El Gobierno anulará contratos de obra pública firmados por Macri que dolarizaban peajes
El presidente Alberto Fernández anunció la nulidad de contratos firmados por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri para dolarizar peajes.
Se trata de concesiones hechas por decreto en 2018 y firmadas por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex administrador de Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.
"Los contratos que se firmaron y homologaron a través de dos decretos en 2018 fueron claramente desventajosos para el Estado nacional, particularmente para los usuarios de las autopistas", sostuvo el Presidente durante un discurso, acompañado del ministro de Obra Pública Gabriel Katopodis.
Fernández anticipó que el Estado presentará una demanda en la Justicia por la concesión de las autopistas en supuesto beneficio de las empresas Ausol S.A y GCO S.A.
Según especificó el mandatario, la prueba podría ser incorporada al expediente de la causa judicial Autopistas del Sol, en la que Dietrich e Iguacel fueron procesados y luego beneficiados por falta de mérito.
Los contratos anulados
Según detalló Katopodis, los contratos anulados son los oficializados por los decretos 608 y 607, que "renegociaron los contratos de concesión y adjudicación de dos corredores viales: acceso Norte y acceso Oeste. En un caso, Ausol S.A y en el otro GCO S.A".
"En ese marco, se establecieron un conjunto de decisiones, acciones y premisas que quedaron fijadas en ese contrato que, a nuestro entender, y después de un minucioso análisis jurídico y de las auditorias correspondientes, determinan la nulidad absoluta de esa renegociación", añadió el funcionario.
De esta manera, señaló el Ministro, se estableció "sin ninguna justificación, sin ningún parámetro ni ninguna base objetiva", una deuda estatal "a favor de las empresas concesionarias"; en el caso de Ausol de 540 millones de dólares, y en el caso de GCO S.A en un monto de 272 millones de dólares. "Un total de 813 millones de dólares" sostuvo Katopodis.
Ganancias extraordinarias para las empresas
Las firmas concesionarias acordaron con el gobierno de Cambiemos acuerdos que comprometían al Estado con un impacto económico total para los usuarios de casi 2.000.000.000 de dólares, informaron el Presidente y el ministro.
De acuerdo a esa proyección, y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por Ausol y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste. Conforme a esa petición de las empresas, la tarifa de 80 pesos que se paga actualmente en hora pico en estaciones de Acceso Norte debería ser de 1.830 pesos.
"La segunda cuestión es la dolarización de ese contrato. Desde hace años, rige un marco legal y normativo en Argentina que establece que todos los contratos deben ser pesificados, pero en esa renegociación el gobierno del expresidente Macri les otorga una dolarización, sin ningún componente que lo justifique", sumó el titular de Obra Pública.
En esa línea, explicó que un tercer elemento que da cuenta de las ganancias extraordinarias para las empresas a las que apuntaban los contratos es que "se determinó un interés en dólares del 8% anual".
Demanda ante la Justicia
Por último, Katopodis aseguró que las condiciones de los contratos "conllevan a un verdadero negociado de los peajes", dado que "se estableció que esa deuda se iba a pagar a lo largo de 10 años, tiempo por el se iba a prorrogar el contrato".
Y agregó: "Por ley estaba establecido que el contrato terminaba en 2020, pero de manera absolutamente arbitraria se determinó prorrogarlo hasta el 2030, por ende están vigentes".
"En ese plazo lo que se iba a privilegiar era el pago de la deuda. Se modificaba la ecuación económica financiera privilegiando el pago y la compensación de la deuda a las empresas y postergando las obras y las mejoras, que tienen que ver con el objeto central de un contrato de concesión. En definitiva, lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a sola firma", explicó.
A continuación, anticipó que por pedido del Presidente se dará inicio a las acciones legales correspondientes para que la Justicia avance en la nulidad de las concesiones.
