Trabajadores de la Salud autoconvocados cortan el Puente Pueyrredón, que une la Capital Federal y Avellaneda, con el reclamo de mejoras salariales y de sus condiciones laborales. En el lugar se vivieron momentos de tensión, ya que efectivos de Gendarmería y Prefectura apostados en el lugar impiden que los manifestantes avancen y bloqueen totalmente el acceso. En estos momentos, los trabajadores están en asamblea para decidir si levantan o continúan con la protesta.

A raíz de la manifestación, está cortada la mano del puente que va hacia la Ciudad. A los trabajadores de Salud del AMBA se le suman otros, que desde hace varios días reclaman contra los despidos de empresas tercerizadas de EDESUR, EMA y Argencobra. Según informaron los manifestantes, los sueldos en el sector de la salud pública rondan entre los 42 mil y los 50 mil pesos. Otro de los reclamos, encabezado por la agrupación Marrón Clasista, tiene que ver con el pedido de reconocimiento profesional a enfermeros y personal técnico que el gobierno de CABA no concede. Además, los trabajadores piden el pase a planta permanente de todos los contratados, monotributistas y becarios y también igualdad de derechos para las mujeres que trabajan en la salud.

 

Trabajadores de empresas tercerizadas de Edesur que fueron despedidos en pandemia, junto a organizaciones sociales, mantienen un corte en el Puente Pueyrredón, que une el partido de Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires. Los manifestantes reclaman la reincorporación de los compañeros cesanteados, bajo la consigna mejores condiciones laborales bajo la consigna "salarios dignos, trabajo y vacunas". A pesar de que la Prefectura intentó evitar que los manifestantes subieran al puente dispersándolos con gas pimienta, estos lograron su cometido, deteniendo el tránsito en ambas manos, tanto a Capital como a Provincia. 

El personal movilizado responde a las empresas EMA y ArgenCobra, dos tercerizadas de Edesur, que denuncian que fueron despedidos en la pandemia y reclaman su reincorporación. "Somos 65 familias que nos quedamos en la calle en la segunda ola", contó uno de los despedidos de una de las compañías que presta servicios para Edesur y que eran considerados esenciales, por tratarse de un servicio público.

Representantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizan un "pescadazo" frente al Congreso Nacional: la acción consiste en la venta a precios muy populares de más de 12 toneladas de pescado de río, desde 100 pesos el kilo. El objetivo de la iniciativa  es "visibilizar la problemática de la pesca artesanal" y  también "contrarrestar los altos precios de la carne vacuna", informó la organización en un comunicado. Según explicaron pescadores artesanales de Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Helvecia, Concordia, Ensenada y Punta Indio se está ofreciendo corvina, besugo, pescadilla, sábalo, patí, dorado y boga.

Desde la UTEP señalaron que "el 30% del precio de venta del 'pescadazo' permitirá cubrir los gastos de transporte" y el resto "brindará un ingreso muy superior al habitual para los trabajadores de la pesca artesanal", con  el agregado de ofrecer "un valor muy económico para las y los consumidores".

Organizaciones sociales de Colombia entregaron a la Corte Penal Internacional (CPI) un nuevo informe en el que denuncian 229 nuevos casos de supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las manifestaciones contra el gobierno del presidente colombiano, Iván Duque.

En este nuevo informe, aseguran que fueron “229 los hechos violentos ocurridos del 11 de mayo a la fecha, que hacen referencia a 1.271 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 554", dijo el senador Iván Cepeda, quien se sumó a la denuncia.

En diálogo con la agencia de noticias EFE, explicó que “allí se detallan cifras recientes y nuevos casos de supuestos asesinatos, violación y violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos” y hechos de "paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la protesta social".

Según detalló, los nuevos hechos documentados reafirman la existencia de 22 patrones de conducta, acciones u omisiones, con relación a supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos al parecer por integrantes de la Policía, el Ejército, y civiles armados, como "reacción a la movilizaciones pacíficas que se han presentado a lo largo del país".

Esta denuncia complementa la primera presentada el pasado 12 de mayo y está acompañada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como Temblores, y organizaciones civiles como la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Bord.

Las movilizaciones, que entran en su séptima semana, comenzaron el 28 de abril contra las políticas económica y social. Las mismas dejan al menos 20 muertos, según la Fiscalía, pero organizaciones sociales señalan que hay 45 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, 1.649 detenciones arbitrarias, 65 agresiones oculares y 25 casos de violencia sexual, entre otras violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública.

Más temprano, el Gobierno Nacional emitió un comunicado en el que afirmó que "el Comité ha decidido suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo. Nosotros, el Gobierno estamos listos. Tenemos todas las instrucciones del Presidente para llegar a un texto de garantías y, sobre todo, para avocar los temas del Pliego".

En la noche del miércoles hubo ruidosas protestas en las principales ciudades de Brasil mientras el presidente Jair Bolsonaro hablaba en cadena nacional. Las regiones centrales y periféricas de San Pablo, mayor ciudad de Brasil y de Sudamérica, registraron cacerolazos durante los menos de cinco minutos del discurso. Lo mismo ocurrió en vastas regiones de Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Salvador, Recife y otras capitales estaduales, de acuerdo a CNN Brasil, BandNews y GloboNews, las tres principales cadenas de noticias de televisión por cable.

El mayor cacerolazo durante la gestión de Bolsonaro ocurrió apenas cuatro días después de las masivas manifestaciones opositoras que reclamaron su renuncia. En su discurso por cadena nacional, el presidente informó que el Ministerio de Salud entregó 100 millones de vacunas a estados y municipios. "Todos los brasileños que lo deseen, este año, serán vacunados", dijo el primer mandatario.

Además, cargó contra las cuarentenas y medidas de prevención para evitar el contagio del virus y dijo que su gobierno no es responsable por el desempleo y la falta de comida en la mesa de los brasileños. "No obligamos a nadie a quedarse en su casa, mi gobierno no cerró el comercio, no cerró iglesias o escuelas o le sacó el sustento a millones de trabajadores informales", afirmó Bolsonaro, quien destacó el auxilio de emergencia dado a los más pobres en la pandemia el año pasado. También celebró el aumento de la economía del 1,2% en el primer trimestre respecto del último de 2020: "Nuestro PBI tiene una proyección de crecimiento mayor a 4% este año", dijo.

Bolsonaro dijo además que Brasil entrará en la "elite" de los cinco países que producen insumos para la vacuna, al citar el acuerdo del laboratorio público Fiocruz con la empresa farmacéutica británica  AstraZeneca. El mandatario señaló además que "siguiendo el mismo protocolo de la Copa Libertadores, las Eliminatorias para el Mundial, aceptamos la realización de la Copa América". Y agregó que el país tiene dos problemas: el sanitario y el desempleo.

Bolsonaro está siendo investigado por una comisión del Senado debido a que rechazó ofertas de vacunas y apostó por remedios como la cloroquina, un antipalúdico, como política pública para animar a las personas a salir a las calles. Brasil tiene más de 467.000 muertos por la pandemia y está al borde de una tercera ola con gran parte del país en situación de ocupación crítica de camas de UTI.

 

En el Día Nacional del Guía de Turismo, grupos de guías turísticos realizaron protestas frente a la Legislatura porteña para exigir la atención del ministro de Turismo, Matías Lammens, ante la falta de propuestas para paliar la difícil situación que afrontan los trabajadores del sector respecto a la crisis epidemiológica.

“A nivel nacional somos 14 mil guías, en la ciudad de Buenos Aires somos más de mil”, comentó Lilia, una manifestante que habló en exclusiva con IP Noticias, y señaló que la mayoría de los guías turísticos son monotributistas, independientes de las agencias de turismo. “Ya no nos quedan recursos o ahorros para subsistir esta situación de pandemia. Sabemos la dificultad de abrir las fronteras, pero pedimos por favor que nos ayuden", señaló subrayando que desde el inicio de esta etapa no tuvieron respuesta por parte de ninguna entidad turística así como tampoco del Ministerio de Turismo. 

El año pasado, apenas comenzada la pandemia, la presidenta de la Asociación de Guías Profesionales de Villa Carlos Paz, Elizabeth Bocca gestionó junto con otras organizaciones nacionales las primeras “Reunión País” para analizar las distintas situaciones. “Tenemos contabilizadas más de 28 instituciones participantes y juntas hemos logrado armar un informe de situación y elevar una carta detallada al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens", había comentado en su momento.

Desde Buenos Aires, el Foro de Profesionales de Turismo y el Colectivo de Guías Autoconvocados de Buenos Aires también elevó petitorios con opciones para suplir la problemática. Aun así, los manifestantes insisten en que hasta el momento no existió ningún tipo de respuesta conclusiva para su sector. “El Ministerio de Turismo no entiende que nosotros no trabajamos para las agencias de turismo. Nos dejan afuera de todo tipo de ayuda hace 14 meses", compartió Lilia.

 

Colombia continúa en una situación de extrema inestabilidad política, donde la población sigue saliendo a las calles sin encontrar otra respuesta que no sea la violencia institucional. Somos PM se acercó a Eduardo Martínez, analista internacional, para dialogar sobre la evolución de la crisis que atraviesa el país.

El especialista explicó que el gobierno no acata las razones de las protestas y apuntó que los disturbios podrían continuar en tanto no exista un cambio rotundo."Hace una semana el presidente Iván Duque intentó sacar una especie de estado de sitio 'mejorado'. Para hacer una cosa tan terrible necesitaba la firma de todo el gabinete, pero ni siquiera tuvo apoyo", agregó. Martínez comparó la situación colombiana con la chilena, donde se está cuestionando fuertemente la capacidad representativa del gobierno ante los intereses del pueblo. "Los colombianos le están diciendo que no es la reforma tributaria, le dicen al presidente que el problema es él, es todo el sistema", subrayó.

Podés ver Somos PM con Pía Slapka, Anita Sicilia y Maximiliano Legnani de lunes a viernes de 14 hs a 17 hs por IP Noticias

 

Choferes de colectivos autoconvocados cortan el tránsito en avenida General Paz y Rivadavia, en reclamo de un sueldo básico de 100 mil pesos y de ser incluidos en el plan de vacunación contra el coronavirus como personal esencial. La protesta se lleva a cabo desde las 8.30 y según anunciaron los manifestantes, continuará al menos hasta las 16 hs. Si bien dejan un carril abierto al paso de vehículos en cada mano, hay importantes demoras en el tránsito de la zona.

 

El Gobierno de Colombia y el Comité del Paro Nacional volverán a reunirse este lunes luego de un encuentro que finalizó el domingo por la noche sin acuerdo para poner fin a las protestas. El comité presentó un documento en el que se detallan varias exigencias al Gobierno para abandonar las calles, propuestas que serán evaluadas por el Ejecutivo. Según el comisionado de paz Ceballos, este documento tiene "dos partes fundamentalmente: garantías para el ejercicio de la protesta y la segunda, garantías para las mesas de negociación", según detalló el diario colombiano El Espectador.  Como debe ser sometido a evaluación por las autoridades, ya que el Gobierno tiene "la responsabilidad constitucional y legal de identificar aquellos puntos que están bajo nuestro resorte", el comisionado de paz afirmó que "la mesa de negociación aún no se instala".

En representación del Ejecutivo estuvieron presentes los ministros de Vivienda, de Trabajo, y del Interior, y el comisionado de paz, Miguel Ceballos. Por el comité participaron representantes de 26 sectores sociales. La Conferencia Episcopal y la ONU asistieron como acompañantes y facilitadores en el proceso.

Previo a esta primera negociación entre ambas partes, los convocantes de las manifestaciones habían emitido un comunicado en el que especificaban algunas de sus propuestas: desmilitarización de las calles y suspensión del uso excesivo de la fuerza y de armas letales por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). También pidieron que se garantice la seguridad de quienes están en las calles protestando y solicitaron que se abran corredores humanitarios para el acceso de medicamentos, combustible y alimentos, todo en el marco de una nueva convocatoria para movilizaciones convocadas para el próximo miércoles.
 

Los transportistas de micros de turismo de pequeñas y medianas empresas bloquean por tercer día consecutivo la 9 de Julio a la altura de avenida San Juan en reclamo por la rehabilitación de su actividad. La medida se activó frente a la paralización del sector provocado por la pandemia. Los representantes del transporte solicitan ayuda de parte del Gobierno Nacional, por intermedio de la Secretaría de Transporte. 

 “Necesitamos ayuda económica. Sabemos que con esta movilización molestamos a la gente, pero nuestras unidades se están cayendo y no tenemos respuesta del Gobierno. Hace más de un año que no estamos trabajando”, declaró a IP Noticias, Ariel Porciel, dueño de la empresa AP Turismo. 

Los movilizados realizan un acampe con sus micros bloqueando las arterias principales de las avenidas 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen. Carla Fernández, dueña de una empresa de transporte de turismo grupal, explicó que la medida fue tomada porque desde marzo no tienen ingresos. "Pedimos igualdad de trabajo para todos. Además de los dos años de vida útil para los micros y una ayuda económica que nos prometieron. Sabemos que no podemos trabajar porque estamos en pandemia pero esperamos que no nos dejen desamparados”, remarcó. 

En este marco crítico, los voceros del transporte solicitaron una intervención estatal para poder cubrir los gastos impositivos y el pago de salarios a conductores.

 

 

 

El Día Mundial de los Enfermeros dio lugar a la manifestación de las agrupaciones de profesionales de la Salud que se aglomeraron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por sus derechos laborales en contexto de pandemia. Los enfermeros y enfermeras nucleados en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) firmaron en conjunto con el cuerpo de delegados del Hospital Moyano un comunicado cuya consigna es "Queremos trabajar vacunados y con salarios dignos".

Mientras tanto en Parque Patricios, un grupo de enfermeros autoconvocados coincide en un reclamo general. "Lo que están haciendo con nosotros es un desastre, están haciendo una masacre, nos están asesinando", declara Leandro, parte de la fuerza de la movilización. "Estamos de luto. Tenemos compañeros muertos. En el contexto de esta pandemia Horacio Rodríguez Larreta no nos protege y Fernando Quirós tampoco", sumó el enfermero junto a sus compañeros, que vestían de negro y sostenían fotos de colegas que murieron en contexto de la pandemia por el COVID-19.