo que está pasando en la actualidad de ese país. 

Luego de contar el origen de la Unión Patriótica, Cepeda señala que “lo que ha ocurrido con la UP desde 1984 hasta el día de hoy es un genocidio. Hay reconocidas 6000 muertes ante la Corte Interamericana, pero la cifra puede ser mayor [...] Hay evidencia de que fue en manos del Estado, que comandó cinco planes de exterminio”. 

También explicó qué es la FARC y cómo opera. La define como “una guerrilla que comenzó en la década del ‘80, y pasaron de la vía armada a la vía legal. Fundaron la UP, y los empezaron a asesinar. Hubo, incluso, asesinatos a candidatos presidenciales”. 

Además, analizó el paramilitarismo como un componente de terrorismo de estado de Colombia. “Pongo en duda que en Colombia haya una democracia. El paramilitarismo fue una estructura permanente del terrorismo estatal durante décadas [...] Llegaron a ser una especie de alianza con los políticos para conquistar lugares en el Estado”. 

Para saber todos los detalles, mirá la nota completa. 

A una semana del inicio de las protestas sociales en Colombia debido a la reforma tributaria del Gobierno, la crisis no se detiene. La represión policial hacia los manifestantes llegó a extremos incalculables de violencia, con un saldo de 24 muertos. Organismos de Derechos Humanos indicaron que al menos hay 379 desaparecidos. Pablo Cala, defensor de los DDHH de la Fundación Hasta Encontrarlos, dialogó al respecto con Melina Fleiderman para IP Noticias. 

"Hoy continúan las movilizaciones contra un derecho legítimo de las exigencias del pueblo. Se están dando protestas en Cali y Bogotá. Mañana es el día de la madre y muchas mujeres están marchando para pedir por la vida de sus hijos", declaró Cala. 

El especialista también analizó los orígenes del estallido. "Desde el 2019 se están dando este tipo de protestas sobre las políticas del actual gobierno; por no cumplir los acuerdos de paz, las medidas económicas y demandas por salud y educación siempre vigentes", explicó. 

Podés ver IP Noticias edición de Sábado, con Melina Fleiderman los sábados de 13 a 14hs en IP. 

Desde el pasado 28 de abril, Colombia atraviesa una serie de manifestaciones populares denominada "Paro Nacional" que dejaron preocupantes cifras de muertos, heridos y hasta personas denunciadas desaparecidas tras la represión del Estado utilizando las fuerzas militares.

El impulsor del conflicto social fue una reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque que buscaba recaudar 6.300 millones de dólares a través de la suba del IVA de algunos productos y servicios, y también añadir un “impuesto solidario” a los más ricos para paliar los costos de la pandemia. Como resultado el Ministro de Hacienda renunció y la reforma tributaria fue dada de baja, sin embargo y como dice la periodista colombiana Nathi Restrepo, "esta es una larga lista de motivos históricos atravesados por la exclusión social y económica".

"Colombia es un país en donde el conflicto armado sigue vivo, un conflicto que no solamente involucra a las guerrillas y al Estado, sino que también tiene a los grupos paramilitares y el narcotráfico que, además, se han infiltrado en todas las ramas del poder político y que han dado como resultado una clase política que el pueblo siente que no lo representa", explicó Restrepo a IP.

Denuncian desaparecidos tras el Paro Nacional

Además del saldo de 37 muertos y más de mil heridos por la brutalidad de las fuerzas de seguridad, hay personas de las cuales se desconoce el paradero, 10 mujeres denunciaron haber sido violadas por parte de las Escuadrones Móviles Antidisturbio y 12 estudiantes perdieron uno de sus ojos. 

La periodista Nathi Restrepo remarca que también podría haber bloqueos y cortes de internet: "La Fundación Para la Libertad de Prensa dijo que le preocupaba el aumento de denuncias sobre obstrucciones al flujo información en internet y pidió al Estado Nacional que investigue".

Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales que ya llevan una semana con un saldo de al menos 20 muertos -la ONG Human Rights Watch afirma haber recibido denuncias por 31 fallecimientos-, más de 800 heridos y según un informe de la Defensoría del Pueblo, 87 personas desaparecidas.  

¿Cómo se llegó a esto? Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo. 

Sobre todo eso, hay cansancio e indignación acumulados por una sucesión de gobiernos neoliberales que aplicó recetas económicas recesivas: esto se tradujo en una creciente pérdida de poder adquisitivo en las últimas tres décadas y en el aumento hasta el 20% de las cifras de la pobreza. Encima, el llamado “proceso de paz” firmado con las organizaciones guerrilleras en 2016 luego de 50 años de guerra civil -atravesados además por la confrontación con el narcotráfico y la violencia política ejecutada por escuadrones paramilitares- nunca terminó de concretarse. Al contrario, las cifras de muertos por razones políticas crecieron en este último lustro: casi 250 excombatientes reinsertados en trabajo social o proyectos productivos rurales, fueron asesinados y esos crímenes, en la mayoría de los casos, quedaron impunes.

 

El presidente de Colombia, Iván Duque, informó este miércoles que no descarta decretar el "estado de conmoción interior" para buscar ponerle fin a la serie de manifestaciones que se dan en contra de la Reforma Tributaria que busca imponer el gobierno. “Uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le dan la Constitución, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear", señaló el mandatario en conferencia de prensa.

"Han sido usadas en muy pocas ocasiones. A la pregunta si se renuncia a esta herramienta, ni a esa ni a ninguna otra herramienta constitucional”, agregó Duque.

La afirmación del jefe de Estado colombiano surgió luego del pedido de varios miembros de su partido, el Centro Democrático (CD), de recurrir a esta última herramienta para combatir lo que ellos interpretan como "acciones criminales".

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 213, le permite al jefe de Estado acudir a la conmoción interior, “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”.

Entre las facultades extraordinarias en este periodo hasta que "se devuelva el orden", el mandatario puede restringir las manifestaciones sociales, tomar el control de algunos medios de comunicación y medidas "excepcionales". Además, las autoridades podrían ordenar la detención de ciudadanos sobre los cuales haya indicios de la comisión de varios delitos.

La habilitación de esta declaración se tiene que dar con la firma de todos los ministros de la jefatura de Gabinete y será por un término "no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República".

Las protestas comenzaron el pasado miércoles de manera pacífica en las principales ciudades del país, sin embargo hechos de vandalismo y desmanes en lugares como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá aumentaron la tensión social.

Los manifestantes rechazan una reforma impositiva propuesta por el gobierno que busca recaudar cerca de 6.300 millones de dólares, equivalente a un 2% del PIB.

Unos 2.800 detenidos, 846 heridos, 31 muertos, 87 personas desaparecidas en Colombia desde el comienzo de las manifestaciones populares el pasado 28 de abril. Al respecto habló en Somos PM Ronald Mayorga, periodista colombiano en Bogotá.

"Los días convulsos no comenzaron el 28 de abril, comenzaron desde el 21 de noviembre del año pasado cuando hubo movilizaciones enormes en Colombia que hablaban de un descontento en la población y que quizás por el contexto se fueron dispersando", explicó.

Además, el periodista remarcó que hubo muchos grupos sociales, como indígenas, estudiantes, que se siguieron haciendo reclamos de forma individual. Luego todos los sectores se reagruparon para reclamar en contra de la reforma tributaria, que luego fue dada de baja. 

"Este 5 mayo hay una gran movilización que va por una gran avenida en Bogotá y va hacia la Plaza de Bolívar frente al Congreso de la República. Hay miles y miles de personas y lo mismo está sucediendo en distintos puntos del país", contó.

Mayorga remarca que en casi todos los casos en estas movilizaciones ha habido exceso de la fuerza pública y es por eso que las manifestaciones continúan a pesar de que la reforma haya sido cancelada.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por la situación de Colombia, en el marco de los acontecimientos ocurridos durante el lunes por la noche en la ciudad de Cali, donde la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban contra las reformas fiscales y, según informes, mataron e hirieron a varias personas, detallaron. “Estamos profundamente alarmados”, expresaron, y agregaron que “nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer cómo se produjo este terrible incidente en Cali. Los defensores de los derechos humanos también informan que han sido acosados ​​y amenazados”.

“Destacamos nuestra solidaridad con quienes han perdido la vida, así como con los heridos y sus familias”, aseguraron. “A pesar del anuncio de la presidencia colombiana el 2 de mayo de que el proyecto de ley de reforma tributaria sería retirado del Congreso, las protestas, que comenzaron el 28 de abril, han continuado, con llamados a una manifestación masiva mañana, 5 de mayo. La mayoría de las protestas hasta la fecha han sido pacíficas”, recordaron. Y destacaron que, dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, “recordamos a las autoridades estatales su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad de las personas, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.

Recordaron también que “los agentes del orden deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad al vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como medida de último recurso contra una amenaza inminente para la vida o una lesión grave”.

Al concluir, manifestaron que desde el 28 de abril, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, incluido al menos un oficial de policía.

El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, renunció este lunes, un día después de que el presidente Iván Duque ordenara el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria presentado al Congreso, que detonó las protestas callejeras en el país en las que han muerto al menos 19 personas.

Carrasquilla, que estaba en el Gobierno desde el primer día de la administración de Duque, fue el artífice de la polémica reforma fiscal y con el hundimiento de esa iniciativa y la intención del presidente de reemplazarla por otra fruto del consenso político, se daba por descontada su salida de cargo.

"Mi continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios", manifestó el funcionario en su carta de renuncia.

Carrasquilla, que también fue ministro de Hacienda durante tres años en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), dijo a Duque que la retirada del proyecto de reforma fiscal "es una oportunidad para iniciar y para surtir un diálogo sereno y constructivo que lleve a los consensos que el país requiere con urgencia", según esa cartera.

Al informar de la renuncia, el Ministerio de Hacienda consideró "indispensable que se le dé continuidad a los programas de protección social y económica que empezaron a expirar desde el pasado marzo".

La crisis de la reforma se ha dejado sentir en los mercados financieros donde el dólar subió más del 2% y cerró a 3.804 pesos, la tasa más alta de los últimos 30 días.

Colombia vuelve a enfrentar jornadas intensas de disturbios sociales desde que el Paro Nacional salió a las calles para protestar contra la reforma tributaria que impulsada durante un pico incontrolable de casos de COVID19. Luego de tres días de marcha y una serie de episodios violentos, el presidente Iván Duque le pidió al Congreso no votar la propuesta de ley que disparó los disturbios.

Mientras que el país no tiene respuesta eficiente para frenar los contagios y ya cuenta con aproximádamente 72.000 personas fallecidas por coronavirus, más de 97 ONGs denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al menos 851 hechos de violencia policial contra los manifestantes entre el 28 y 30 de abril.

El Paro Nacional, el movimiento social que comenzó en el 2019 pero que su expresión se vio interrumpida por la pandemia, se expresó en contra de las medidas del presidente Duque de militarizar las ciudades para controlar las protestas, la invisibilización de los altercados policiales y la reforma tributaria que afecta a las clases medias y bajas.

La ciudad de Cali se ha convertido en el principal foco de disturbios y ha contado con una intensa represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). El gobierno regional decretó toque de queda reforzado por la policía y el ejército. Mientras tanto, Bogotá y Medellín también fueron un núcleo importante de disturbios.