Autoridades del ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete presentaron un informe titulado "Igualdad de género y gestión menstrual sostenible", donde mostraron su preocupación por el costo económico de menstruar para las personas menstruantes de menores ingresos. La directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D'Alessandro, aseguró que la menstruación "es un factor de desigualdad" que se vio agravado por el impacto de la pandemia de coronavirus, sumado al retroceso registrado en el mercado laboral de mujeres, varones trans y personas no binarias.

Las personas menstruantes gastan entre $1.933 y $4.327 anuales para gestionar su menstruación. Estos valores corresponden a los productos en la canasta de Precios Cuidados. El costo representa entre un 6% y un 10% del ingreso mensual promedio.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el INDEC, las mujeres de decil más bajos de ingresos percibían en el cuarto trimestre del 2020 un ingreso mensual de $4.021. Para este sector, el costo de menstruar equivalía a la mitad de un ingreso mensual, teniendo en cuenta la disponibilidad de los precios accesibles. De esta manera, en un hogar con dos personas menstruantes, perteneciente al 10% de la población que menos ingresos percibe, debe gastar anualmente el equivalente a casi un mes de ingresos.

En el caso de las toallitas, la diferencia en el precio entre las más caras y las que se encuentran en la lista de Precios Cuidados es del 75%. En tanto, la diferencia en la categoría tampones alcanza los 62 puntos porcentuales. 

Carmela Moreau, Asesora de Jefatura de Gabinete de Ministros, pasó por Imagen Positiva para hablar del proyecto de ley integral de menstruación sostenible. 

“Se calcula por un estudio de economía feminista que se destina el 10% de nuestros ingresos al consumo de productos de gestión menstrual”

Esta ley, según explica Carmela, tiene como objetivo que la gestión menstrual se convierta en una política sanitaria para que sea una cuestión de salud pública y privada.

“Los hospitales públicos, las obras sociales y las prepagas van a tener que proveer estos elementos” Explica la asesora. A cambio de esto, las personas menstruante deben comprometerse a realizar un control ginecológico. 

El proyecto no deja de lado la cuestión ambiental. “Queremos que la cuestión de la gestión menstrual se convierta en una cuestión de salud integral pero que además se usen métodos que sean amigables con el medio ambiente y nuestra salud” .

Mirá la entrevista completa acá en este vídeo.