En 2016 se conformó el Observatorio de Crímenes de Odio con el objetivo de llevar un registro de los crímenes y agresiones contra personas del colectivo LGBTIQ+.
A partir de entonces, en articulación con Defensoría del Pueblo, se registran en promedio 200 consultas mensuales vinculadas a discriminación y violación de derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales y otras identidades sexuales y de género.
En 2021, por ejemplo se registraron al menos 120 crímenes de odio. El 71% fueron ataques contra la vida, es decir, asesinatos muertes por violencia estructural y suicidios. El 29% fueron contra la integridad física. Del total, ocho de cada diez víctimas fueron personas trans.
En el video, un informe especial de Paula Giménez.
La naturalización del odio
Las expresiones discriminatorias contra las diversidades aumentaron en Argentina y en muchos otros países. Los discursos agresivos con el colectivo como víctima proliferan en espacios de la política y en medios de comunicación sin consecuencias para quienes los emiten.
Desde estas formas de hablar y ejercer el poder, la discriminación surge como reacción intolerante a los avances de la representación disidente en la cultura.
La legitimación del odio se traslada al ámbito social donde la violencia se vuelve concreta, lo cual se condensa en un dato preocupante: el 34% de los crímenes de odio son realizados en la vía pública y en cualquier horario del día, a diferencia -por ejemplo- de los femicidios, que se cometen mayormente en lugares privados.
Leyes y derechos
Las leyes de Matrimonio Igualitario (2010) e Identidad de Género (2012) pusieron a Argentina en la vanguardia internacional del reconocimiento de derechos a las disidencias. Sin embargo, la persecución contra el colectivo LGBTIQ+ sigue siendo común tanto en el discurso como en el espacio público.
La sociedad sigue ejerciendo temor sobre esta parte de la población, reproduciendo modelos de castigo que el Estado mantuvo hasta fines de los 90.
En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la criminalización de la homosexualidad y el travestismo estuvieron contenidos en los códigos contravencionales hasta 1996.
