Ruta del dinero: La UIF y la AFIP pidieron el sobreseimiento de Cristina Kirchner
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúan como querellantes en la causa judicial por lavado de dinero en la que fue condenado Lázaro Báez, coincidieron con el fiscal Guillermo Marijuan sobre la falta de pruebas que involucren a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Las entidades estatales se pronunciaron a favor del pedido de sobreseimiento que el representante de la fiscalía había elevado al juez Sebastián Casanello, quien deberá definir si hace lugar o no a la desvinculación definitiva de la expresidenta.
La última actuación de la Vicepresidenta en el caso fue la declaración indagatoria que brindó ante Casanello por orden de la Sala II de Cámara Federal porteña, en 2018. Tras interrogarla, el juez declaró la falta de mérito y ordenó continuar la investigación con nuevas medidas de prueba.
A partir de entonces, el fiscal Marijuan emprendió nuevas revisiones de los movimientos de lavado de unos 55 millones de dólares por los que Báez fue declarado culpable. Cinco años más tarde, y diez desde que inició la causa judicial, el fiscal concluyó que "no logró reunir elementos probatorios" para seguir investigando a la expresidenta.
Los fundamentos de Marijuan para pedir el sobreseimiento
Los dictámenes de la UIF y la AFIP se suman a las conclusiones del presentado por Marijuan, en el que se reconoce a Báez como único responsable penal por el lavado de activos, descartando así posibles directivas o formas de participación de Fernández de Kirchner.
El fiscal llegó a esa deducción luego de analizar comunicaciones telefónicas y declaraciones de otros involucrados, entre otras fuentes de prueba.
"Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que llevó a la indagatoria", sostuvo.
En ese sentido, remarcó que "no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su 'patrimonio'" dejando a un lado "el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento".
Por otra parte, Marijuan señaló que son "desacertados y erróneos" los fundamentos de los jueces Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que desligaron las maniobras de lavado de dinero de posibles delitos vinculados a la asignación de obra pública.
