La oposición consiguió las firmas necesarias y habrá referéndum en Uruguay
Un conjunto opositor de organizaciones sociales, sindicales, feministas y ambientalistas consiguió y superó la cantidad de firmas necesarias -un 25% del padrón electoral, según establece la Constitución- para pedir un referéndum de aprobación o rechazo sobre la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), núcleo legislativo de la gestión de gobierno del presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou. Decenas de cajas azules con las planillas de firmas fueron llevadas en auto, camionetas y camiones, por la emblemática avenida 18 de Julio, desde el barrio Cordón -donde está la sede de la central sindical- hasta la Ciudad Vieja, donde está la Corte. En las calles hubo clima de fiesta de parte de los militantes.
Según consigna la agencia Télam, el total de firmas conseguidas fue 797.261 informó Fernando Pereira, presidente del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores. "Ahora viene el objetivo mayor, que es la derogación de los 135 artículos”, dijo el líder sindical. La Comisión Pro-Referendo busca invalidad esa cantidad de artículos de los 476 que integran la ley aprobada el 8 de julio, con los votos de la alianza gobernante -los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente más Cabildo Abierto- y rechazada por el Frente Amplio (FA).
La Corte ahora deberá validar las firmas para que se acceda a la consulta. El presidente Lacalle Pou afirmó que "cuando la Corte (Electoral) verifique si se llegó” a la cifra exigida hará “los análisis políticos". "Hoy tenemos la palabra de quienes propiciaron este recurso. De llegarse, daremos el debate. Nos han escuchado en campaña electoral, durante el principio del gobierno, difundir las ideas, el documento, el anteproyecto y después la ley", agregó Lacalle Pou, quien insistió en que la LUC “es una buena ley, y por eso la impulsamos”.
De qué se trata la ley LUC
Entre sus principales puntos, la ley habilita la creación de comisiones para reformar el sistema de jubilaciones, amplía las potestades policiales en investigaciones judiciales y permite comprar bienes en efectivo hasta 100.000 dólares —algo criticado por prestarse al lavado de activos—, que las carnicerías mezclen sus propios embutidos y que los usuarios de telefonía móvil cambien de operador manteniendo su número telefónico. También reguló los alquileres previendo el desalojo de malos pagadores en seis días y de buenos inquilinos en un mes (antes había un año de tolerancia), y consagró una estricta confidencialidad en los documentos de Estado. Además, eleva las penas de varios delitos, prohíbe excarcelaciones por delitos de drogas y elimina las salidas transitorias para ciertos crímenes. También ajustó las tarifas según nuevos parámetros, que generaron dos aumentos en el precio de los combustibles en un mes.
