Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 75% de las vacunas para el COVID-19 se administraron en diez países desarrollados. Es decir que los países ricos tienen mayor acceso que los pobres. Esta desigualdad estructural representa un nuevo desafío para el mundo: una distribución equilibrada de vacunas ante la emergencia sanitaria.
Países emergentes, encabezados por India y Sudáfrica, pidieron a la Organización Mundial de Comercio eximir los derechos de producción de las vacunas para fabricarlas de forma accesible y masiva. A esta petición se sumó un grupo de 175 personalidades mundiales en una misiva enviada al actual presidente norteamericano Joe Biden. Entre los firmantes se encuentran el expresidente francés, Francois Hollande, Mikhail Gorbachev y el ex primer ministro de Gran Bretaña Gordon Brown.
Las vacunas, como cualquier otro producto del mercado, tienen propiedad intelectual. Esto significa que los creadores tienen derechos de propiedad sobre ellas y restringen su difusión de acuerdo a leyes internacionales que los protegen. Por otro lado, los países desarrollados se oponen a la propuesta de liberar patentes. Su principal argumento es que las mismas son necesarias porque incentivan la investigación y desarrollo de medicamentos. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unido confirmó este miércoles que respaldarán la suspensión de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. “Estos tiempos y circunstancias extraordinarios exigen medidas extraordinarias”, anunció la representante comercial de ese país, la embajadora Katherine Tai.
El profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Gavin Yamey, sostuvo en un informe que en 130 países no recibieron vacunas. Esta cifra se traduce en unas 2 mil 500 millones de personas sin acceso real a vacunación en medio de la pandemia.
La OMS propuso acrecentar la producción de vacunas con el C-TAP, un programa voluntario que comparte datos, conocimientos y propiedad intelectual para combatir el coronavirus. Creado en junio de 2020 y suscrito por unos 40 países, la iniciativa solidaria tuvo una respuesta prácticamente nula. Distintas voces internacionales se alzaron a favor de la liberación de patentes.
El canciller boliviano Rogelio Mayta denunció la necesidad de hacerlo para que la humanidad pueda liberarse de la pandemia. La misma postura tomaron ONGs y especialistas en salud en “La Declaración de Barcelona para la liberación de las patentes”, un documento que exige a los Estados la inmediata liberación frente a la emergencia sanitaria global.
Actualmente, unas 200 vacunas contra el COVID-19 se encuentran en experimentación. 52 de ellas cursan la etapa de ensayos clínicos en humanos. Los países emergentes exigen una solución que posibilite la producción masiva para terminar con la pandemia.
