"Se terminó el país de todos contra todos": el perdón de Menem al terrorismo de Estado
El 28 de diciembre de 1990, el presidente Carlos Saúl Menem firmó un decreto que perdonó a los jefes de las juntas militares condenados como responsables del terrorismo de Estado en el Juicio a las Juntas de 1985.
El mandatario riojano había asumido la conducción del país en medio de una fuerte crisis económica y política que la gestión de su antecesor, Raúl Alfonsin, no había podido controlar. El endeudamiento arrastrado desde el gobierno de facto, la hiperinflación y los saqueos hicieron la situación insostenible, por lo que el líder radical llamó a elecciones anticipadas.
Aún en ese marco perduraba la condena social e institucional a los genocidas de la última dictadura militar, materializada por el histórico juicio y relativizada por las leyes de obediencia debida y punto final.
Sin embargo, poco después de ser electo y ponerse la banda presidencial, Menem anticipó que eso cambiaría durante su mandato.
El Estado perdonándose a sí mismo
Carlos Menem asumió como presidente de la Nación el 8 de julio de 1989. En su discurso inaugural frente al Congreso habló de "una Argentina unida, que avance a pesar de las discrepancias", y advirtió que se terminaría el país de "todos contra todos".
También aludió directamente a la democracia recién recuperada y evitó hablar de terrorismo de estado, refiriéndose a los años de dictadura como un "enfrentamiento entre civiles y militares".
"Ha llegado la hora de un gesto de pacificación; de amor, de patriotismo. Tras seis años, de vida democrática no hemos logrado superar los crueles enfrentamientos que nos dividieron hace más de una década. A esto yo le digo basta. A esto el pueblo argentino le dice basta, porque quiere mirar hacia adelante; con la seguridad de estar ganándose el futuro, en lugar de sepultarse en el ayer", dijo el primer mandatario el día de su asunción.
De esa manera, Menem pedía que el pueblo argentino "dejara atrás" un pasado que, para miles que aún no encontraban a sus desaparecidos, era todavía presente.
El terror, a la calle
A cuatro meses de su llegada al poder, el 7 de octubre de 1989, Carlos Menem firmó cuatro decretos de indulto a 220 militares y 70 civiles, oficiales y suboficiales.
Entre ellos se encontraban el general Leopoldo Fortunato Galtieri; el almirante Jorge Isaac Anaya; y el brigadier Basilio Lami Dozo, responsables de la Junta Militar que gobernó hasta 1982 y llevó a la Argentina a la Guerra de Malvinas.
También había integrantes de las fuerzas militares culpables de crímenes de lesa humanidad que no habían sido beneficiados por las leyes de obediencia debida y punto final decretadas por Alfonsín. Con el indulto, todos quedarían en libertad y compartirían la vida ciudadana con víctimas del terrorismo que habían ejercido.
La resolución de Menem fue resistida por movilizaciones y reclamos populares encabezados por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, un año después profundizaría el perdón del Estado argentino a los genocidas con el segundo paquete de indultos de 1990.
Pese a que hubo cerca de 500.000 personas en la Plaza de Mayo reclamando que no firmara, Menem oficializó otros seis decretos de indulto. De esta manera, los genocidas juzgados y condenados Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Armando Lambruschini, Orlando Ramón Agosti y Roberto Viola, quedaron en libertad.
Ocho años después, Videla y otros represores fueron investigados judicialmente por apropiaciones de niños durante la dictadura cívico militar, por lo que varios fueron nuevamente detenidos.
Ese proceso de restitución se concretó en 2003 cuando el nuevo presidente, Néstor Kirchner, promulgó la ley 25.779 que declaraba la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. A partir de entonces se retomaron varios juicios por delitos de lesa humanidad que terminaron en nuevas condenas a los responsables del terrorismo de Estado.
