Una de las crisis sociales que potenció la pandemia es el acceso desigual a los recursos de la Salud. El problema principal es que las farmacéuticas privadas, encargadas de desarrollar medicamentos y vacunas, se niegan a publicar lo que registraron como propiedad intelectual.
Según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de las vacunas contra el COVID-19 se administraron en diez de los países más desarrollados. Esto significa que 130 países aún no tuvieron acceso a la inoculación masiva, dejando un total de 2.500 millones de personas expuestas a contraer el virus y seguir propagando la enfermedad.
La declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, demostró que una de las potencias mundiales más importantes reconoce el derecho inherente al acceso a la salud. La idea detrás de esto es comenzar a ofrecer las vacunas norteamericanas que hasta el momento escasos países tenían acceso. Sin embargo, su discurso no garantiza que la industria farmacéutica estadounidense esté de acuerdo.
Según explica Fernando Duclos, columnista de Internacionales de IP, Estados Unidos intenta proponer una estrategia geopolítica que ayude a recomponer un camino diplomático que su país había perdido: "China y Rusia estaban acudiendo a ayudar a dar vacunas, a dar préstamos para fabricar, tests y distintos medicamentos. Si todos estos medicamentos se liberan, los Estados Unidos recupera un poco el lugar que perdió en la diplomacia".
Esto no implica que todos los países puedan producir vacunas en el caso que las patentes quedasen suspendidas, pero sí habilitaría a una producción masiva que empujaría hacia abajo el precio de las dosis y tratamientos que hasta ahora son solo controlados por las grandes empresas y laboratorios.
